Pese a no existir en nuestro ordenamiento jurídico, la “licencia social” es el argumento perfecto para la paralización de proyectos de inversión. Se dice que esta licencia es “otorgada” por la comunidad y sus grupos de interés para la ejecución de un proyecto de inversión, con lo que se le da “legitimidad”. Pero, ¿quién tiene la responsabilidad de obtener la licencia social? Algunos dirán que la empresa; sin embargo, esta lo que debe hacer es cumplir con el marco legal requerido por el Estado para desarrollar su inversión, y en este marco no existe ninguna “licencia social”. No obstante, resulta claro que es responsabilidad de la empresa generar credibilidad, diálogo y confianza con las comunidades de influencia.

Entonces, ¿quién realmente debe obtener esta “licencia social”? La respuesta es el Estado. Según la Constitución, el Estado debe estimular la libertad de empresa en un marco de economía social de mercado. Para ello, deben prevalecer la predictibilidad, la seguridad jurídica y la defensa del Estado de derecho. En este contexto, es el Estado quien debe orientar el desarrollo del país y trabajar en la promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

Pese a lo dicho, en la práctica, tenemos un Estado ausente que no ha cumplido su mandato constitucional y no ha provisto a la población de servicios públicos de calidad, como salud, educación e infraestructura. Así, la empresa cumple con el marco legal para ejecutar una inversión y llega antes que el propio Estado. Por ese motivo, la población, con reclamos totalmente válidos, le exige a la empresa esta “licencia social” por algo que claramente no es su responsabilidad.

Así, la causa de la mayoría de los conflictos sociales —sin incluir la facción radical y violenta antiinversión, que tiene motivos distintos— es que tenemos comunidades olvidadas por el Estado y autoridades regionales y locales sin capacidad alguna para ejecutar proyectos en sus localidades. Por tanto, es el propio Estado el que debe recuperar esa “licencia social” y el responsable de cumplir lo que manda la Constitución. La empresa privada será un socio para el desarrollo, al generar inversión, empleo, encadenamientos con proveedores locales, canon y regalías, pero de ninguna manera puede cubrir lo que el Estado no ha hecho.

Un ejemplo. En la provincia de Islay, zona de influencia del proyecto minero Tía María, solo un 27% de la infraestructura educativa se encuentra en buen estado, menos de un 25% de los alumnos de secundaria logran pasar de manera satisfactoria los exámenes de aprendizaje en matemáticas y comprensión lectora, un 30% de la población no cuenta con ningún seguro de salud y solo un 20% de la población tiene acceso a internet, entre otros problemas. Y, por si fuera poco, los agricultores tienen baja productividad y carecen de obras de irrigación e infraestructura.

El Gobierno debería iniciar de manera urgente los “Juegos Panamericanos” del valle del Tambo, a fin de ejecutar de manera eficiente y célere obras de infraestructura agrícola, provisión de servicios de salud, educación, conectividad, entre otros, y así recuperar la “licencia social”.

La inversión privada es un socio para el desarrollo en el interior del país, no perdamos esta gran oportunidad.