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PETROPERÚ Y EL ESTADO EMPRESARIO: ¿CÚAL ES EL COSTO PARA EL PAÍS?

Por ComexPerú / Publicado en Mayo 20, 2022 / Semanario 1120 - Hechos de Importancia

El préstamo otorgado a la empresa Petróleos del Perú (Petroperú) de US$ 750 millones por parte del Gobierno representa un despilfarro de recursos en un contexto como en el que estamos, sobre todo al considerar su desempeño durante los últimos años. Esto ocurre con la finalidad de garantizar el abastecimiento de combustibles en el país, pues la empresa está en la incapacidad de mantener la continuidad de la cadena de pagos por problemas relacionados con la rebaja de su calificación crediticia, que generó una reducción del 50% de su línea de crédito de corto plazo, y el incremento de los precios internacionales de los combustibles importados, como se detalla en el Decreto de Urgencia N.° 010-2022.

Como resalta, Jorge Tamayo, exministro de Energía y Minas, ante esta situación no se puede asegurar que la empresa devuelva el monto prestado al Estado, pero también preocupa la influencia política que interfiere con la gestión de la empresa y que intenta asignarle la responsabilidad del Lote 192.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) sostiene que es fundamental que el Lote 192 sea operado exclusivamente por Petroperú para evitar que las refinerías gestionadas por la empresa adquieran el crudo de petróleo a precios internacionales y así beneficiar a todos los peruanos. En contraste, Humberto Campodónico, presidente del directorio de Petroperú, manifiesta que la empresa no puede realizar esta operación de manera independiente, debido a la situación económica y financiera que enfrenta.

Si bien esa última posición ha sido respaldada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad que evitó los primeros intentos para destituir a miembros del directorio de la empresa estatal por parte del Minem, el titular de esta cartera, Carlos Palacios, declaró durante su interpelación en el Congreso, realizada el 13 de mayo del presente año, que separaría al presidente del directorio de Petroperú en caso no obedeciera sus peticiones. Esta situación es permitida por la condición del Minem como accionista mayoritario de la empresa con el 60% de los respectivos votos.

No obstante, una propuesta como la mencionada esconde riesgos que trascienden la capacidad de gestión de la empresa, pues la participación en procesos exploratorios no implica que necesariamente se encontrarán reservas de gran tamaño, sino que se puede encontrar menos de lo previsto y no rentabilizar la inversión. Es decir, se apostaría con el dinero de todos los peruanos, cuando el presupuesto destinado podría haberse utilizado en proyectos de inversión pública o en programas sociales efectivos.

Lamentablemente, la situación actual ya evidencia un considerable sacrificio de recursos. Por ejemplo, la cifra de US$ 750 millones (con un tipo de cambio de S/ 3.7), equivale a 1.4 veces el presupuesto actual para este año del programa Qali Warma —que brinda servicio alimentario a niños y niñas en instituciones educativas públicas del nivel inicial, primaria y secundaria— y a 2.9 veces el presupuesto del programa Juntos —que brinda apoyo monetario y acompañamiento al hogar para reducir los niveles de pobreza—, según cifras del MEF. Ambos son de gran importancia para mitigar el perjuicio económico que generan los mayores niveles de inflación actual, pues atienden directamente a los grupos poblacionales más vulnerables.

Considerando que, con base en estimaciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el programa Qali Warma atendió a 3,630,358 escolares a nivel nacional en 2020 —aunque la mayoría de beneficiarios pertenecieron a Piura, Cajamarca y Loreto—, se esperaría un incremento en 1.6 millones de nuevos atendidos con los US$ 750 millones entregados a Petroperú. Del mismo modo, el programa Juntos atendió 699,571 hogares, de manera que casi duplicar su presupuesto equivaldría a beneficiar 1.3 millones de hogares adicionales.

Es decir, ambos programas cubrirían la brecha de atención que actualmente no logran cerrar e, inclusive, se podría completar un incremento temporal en los montos otorgados como apoyo excepcional ante la mayor inflación transitoria. Así, se hubiera tenido una estrategia temporal y focalizada que apoye a los más necesitados, en vez de emplear estrategias con influencia permanente que solo benefician a los trabajadores formales, que son una minoría, como elevar el salario mínimo vital.

UNA MIRADA AL ESTADO EMPRESARIO

De acuerdo con información de la misma empresa, Petroperú fue fundada en 1969 con la finalidad de asegurar el abastecimiento de combustible en todo el país. Tras más de 50 años, la empresa alcanzó una participación del 44% en el mercado de combustibles líquidos peruano en 2020, cifra menor a la prevista y que espera incrementar para alcanzar una participación constante a través del desarrollo de ventas retail y el posicionamiento de nuevos productos, según su última memoria anual.

Es decir, en la práctica, es una empresa estatal que compite directamente con las privadas, lo cual es permitido por el artículo 60 de la Constitución, donde se establece que el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. No obstante, que esto sea permitido no implica que necesariamente sea la opción más eficiente, como la experiencia del pasado evidencia.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Peruano de Economía, previo a la actual Constitución, cuando no existía ninguna restricción para la creación de empresas públicas, estas se caracterizaron por desempeños paupérrimos que las llevaron a la insolvencia. Tanto es así que, entre 1968 y 1979, cuando abundaron estas empresas, acumularon pérdidas que alcanzaron los US$ 11,580 millones.

Tras ello, la presencia del Estado empresario comenzó a reducirse, pero los beneficios para la población aumentaron significativamente. Existen varios ejemplos, como sucedió en el sector comunicaciones, pues hasta 1994 el mercado de telefonía fue dominado por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú (Entel Perú) —empresa pública encargada del servicio a nivel nacional, excluyendo Lima— y la Compañía Peruana de Teléfonos —empresa con la mayoría del capital perteneciente al Estado y que atendía a la capital—. En conjunto, ambas generaron que en nuestro país se registre una de las menores densidades del servicio telefónico en América, con solo 2.9 líneas por cada 100 habitantes en 1993, en contraste con Colombia (11.3), Chile (11), México (8.8) y Brasil (7.5), entre otros países, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

No obstante, esta situación se revirtió tras el proceso de privatización de ambas empresas y la llegada de nuevos competidores que trajeron considerables inversiones que permitieron la mayor difusión del servicio telefónico. Esto se aprecia en que, de 2001 a 2021, la cantidad de líneas móviles en servicio aumentó de 1.8 a 43.1 millones, según cifras del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Cabe resaltar que el Osiptel tuvo una influencia considerable en este proceso, pues el mercado de telecomunicaciones mantuvo su característica de pocos competidores por los elevados niveles de inversión requeridos para desplegar la infraestructura necesaria, pero los niveles de competencia aumentaron durante el tiempo, como se aprecia en la reducción del índice Herfindahl-Hirschman (HHI, por sus siglas en inglés), que mide la concentración del mercado.


Inclusive, durante los periodos en que el HHI se mantuvo constante o se incrementó, se registró una mayor difusión de las líneas móviles en nuestro país, lo cual se alcanzó con la participación de una entidad reguladora que reconoció las características del mercado y permitió la mayor influencia del sector privado. ¿Por qué esto no se puede replicar en el sector hidrocarburos? Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) mantiene responsabilidades similares al encargarse de supervisar a las empresas formales de su sector para alcanzar un servicio permanente, seguro y de calidad. En ese sentido, existen mecanismos y experiencias para permitir mayores niveles de competencia en el mercado de combustibles líquidos que beneficiaría más a la población.

Por el contrario, se apuesta por proteger empresas poco eficientes que demandan recursos considerables que podrían aprovecharse de una mejor manera, como sucede en esta oportunidad y sucedió antes de la pandemia, cuando Petroperú exigía que el MEF asumiera una deuda de US$ 1,500 millones por la modernización de la refinería de Talara.


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