En el semanario anterior hablamos sobre la necesidad del Perú de mejorar la manera en la que se maneja a la inversión, ya que, hoy en día, la ejecución de grandes proyectos y el posicionamiento de nuevos deja mucho que desear. Para continuar con dicha línea, en esta oportunidad trataremos más sobre el último punto, específicamente de los aspectos que se deben mejorar para impulsar a las asociaciones público-privadas (APP). Para ello, utilizaremos los resultados más recientes del Infrascopio 2021/2022, publicación elaborada por el grupo The Economist y el Banco Interamericano de Desarrollo, que evalúan la capacidad de los países en América Latina y el Caribe para promover la inversión privada en infraestructura a través de las APP. 

El reporte aborda 26 países de la región y está compuesto por múltiples indicadores, agrupados en cinco categorías que miden las mejores prácticas en cuanto al desarrollo de esta modalidad de inversión, a través de un puntaje. Para cada categoría se elabora un ranking de los países, en el cual destaca el Perú, ya que nos ubicamos en el puesto cinco, solo detrás de Brasil, Chile, Uruguay y Colombia.

Si desagregamos nuestros resultados por categoría, se observa que nuestras mayores fortalezas están en el ámbito de regulaciones e instituciones, preparación de proyectos y sostenibilidad, y financiamiento. Ello no es sorprendente dado que son dimensiones que se han desarrollado por años en el sistema de APP en el Perú, que se inició en 1996 con la primera ley de concesiones, pasando por el fortalecimiento de ProInversión en 2002 y la creación del primer marco legal de las APP en 2008. Así, desde hace varios años, contamos con múltiples experiencias exitosas de creación de carteras de inversión, elaboración de contratos, convocatorias y adjudicaciones de APP en diversos sectores, además de ofrecer opciones variadas de financiamiento.

Sin embargo, nuestro rendimiento es notoriamente débil en las categorías de manejo de riesgos y monitoreo de contratos, y en evaluación de desempeño e impacto (ex-post). Son en estos aspectos donde podemos analizar recomendaciones puntuales para el marco de las APP. Tratemos primero la última categoría, en la que poseemos el menor puntaje.

El principal motivo por el que nos encontramos mal en este apartado es la ausencia de ciertas mediciones de los resultados e impactos de los proyectos APP. Por ejemplo, la regulación de APP en el Perú no plantea la existencia de estándares generales de monitoreo para los servicios que dan las infraestructuras concesionadas, sus indicadores de gestión, financieros o de operación. A su vez, la ejecución de los proyectos no posee un marco que evalúe algún cumplimiento de metas de resiliencia, como objetivos de cambio climático, objetivos de desarrollo sostenible o, simplemente, uno que anticipe cambios a futuro para las obras, producto de buscar una mayor sostenibilidad.

Si bien es cierto que parte de estas mediciones es cubierta por otros organismos reguladores, como Osiptel, Ositrán y Osinergmin, su carencia generalizada es un problema especialmente cuando actuales y potenciales inversionistas buscan aclarar qué espera el Gobierno de ellos. Después de todo, si ciertas demandas o exigencias no están especificadas, estas se pueden volver fuentes de incertidumbre que ponen en peligro la ejecución de los proyectos.

Por ello, para el Infrascopio es necesario que ProInversión sea dotado de mayores capacidades técnicas y legales, además de mayor capital humano para dar un seguimiento completo y constante a las APP en estas dimensiones. Así, esta institución sería el actor principal que defina y aclare metas y objetivos generales en los proyectos, o las incorpore al marco ya establecido. 

Por otro lado, en la categoría de manejo de riesgos y monitoreo de contratos hemos encontrado una serie de indicadores en los que ni el marco regulatorio ni nuestra entidad principal de APP cuenta con alguno de los aspectos que estos mencionan. En todos los casos se trata de riesgos potenciales que pueden afectar el cumplimiento del contrato APP. También nos muestran mecanismos o estrategias que permitan lidiar con ellos de forma eficiente por medio de delimitaciones específicas.

La gestión de estos riesgos es sumamente relevante y, como señala el Infrascopio, mucho más en la era pos-COVID-19, ya que los inversionistas buscan contar con mayor certidumbre antes de asociarse con un Gobierno para ejecutar una APP. Este es, sin dudas, un aspecto que ProInversión deberá incorporar si desea generar nuevas adjudicaciones: ofrecer guías, metodologías, herramientas y otros mecanismos para dar claridad a diferentes contextos, y que el cómo se aplican esté definido ya sea en los nuevos contratos o en las reglas que rigen las APP. De lo contrario, es probable que los agentes privados asuman que seguirán enfrentando paralizaciones, largas negociaciones de adendas, arbitrajes, etc., cuando ejecutan estas obras, lo cual es un claro desincentivo.

En síntesis, las recomendaciones del Infrascopio van en línea con el fortalecimiento de las capacidades y roles de ProInversión, algo que anteriormente ya ha sido tratado, por ejemplo, en el Informe de Competitividad 2022 del Consejo Privado de Competitividad, y en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. No obstante, su aplicación en la práctica aún debe verse.

Entre los cambios más recientes que se han dado en el marco de las APP se encuentra el Decreto Legislativo 1543, el cual introduce nuevas competencias y participantes en los procesos de una APP por medio de los denominados Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos. Aunque estos existirán para atender las problemáticas que aquejan a los proyectos, se debe evaluar qué rol cumplirán exactamente, ya que lo que se necesita hoy es un marco más claro y ordenado, no que este se vuelva más engorroso. Del mismo modo, debemos recordar que iniciativas que busquen “patear” el tablero de reglas que gobiernan la inversión en el país, como la Asamblea Constituyente, no son consecuentes con este objetivo, y solo empeorarán la confianza de los agentes privados. Debemos volver a convertir al Perú en un destino atractivo para las inversiones, adecuado a los tiempos de hoy, y no tirar todo por la borda.