La inclusión financiera se ha convertido en una pieza fundamental en el progreso de hogares, empresas y economías para alcanzar mayores oportunidades económicas y de desarrollo social. La inclusión financiera permite a los hogares guardar dinero de manera segura y menos costosa; enviarlo y recibirlo para cubrir necesidades diarias, planes de emergencia y realizar inversiones productivas; y, en contextos de crisis y vulnerabilidad, recibir de manera oportuna y segura transferencias gubernamentales que permitan su supervivencia.

La evidencia en indicadores clave de acceso y uso de servicios financieros por parte de la demanda y oferta nos permite conocer cómo los países están logrando generar mayores oportunidades económicas para sus ciudadanos, y cómo contextos adversos (por ejemplo, la pandemia de COVID-19) han contribuido a moldear esta realidad. Asimismo, la digitalización ha sido un factor fundamental para lograr que más hogares, así como micro y pequeños negocios, accedan a productos y servicios que antes eran ajenos a su realidad.

Por esta razón, el Banco Mundial, a través del Global Findex, recopila los principales indicadores de inclusión financiera en 123 países, con encuestas a aproximadamente a 125,000 adultos para evidenciar su progreso. Los resultados de 2021 demuestran que el mundo avanza a pasos agigantados en materia de acceso a productos y servicios financieros de mayor diversidad. Por ejemplo, la tenencia de cuentas financieras a nivel global pasó a ser del 76%, y el 71% en economías en desarrollo. Además, la brecha de género en este indicador entre las economías en desarrollo pasó de 9 a 6 puntos porcentuales desde la última edición, en 2017.

En términos del impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en el uso de pagos digitales, el 18% de los adultos en economías en desarrollo, en 2021, optaron por realizar pagos de servicios básicos directamente desde su cuenta bancaria, y casi un tercio de estas personas lo hicieron por primera vez desde inicios de la pandemia. Asimismo, la proporción de adultos que realizaron pagos digitales se incrementó. 

En particular, los resultados de Perú muestran un avance sustancial en indicadores clave de acceso, especialmente para las personas vulnerables. Por ejemplo, en cuanto a la tenencia de una cuenta (de ahorros, dinero electrónico, de crédito, etc.), un 57% de la población peruana encuestada declaró contar con este producto, un incremento de más de 22 puntos porcentuales (pp) frente la medición realizada en 2017. Asimismo, un 53% de las mujeres en Perú declaró contar con este instrumento en 2021, una reducción a la mitad en la brecha de género frente a los hombres en comparación con 2017. Finalmente, un 46% de peruanos en situación de pobreza cuenta ahora con una cuenta, un progreso significativo para la seguridad y salud financieras.

Por otro lado, la evidencia provista por el Global Findex muestra cambios significativos en otros indicadores. Por ejemplo, en 2011, solo un 20% de la población peruana encuestada declaró contar con una cuenta bancaria (en instituciones financieras formales), mientras que, en 2021, esta proporción alcanzó un 58%. La realización y recepción de pagos digitales también evidenció cambios similares, al pasar del 18% y el 16% en 2014, respectivamente, al 38% y el 34%. Finalmente, un aspecto fundamental para la resiliencia de poblaciones vulnerables es la posibilidad de recibir transferencias del Gobierno a través de medios confiables, seguros y oportunos. De esta manera, en 2021, un 29% de los peruanos encuestados recibió pagos del Gobierno a través de una cuenta bancaria.

Estos resultados muestran el avance en inclusión financiera y económica de la población peruana, lo cual se vincula a que cada vez más peruanos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad y que históricamente se han visto excluidos de oportunidades, logren ejercer verdaderamente su ciudadanía económica y formen parte de mercados financieros formales que faciliten sus medios de vida. Sin embargo, aún existe una agenda pendiente. Por ejemplo, el alto costo de acceso a servicios financieros como créditos de consumo y productivos se mantiene como una barrera de entrada principal en Latinoamérica. 

El Gobierno debe priorizar, de la mano con la banca privada, la mejora en educación financiera (aspecto clave por parte de la demanda) y la oferta financiera, con el objetivo de hacer verdaderamente efectiva toda política de inclusión económica. En nuestro país, el 5 de agosto de 2019, se aprobó la Política Nacional de Inclusión Financiera con la finalidad de mejorar el bienestar económico mediante el desarrollo de un sistema financiero inclusivo. Pero si bien los objetivos prioritarios están adecuadamente definidos, aún quedan por desarrollar las recetas de política pública que garanticen el cierre de las brechas de inclusión financiera.

La oferta inadecuada de servicios financieros y su limitado uso, sin duda, persisten como las principales barreras para la inclusión financiera en el país. Sin embargo, gran parte de la población enfrenta barreras psicológicas vinculadas con la desconfianza frente a las entidades financieras. Por ello, es necesario diseñar programas que garanticen un cambio en el comportamiento de las personas y las ayuden a tomar mejores decisiones. Asimismo, una mejor salud financiera y una mayor inclusión son herramientas poderosas para mejorar la productividad, incrementar los ingresos familiares y contribuir a un mayor empoderamiento de la mujer. Más aún en épocas de crisis alimentarias, sanitarias o económicas, la inclusión financiera es una herramienta poderosa para salvaguardar a las poblaciones más vulnerables y reactivar los medios de vida de miles. ¡Sigamos adelante!