La reciente tragedia del incendio de Las Malvinas evidenció la grave situación de informalidad en el país y las precarias condiciones en las que trabajan miles de peruanos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la informalidad laboral en nuestro país abarca a aproximadamente el 73% de la población económicamente activa ocupada, uno de los niveles más altos de América Latina. Dicha cifra se eleva aún más al considerar las pequeñas y medianas empresas (Pyme), o al enfocarse en sectores como el agropecuario y el pesquero. La ocurrencia de accidentes laborales también es alta: durante 2016, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MPTE) registró más de 22,000 notificaciones, incluidas 151 muertes.

Este contexto pone en relevancia la labor de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el organismo técnico adscrito al MTPE responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, y el de seguridad y salud en el trabajo. Desde su entrada en vigor, en 2014, la Sunafil ha creado 10 intendencias regionales, y en sus tres primeros años de existencia ha realizado 76,384 inspecciones a nivel nacional, de las cuales 55,173 fueron de fiscalización y 21,211 de orientación, según información del propio organismo.

Estas acciones han comprendido a casi 2 millones de trabajadores a nivel nacional y han permitido que más de 11,000 de ellos sean incorporados a una planilla. Hoy, el Sistema de Inspección del Trabajo de la Sunafil fiscaliza al 68% de las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores, pero solo al 6% de las empresas con menos de ese número, que es donde se encontraría el mayor volumen de informalidad y ausencia de estándares laborales relacionados con el trabajo, la seguridad y la salud.

Si bien estas cifras reflejan un avance importante en materia de fiscalización e inspección, aún falta mucho para lograr un alcance nacional de las labores de la Sunafil. Según la propia entidad, uno de los puntos más críticos es el número insuficiente de inspectores: en 2016 se contaba con 463, lo que apenas representa poco más del 10% de la cobertura de inspección laboral.

Actualmente, la Sunafil se encuentra desarrollando el Plan de Fortalecimiento de la institución para ampliar la cobertura y mejorar la efectividad de la inspección laboral a nivel nacional. Este año se implementarán 4 intendencias regionales nuevas en Cusco, Piura, Callao y Lambayeque, y la implementación de las 11 restantes (para que los 25 Gobiernos regionales cuenten con ellas) culminará en 2021. En el transcurso, se derivarán inspectores de Lima Metropolitana a las regiones donde aún no se hayan creado intendencias de la institución. Asimismo, tras la aprobación del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, la Sunafil sumará este año 60 inspectores y 14 supervisores.

Iniciativa desde el Ejecutivo

Durante el mensaje a la Nación por 28 de julio, el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó cinco proyectos de ley, uno de ellos enfocado en fortalecer el sistema de inspección de trabajo a través de la Sunafil. Este proyecto plantea la transferencia progresiva, pero total, de las competencias y funciones de inspección de los Gobiernos regionales a la Sunafil, lo que comprende al personal y su partida presupuestal correspondiente, así como la documentación referida a las órdenes de inspección, actas de infracción y procedimientos administrativos sancionadores en trámite. En las regiones donde esta institución tiene una intendencia regional, la transferencia se realizaría a partir del primero de enero de 2018; mientras que en las regiones donde no se cuente con ellas la transferencia se realizaría de forma progresiva hasta 2019.

Así, el proyecto plantea que la Sunafil posea competencia absoluta respecto del ejercicio de funciones y atribuciones de la inspección del trabajo a nivel nacional, lo que permitiría optimizar esta labor y evitar la duplicación y superposición de funciones. Además, muchos Gobiernos regionales no asignan suficientes recursos a estas funciones en su ámbito territorial; prueba de ello es que 21 de las 25 regiones tienen 5 o menos inspectores de trabajo contratados, y algunas de ellas no cuentan con ninguno.

Una entidad rectora y supervisora que cumple un rol tan importante como la Sunafil debe tener todos los elementos y recursos para orientar, fiscalizar y sancionar cuando sea necesario, y así garantizar el empleo digno y productivo de los peruanos. Si bien se encuentra encaminada tras sus pocos años de creación, aún le falta mucho por mejorar (recordemos todos los años que le tomó a la Sunat alcanzar el nivel de modernización y eficiencia que tiene ahora, y que aún le falta). Es por ello que deben seguirse promoviendo iniciativas para fortalecerla, como el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, sobre todo en el caso de mecanismos que le permitan contar con recursos humanos suficientes para realizar sus labores y que, de una u otra manera, direccione sus esfuerzos hacia actividades en las que abundan las violaciones a los derechos laborales, aquellas que viven en la informalidad.