En los últimos días, Mercer, en colaboración con el CFA Institute, lanzaron el Global Pension Index 2021. Este utiliza tres subíndices: adecuación, sostenibilidad e integridad, los cuales sirven para medir cada sistema de renta de jubilación en función de más de 50 indicadores. El valor del índice global de cada sistema representa la media ponderada de los tres subíndices. Las ponderaciones utilizadas son el 40% para adecuación, el 35% para sostenibilidad y el 25% para integridad.

En la presente edición, nuestro país ocupa el lugar 29 de 43 economías, con un índice general de 55 puntos. A nivel latinoamericano, nos ubicamos en el puesto 4 de 7 países analizados. 

Cabe resaltar que, desde la primera aparición del Perú en el índice en 2018, su puntaje ha ido cayendo, al pasar de 62.4 a 55 en 2021. Según el informe, el valor del índice peruano disminuyó de 57.2 en 2020 a 55 en 2021, debido principalmente a la caída de las tasas de participación en la fuerza de trabajo en las edades más avanzadas.

El puntaje hace acreedor al país de una calificación “C”, que significa que existe un sistema que tiene algunas características buenas, pero que también tiene riesgos y deficiencias importantes que deben abordarse, lo que cuestionaría su eficacia y sostenibilidad a largo plazo.

En detalle, el pilar adecuación analiza el nivel base de los ingresos proporcionados por el sistema de pensiones. Para esto, incluye indicadores tales como las prestaciones y el diseño del sistema. Además, evalúa aspectos como si se permite la fuga de las prestaciones acumuladas antes de la jubilación, si existe algún incentivo para incrementar aportes a un plan de pensiones y si existe ayuda gubernamental cuando los ingresos de jubilación de una persona se ven afectados ante una salida temporal de la fuerza laboral.

A partir del análisis de estos indicadores, el Perú ha retrocedido en este subíndice al pasar de 59.5 en 2020 a 58.8 en 2021, con lo que se ubica en el lugar 29. Dicho esto, el informe recomienda reducir el acceso a los activos de las pensiones antes de la edad de jubilación e introducir un nivel mínimo de ayuda para las personas más pobres de edad avanzada, a fin de mejorar el pilar.

Por otro lado, el segundo subíndice (sostenibilidad) recoge características que afectan la sostenibilidad de largo plazo de los programas actuales. Así, considera el nivel de financiación por adelantado, que es particularmente importante cuando la proporción de trabajadores y jubilados está disminuyendo. Además, indicadores como el nivel de activos de los fondos de pensiones, la cobertura del sistema privado y el público, el crecimiento económico real y la rentabilidad de las inversiones.

Dadas estas características, la caída del subíndice de 49.2 en 2020 a 44.2 en 2021 tiene dos principales explicaciones. 

La primera es que nuestro país ha experimentado una desaceleración del crecimiento económico en los últimos años, recrudecida por la caída del 11.2% en 2020, debido a la pandemia de la COVID-19. La segunda es la caída del empleo formal. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), la cantidad de trabajadores afiliados a algún sistema de pensiones se redujo a 5.9 millones el año pasado, lo que equivale a una reducción del 11.7% respecto de lo registrado en 2019. Asimismo, la tasa de empleo formal ha pasado del 27.3% en 2019 al 24.7% en 2020. Esto es importante, ya que la mayoría de los afiliados a algún sistema proviene del sector formal.

Para mejorar el puntaje del subíndice sostenibilidad, el informe recomienda aumentar la cobertura de los trabajadores en los regímenes de pensiones, con el fin de incrementar el nivel de las cotizaciones y los activos.

El tercer subíndice considera la integridad del sistema de pensiones, y se centra en los planes de capitalización que normalmente se encuentran en el sector privado. Para esto, analiza el papel de la regulación y la gobernanza, la protección proporcionada a los miembros del plan frente a una serie de riesgos y la comunicación con los individuos que mejoren la confianza.

El subíndice “integridad” se vio reducido de 64.6 en 2020 a 64.1 en 2021, lo que ubica a nuestro país en el puesto 32. En este caso, la recomendación principal es mejorar los requisitos de gobernanza del sistema privado de pensiones y mejorar la comunicación sobre el funcionamiento y la rentabilidad de los fondos a los afiliados.

Como se ha visto, la comunicación efectiva es parte importante de la integridad del sistema e, incluso, adquiere mayor relevancia en momentos de incertidumbre como en 2020, debido a la pandemia.

Según el Boletín Estadístico Mensual de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de diciembre 2020, la rentabilidad promedio el año pasado del Sistema Privado de Pensiones fue del 9.32% para el fondo 1, el 10.52% para el fondo 2 y el 6.34% para el fondo 3, lo que demuestra beneficios para los afiliados, lo que les daría confianza si se hubiera comunicado de forma eficiente.

En conclusión, es necesario aumentar la competitividad para así otorgar mejores beneficios. Asimismo, se necesita trabajar para solucionar problemas estructurales de la economía, como la alta informalidad, a través de la mejora en la productividad, y la falta de educación financiera. De esta manera, aumentará la cobertura del sistema de pensiones y se logrará su fin último: la protección futura del aportante.