Desde fines de marzo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lanzó un “shock desregulatorio” con el objetivo de dinamizar la inversión pública y privada mediante la simplificación de trámites y la eliminación de barreras normativas. A cuatro meses de su lanzamiento, ¿cuáles son los avances y qué sigue pendiente? 

El punto de partida fue un diagnóstico conocido: la inversión —pública y privada— está limitada por una excesiva regulación y una débil articulación entre sectores, lo que fragmenta competencias, multiplica requisitos y frena el crecimiento económico, según el exministro Salardi. En respuesta, el MEF lanzó un primer paquete con 400 medidas. A la fecha, el total de medidas asciende a 568, de las cuales el 45% ya han sido aprobadas formalmente y el 55% restante se encuentra en proceso[1], de acuerdo con el MEF. 

Las medidas abarcan distintos frentes de intervención, desde reformas administrativas internas hasta acciones orientadas a la promoción de inversiones, la fiscalización y el control, así como el fortalecimiento institucional. Sin embargo, el ritmo de avance varía según el tipo de medida: algunas han mostrado mayor facilidad para ser implementadas, mientras que otras enfrentan demoras asociadas con su complejidad normativa o la necesidad de coordinación intersectorial. 

En el caso de las medidas vinculadas a barreras burocráticas —que concentran el mayor número, con 186 intervenciones (32.7% del total)— se registra un avance de aprobación del 100%. En contraste, otras categorías avanzan a un ritmo más lento: en eliminación u optimización de procesos, 93 de 110 medidas siguen en proceso, y en optimización de procedimientos administrativos, solo 8 de 101 se aprobaron. También presentan rezagos las medidas de fiscalización y control (35 de 38 siguen en proceso), la optimización de plazos (solo 6 de 36 aprobadas), y el fortalecimiento institucional, con apenas una medida aprobada de las seis presentadas. 

La competencia de las medidas identificadas recae, principalmente, en las entidades del Poder Ejecutivo, lideradas por el MEF, que concentra 145 medidas. Le siguen el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Energía y Minas, con 69 y 59 medidas, respectivamente. También destacan el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, con 54 medidas cada uno. En contraste, ministerios como Justicia y Derechos Humanos, y Comercio Exterior y Turismo apenas acumulan 3 y 1 medida, respectivamente. Además, solo una parte menor del total corresponde a competencias de los Gobiernos regionales (GORE), con una medida registrada en Amazonas, La Libertad y San Martín. Este reparto evidencia que, al menos en este primer paquete de medidas, la responsabilidad directa recae en el Gobierno nacional.  

La participación de los GORE en las medidas priorizadas por el MEF se concentra en la intervención N.º 407, orientada a abordar la falta de articulación interinstitucional entre sectores a nivel regional, identificada como un obstáculo para el desarrollo económico y productivo en los territorios. Esta intervención contempla la emisión de ordenanzas regionales como instrumento normativo para fortalecer la coordinación sectorial y promover inversiones desde las competencias propias de los GORE. 

Hasta el momento, solo el GORE San Martín tuvo una aprobación de su medida. Mediante la OR N.º 08-2025-GRSM/CR, pudo definir prioridades de inversión en infraestructura productiva y conectividad, a través de la actualización del Plan Regional de Competitividad y Productividad. Por su parte, las iniciativas de Amazonas y La Libertad permanecen en proceso. Ello marca un precedente y evidencia un potencial aún poco explorado para extender esta agenda hacia el nivel subnacional. 

Para una simplificación normativa más efectiva, la OECD recomienda reformar los incentivos, fortalecer las capacidades institucionales y modernizar los sistemas tecnológicos que sostienen la operación de un Estado. De lo contrario, el riesgo es que los mismos cuellos de botella reaparezcan con nuevas formas o se reproduzcan en otros procesos.

Si bien el MEF mostró avances en el impulso del shock —como la publicación de un dashboard de seguimiento y la apertura a nuevas propuestas—, la aprobación de las medidas no implica necesariamente que estas ya se hayan concretado. Se trata apenas del primer paso hacia su implementación, por lo que resultaría fundamental establecer mecanismos de monitoreo continuo. 

De cara a un shock 2.0, el desafío no debería ser solo ampliar el número de intervenciones, sino, además, señalar qué impacto tendrán o qué resultados buscan promover. Un ejercicio de exponer los beneficios potenciales en sectores o actividades determinadas, al menos a manera de ejemplos. Este enfoque permitiría alinear mejor los esfuerzos institucionales y concentrar el impulso reformador en sectores estratégicos.

[1] Incluyen aquellas que aún están en evaluación, elaboración, revisión o incluso aprobación, pero no han sido concluidas.