Durante el vigente proceso electoral, sorprende la persistencia de políticas que fracasaron previamente en el país y, contrariamente a lo que prometen, solo han generado mayor pobreza y desigualdad. Una de ellas sería la “segunda reforma agraria”, respaldada por el candidato Pedro Castillo, quien propone el retorno de las cooperativas agrarias, para lo cual los propietarios de 1 a 5 hectáreas entregarían sus chacras en búsqueda del “bien común”, pero en realidad solo amenazaría el progreso alcanzado en el sector agrícola. 

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), la expropiación de la propiedad privada agraria creó informalidad en el sector, además de restarle competitividad. De manera que, a pesar de acompañarse la “estrategia” con restricciones a las importaciones para “favorecer la producción local”, la incapacidad de satisfacer al mercado interno originó que, al margen del incremento en el nivel arancelario efectivo del 15% al 105%, entre los periodos 1948-1959 y 1968-1975, respectivamente, el Perú pasara a ser deficitario en la producción de alimentos, de acuerdo con el IPE. Esto porque las exportaciones agrícolas tradicionales solo superaron a la importación de los principales alimentos[1] hasta 1979; posteriormente, la situación se revirtió, con la única excepción de 1985, lo que evidencia la pérdida de competitividad, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

¿Y LAS NECESIDADES DEL SECTOR?

Lamentablemente, la pérdida de competitividad que supuso la reforma agraria acentuó las bases para el desempeño actual del sector. En particular, la agricultura contribuye con la mayor cantidad de empleos a nivel nacional: 23.7% del total en 2019, una reducción de 1.8 puntos porcentuales (pp.) respecto de lo registrado en 2010. No obstante, mantiene una contribución mínima en la producción, pues apenas representó un 5.6% (-0.1 pp.) del PBI en 2019. Por ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) estima que la actividad agraria mantiene la menor productividad laboral desde 2007, lo cual alienta la persistencia de su elevada informalidad, que superó el 95% durante la última década.

Esto evidencia que la única manera de mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores sería incrementar la productividad del sector. Entonces, ¿cómo ayudaría una “segunda reforma agraria”, que atenta contra ello? En realidad, únicamente los perjudicaría, pues desalentarían la inversión privada que busque aumentar la capacidad productiva y la generación de empleo adecuado, lo cual ya había sido limitado recientemente tras la derogación de la Ley de Promoción Agraria. Esta situación desecharía todo el progreso alcanzado, pues el 99.2% del empleo formal en dicho sector correspondía a trabajadores asalariados privados en 2019, según el MTPE.

Por el contrario, se debe reconocer que los problemas actuales se explican por una inadecuada gestión pública, que desconoce de manera reiterada las necesidades del sector. Esto porque, a pesar de que el BCRP evidenció en setiembre de 2019 que la principal limitación para el desarrollo de la agroexportación era la disponibilidad de recursos hídricos, grandes proyectos de irrigación presentan obstrucciones políticas para su desarrollo, como Majes Siguas II, que se encuentra paralizado desde diciembre de 2017 a pesar de que irrigaría 38,500 hectáreas y permitiría exportar US$ 360 millones adicionales anuales, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Cabe resaltar que tampoco se reconoció la segunda mayor limitación, la cual se refiere al vencimiento de los beneficios de la Ley de Promoción Agraria. 

No obstante, a pesar de estas limitaciones, las exportaciones agrícolas no tradicionales se incrementaron de US$ 2,203 millones a US$ 6,778 millones entre 2010 y 2020 (+207.7%); mientras que las tradicionales descendieron a US$ 729 millones (-24.8%) durante el mismo periodo. La diferencia entre estas dos categorías radicaría en que las primeras presentan un mayor valor agregado y son menos frecuentes que las segundas (ver Semanario 804). Es decir, la producción no tradicional presenta una mayor temporalidad que la tradicional, de manera que, para aprovechar adecuadamente su potencial, se deberá facilitar la producción bajo estas condiciones, en vez de continuar aspirando a imitar regulaciones diseñadas para otros contextos, como ocurrió con la reformulación del régimen laboral agrario (ver Semanario 1056).

Es evidente que el sector agrícola requiere mejoras, pero estas deben orientarse a facilitar su desarrollo, en vez de obstruirlo. Continuar tratando de implementar propuestas que ya han fallado anteriormente o que desconocen sus características, únicamente desembocará en lo contrario que prometían: peores condiciones laborales para los agricultores, caída de la rentabilidad de nuestros principales cultivos de exportación, menores oportunidades, mayor descontento social en el campo, menores ingresos y mayor pobreza.

[1] Según el BCRP, los alimentos considerados en esta categoría son los siguientes: trigo, maíz, arroz, azúcar, lácteos, aceite de soya y carne.