En mayo último, el Gobierno le otorgó a PetroPerú un préstamo de US$ 750 millones, con la finalidad de garantizar el abastecimiento de combustible en el país, a través de la respuesta a sus obligaciones de este año fiscal. No obstante, esto representaba un despilfarro de recursos, debido a su incapacidad para mantener la continuidad de la cadena de pagos, lo cual quedó evidenciado por la caída en su calificación crediticia en octubre del año anterior.

Aun con la incertidumbre de la devolución del préstamo realizado en mayo (el cual tiene plazo hasta fin de año), este se hizo efectivo. Asimismo, los riesgos implicaban que los procesos exploratorios no necesariamente encontrarían reservas de gran tamaño, es decir, era una apuesta sin la certeza de un gran retorno de por medio, con el dinero de todos los peruanos.

Además, dicho préstamo no presentaba sustento alguno, ya que PetroPerú carece de liquidez para sus operaciones. Por si esto no fuera poco, el pasado 17 de octubre, el Gobierno acordó realizar un nuevo aporte de capital para dicha empresa por US$ 1,000 millones, con la finalidad de que esta continue sus operaciones, las cuales son fundamentales para garantizar el abastecimiento de combustible y evitar el incremento de precios. Si bien esto resultaría oportuno, debido a que empresa estatal atiende un mercado importante, al llegar a zonas del país donde no hay mucha presencia privada, su credibilidad y reputación se han deteriorado cada vez más, lo que pone en duda su operatividad y sostenibilidad empresarial.

Al respecto, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), entre los años 2012 y 2021, PetroPerú acumuló pérdidas por más de S/ 14 millones, mientras que la refinería de Talara tendría pérdidas cercanas a US$ 1,650 millones.

Por otro lado, llama muchísimo la atención que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostenga que el precio del bono PetroPerú se ha recuperado luego del aporte de capital, ya que, al observar el siguiente gráfico, vemos que en marzo de este año el precio del bono bordeaba los US$ 100, mientras que en setiembre último se ubicó en US$ 60. Así, al 17 de octubre pasado, el aporte del capital habría elevado el precio del bono en tan solo US$ 2.8 al día. ¿Realmente es algo para destacar cuando ha habido una inyección financiera tan grande de por medio? El bonista gana, pero el accionista sigue perjudicado.

Solo en el presente año se le ha otorgado un equivalente de US$ 1,750 millones a PetroPerú. Esto es casi ocho veces el presupuesto de Pensión 65 o cuatro veces el presupuesto de Qali Warma. De igual manera, ese monto equivale a todo el presupuesto para proyectos de inversión pública de Tumbes, Piura y La Libertad en su conjunto. Asimismo, con ese dinero se podría garantizar el acceso a agua y alcantarillado a 1.1 millones de peruanos, lo cual es indudablemente prioritario considerando que, según el INEI, alrededor de tres millones de personas no tienen acceso a agua potable por red pública.

Actualmente, este monto otorgado funciona como salvavidas, por lo que en el futuro, cuando la empresa estatal vuelva a estar en problemas, esperará a que el Ejecutivo vuelva a inyectar liquidez para salvarse, malacostumbrando a PetroPerú y gestionando de mala manera los recursos de todos los contribuyentes.

Hemos discutido en artículos pasados que las empresas privadas cuentan con incentivos para ser más rentables (ver Semanario 1120, 1115, 1031 y 1002), a diferencia de las empresas estatales, por lo que urge una reestructuración y organización de este tipo de empresas.

Desde este espacio, exigimos a las autoridades actuar de manera consciente, ya que el dinero desembolsado sale del bolsillo de todos los peruanos, por lo que no se puede apostar ni subsanar todos los errores que pueden evitarse tomando otras vías de solución. Esperemos que al menos este último aporte de capital haya sido condicionado a mejoras en la administración de la empresa estatal.