De acuerdo con cifras del Observatorio Laboral del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Perú ha sufrido altos niveles de desempleo vinculados con la informalidad. Entre febrero y junio de 2020, solo en Lima se registró una reducción del 56% en el empleo de la población económicamente activa (PEA). Si se compara con el mismo periodo de 2019, se observa una reducción en promedio del 30% en el nivel de empleo.

Asimismo, la descomposición de los ingresos por deciles nos muestra que nuestro país es principalmente informal. Así, según una publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con base en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2018, en los deciles con menores ingresos (del 1 al 5), la fuente de ingresos proviene principalmente del trabajo informal, con incluso el 60% en el caso del decil 4. Por su parte, si bien es cierto que en los deciles más ricos del país la proporción de ingresos por informalidad se reduce como parte del ingreso total, aún la proporción es significativa: el 32% en el decil 9 e, incluso, el 20% en el grupo de personas con mayor poder adquisitivo. Por tanto, es claro que la informalidad convive con nosotros.

Al analizar la relación entre el empleo por tamaño de empresa y el valor agregado que estas generan a la economía, se observa que las empresas grandes (0.4% del total) generaron el 69% del valor agregado en el sector privado y alrededor del 64% de los empleos formales, lo que suma valor y empleos de mejor calidad en el país en 2018. Por su parte, las microempresas (96% del total), las pequeñas (3.6%) y las medianas (0.1%) solo generaron el 30.7% del valor agregado al sector privado y alrededor del 36% de los empleos formales. Esto explicaría que las empresas más grandes generen la mayor cantidad de empleo formal y con más valor agregado. También nos permite reflexionar de manera inicial sobre la necesidad de promover más empleos formales.

Una publicación del BID develó que nuestro país enfrenta uno de los mayores costos no salariales del trabajo como porcentaje del salario promedio de los trabajadores formales en Latinoamérica, con un 55%, ubicándose solo por detrás de Brasil. Asimismo, se encontró que formalizar un trabajador costaría casi el 80% de su salario real. Por otro lado, el salario promedio de los trabajadores informales en la región bordea el 50% del salario promedio de los trabajadores formales.

Otro aspecto importante es el salario mínimo en el Perú, el cual es elevado con relación a las remuneraciones de la región; de hecho, más elevado que en varios países europeos (OECD), y más aún con relación a las remuneraciones en el sector informal. Ciertamente, el costo de un trabajador con salario mínimo en el sector formal es un 20% mayor a la remuneración promedio de un asalariado informal y un 30% mayor a la de un autoempleado informal. En ese sentido, el salario mínimo también impone una restricción normativa adicional para la contratación formal.

Como resaltan expertos como Pablo Lavado, investigador de la Universidad del Pacífico, para fomentar la formalidad y simplificar la vida de los trabajadores y empresas, se requiere una reforma laboral que debe estar acompañada por una tributaria. A nivel de reforma laboral, las restricciones al empleo formal tienen que ver con el costo de la regulación y, en el caso de los contratos a plazo indeterminado, con las dificultades para terminar contratos laborales, Asimismo, la seguridad de los trabajadores constituye un aspecto importante, por lo que el objetivo debe ser aumentar la cantidad de personas actualmente empleadas y que estas gocen de mejores condiciones laborales (ver Semanario 1026).

Los retos en cuanto a la formalización se deben atacar desde distintos frentes. Se debe flexibilizar la contratación o despido de los trabajadores, lo que representa un mecanismo más eficiente para enfrentar diferentes acontecimientos como la situación actual. Sin embargo, este mecanismo podría hacer más vulnerables a los trabajadores y por ello la reforma laboral también debe implementar un sistema de protección social que proteja al trabajador frente a choques de salud, desempleo y retiro. Asimismo, se deben alinear los programas sociales con la formalización para que estos tengan un carácter más productivo y así condicionar las transferencias a terminar la secundaria y a la capacitación técnica en apoyo de la población pobre y desempleada.