De acuerdo con una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se estima que en América Latina podría haber ganancias equivalentes al 40% de la inversión pública o el 1% del PIB, si el gasto de inversión se ejecutara de manera más eficiente. A nivel mundial, un estudio del McKinsey Global Institute (2013) encontró que podrían ahorrarse hasta un billón (un millón de millones) de dólares al año si se mejora la selección de los proyectos de inversión y los activos ya existentes se utilizan de la mejor manera posible; y otros autores han aportado evidencia de que cuando se considera la calidad de la inversión pública, su efecto positivo en el crecimiento económico es mayor (Gupta et al., 2011).

En los últimos 5 años, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inversión pública representó, en promedio, un 4.8% del PBI. De acuerdo con el último Reporte de Inflación, se estimó una caída de la inversión pública del 18% en 2020, debido a la paralización de obras durante la pandemia. En lo que respecta al primer semestre del mismo año, esta inversión mostró una caída real del 39.6% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en el segundo semestre se registró una caída menor (4.9%). Si bien no se compara con el peso que tiene la inversión privada para el crecimiento económico, resulta determinante para el cierre de brechas sociales.

La inversión pública, tanto del Gobierno central como de los Gobiernos subnacionales (regionales y locales), permite dotar de servicios e infraestructura a la población, y así mejorar su bienestar, impulsar su productividad y, por ende, estimular el desarrollo económico del país. Sin embargo, en 2020 solo se ejecutó el 63% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado a los tres niveles de gobierno para gasto de capital (proyectos de inversión pública), equivalente a S/ 28,873 millones de un total de S/ 45,837 millones.

Aún más alarmante fue la ejecución de los Gobiernos subnacionales. De los S/ 21,124 millones asignados a los Gobiernos locales, equivalentes al 46% de la inversión pública total, solo se ejecutó el 53.5%, mientras que, de los S/ 9,123 millones asignados a los Gobiernos regionales, que constituyen el 20% de la inversión pública, el nivel de ejecución fue del 65.3%.

A nivel de función, los sectores con mayor presupuesto asignado a los Gobiernos locales, como transporte (S/ 6,339 millones), saneamiento (S/ 4,305 millones) y educación (S/ 2,645 millones), tuvieron los peores niveles de ejecución, con el 51.2%, 50.9% y 51.1%, respectivamente.

Asimismo, si se realiza el análisis del gasto por departamento para Gobiernos locales, se observa que las municipalidades de los departamentos con la menor ejecución en inversiones fueron Lambayeque (39.3%), Áncash (41.2%), Tumbes (43.9%), Ica (44.9%), La Libertad (46.7%), Cajamarca (47.6%) y Arequipa (48.9%).

Si bien buscamos acercarnos a analizarla capacidad de gestión de las municipalidades a través del nivel de ejecución presupuestal, podrían también existir otros factores que hayan influenciado. Una deficiencia en los Gobiernos locales es que existe una cantidad abundante de proyectos que no responden a una lógica de priorización u optimización del presupuesto para el logro de resultados del sector. Por ello, es necesario asignar y ejecutar eficientemente los recursos para atender las múltiples necesidades de la población.

UNA ASIGNACIÓN MÁS EFICIENTE

De acuerdo con el último reporte de inflación del BCRP, se espera que la inversión pública de 2021 y 2022 sea impulsada por las obras de reconstrucción, los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y el impulso de las obras paralizadas.

Si se analiza el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2021 respecto de 2020, el presupuesto asignado a Gobiernos locales para gasto de capital creció 8.8% al pasar de S/ 8,109 millones a S/ 8,826 millones. Asimismo, se observa que regiones con menores niveles de ejecución para 2021 tienen mayor presupuesto asignado. Aunque este se va a ir modificando en el año, es importante que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los demás sectores aseguren la provisión eficiente de los recursos, porque de nada sirve asignar proyectos cuando la capacidad de ejecutar es escasa. Una recomendación es empaquetarlos según las capacidades de los Gobiernos locales y un plan de desarrollo local que priorice las principales necesidades de la localidad.

En ese sentido, aunque los resultados de la ejecución presupuestal de la inversión pública en 2020 han sido poco favorables, se ha determinado que existen variables estructurales a nivel de unidad ejecutora que están asociados con el nivel de ejecución de los proyectos; estas variables pueden ser: alcance estratégico de la unidad ejecutora, especialización funcional técnico-administrativa, vinculación con el sector, heterogeneidad de los proyectos, entre otros. Por ejemplo, con el fin de entender mejor las variables asociadas con el nivel de ejecución de los proyectos, es importante analizar el número de estos y su nivel de heterogeneidad. En estos casos, el número de proyectos por municipalidad es alto y los presupuestos son bajos; además, las municipalidades no cuentan con equipos técnicos especializados.

De ese modo, tomar mejores decisiones de inversión pública puede ayudar a liberar recursos para otras actividades importantes, para crear más infraestructura con los mismos recursos o para potenciar el crecimiento del país.