Si bien el Perú ha logrado avances en materia económica, con una importante reducción en la pobreza, aún enfrenta muchos retos, uno de los cuales es cerrar la enorme brecha en infraestructura, que bordeará los US$ 160,000 millones hacia 2025, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). Para ello, se necesitaría invertir unos US$ 15,955 millones por año, equivalentes a un 7% del PBI. Sin embargo, nuestro país no solo viene invirtiendo menos (4.8% en promedio entre los años 2014 y 2016), sino que, además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha propuesto un cambio en la normativa que afectaría la inversión en infraestructura para un sector clave como el de telecomunicaciones, que representa un 17% del total de la brecha de nuestro país.

El pasado 9 de julio, el MTC prepublicó un proyecto de decreto supremo que restringiría los procedimientos de aprobación automática de los permisos requeridos para instalar infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones dispuestos en la Ley 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de la Infraestructura de Tecomunicaciones. En efecto, la norma vigente dispone la aprobación automática de estos procedimientos, bastando la presentación, por el solicitante, de un plan de trabajo de obras públicas, pero contemplándose, a su vez, la facultad de los Gobiernos subnacionales de realizar controles o fiscalizaciones que aseguren una correcta ejecución de las obras que afecten o utilicen la vía pública, pudiendo incluso declarar su nulidad posteriormente. Mediante el proyecto en cuestión, el MTC entendería que este procedimiento atenta contra las competencias de los Gobiernos locales, por lo que propone que, cuando la infraestructura se instale en parques y plazas, los planes de trabajo se sujeten a un procedimiento de aprobación previa por la municipalidad correspondiente, sujeto a silencio administrativo positivo.

Dicha interpretación no solo se aleja de la realidad, en la medida que la ley vigente y su reglamento no vulneran las competencias de los Gobiernos subnacionales —los cuales pueden realizar un control posterior y observar incumplimientos o desviaciones respecto del plan de obras aprobado—, sino que, en la práctica, restringiría el procedimiento de aprobación automática previsto en la ley, lo que constituiría una barrera burocrática ilegal.

Entrampar el cierre de la brecha en infraestructura en este sector implicaría poner un freno a nuestro crecimiento y limitar nuestra competitividad. Como señala el Foro Económico Mundial, una red extensiva de telecomunicaciones permite un rápido y libre flujo de información que apalanca la eficiencia de la economía al incorporar información relevante en la toma de decisiones de los agentes. Además, implementar una eficiente red de telecomunicaciones tiene el enorme potencial de aumentar la productividad y reducir los costos de transacción tanto en el sector privado como el público.

No obstante, nos encontramos muy rezagados respecto de nuestros pares de la Alianza del Pacífico – AP (bloque que conformamos con Chile, Colombia y México) en los pilares asociados con la adopción de infraestructura y tecnología de telecomunicaciones del Índice de Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico Mundial. Por ejemplo, ocupamos el puesto 81 respecto de suscripciones de banda ancha de internet, mientras que Chile ocupa el puesto 55 y Colombia y México, el 64 y 62, respectivamente. De igual forma, nos encontramos en el último lugar de la AP en cuanto a suscripciones de telefonía fija, y en el penúltimo en telefonía móvil. Asimismo, según cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, la proporción de hogares peruanos con acceso a telefonía (móvil y fija) e internet está por debajo de la de sus pares de la AP.

De acuerdo con AFIN, invertir los recursos necesarios para cerrar la brecha nos acercaría recién en 2020 a los países de la AP. Contrariamente, en el Perú, la inversión (pública y privada) promedio entre 2008-2015, en el sector de telecomunicaciones, fue de un 0.47% del PBI, por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe (0.61%), según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, el gasto público para mejorar y ampliar la cobertura de las telecomunicaciones (que representó el 0.4% del total), concentrado en el Gobierno nacional, ha sido errático, con una caída en su ejecución desde 2015 y un retroceso del 22% en junio de 2018, respecto de lo ejecutado en 2017.

Un análisis de calidad regulatorio riguroso, que no se ve en la justificación del MTC, expondría cuán innecesaria y riesgosa resulta esta propuesta. Si hay algo en lo que debemos centrarnos es en alentar la inversión para cerrar la brecha de infraestructura en este y otros sectores, que nos ha puesto en gran desventaja respecto de otros países de la región. Según AFIN, el cierre de la brecha de infraestructura explicaría un 6% de la reducción de la pobreza. Es a esto a lo que el Ejecutivo debe apuntar.