Hace unos días, el Instituto Peruano de Economía (IPE) cumplió 30 años y ello es motivo para reflexionar sobre la importancia de que diversas organizaciones civiles, académicas y empresariales, entre las que se encuentra ComexPerú, continuemos con nuestra vocación de defensa de las libertades económicas y de promoción de la iniciativa privada. Es decir, del modelo económico vigente en nuestro país por más de 30 años. 

Este modelo constituye la principal herramienta para lograr el desarrollo económico y la generación de mayor bienestar en la ciudadanía. La evidencia es abrumadora en cuanto a reducción de pobreza, creación de empleo y mayor recaudación tributaria. 

El modelo parte de la iniciativa privada como motor de la economía. De ahí la importancia del libre mercado, la libre competencia y el respeto irrestricto a la propiedad privada. El Estado debe garantizar que se cumplan estas condiciones y actuar subsidiariamente, es decir, intervenir en el mercado solo ante la inexistencia de oferta privada.

No obstante, el Estado tiene un rol preponderante en garantizar el bienestar del ciudadano, por ejemplo, en materia de seguridad, salud y educación oportuna y de calidad. He ahí la connotación social. Que se dispongan condiciones mínimas para que cada ciudadano tenga la oportunidad de desarrollarse con base en su propio esfuerzo.

Pero, si esto es así de claro, ¿por qué cada cierto tiempo se pone en entredicho? Porque los Gobiernos de los últimos años se han alejado de este modelo. No ha existido una política de promoción de la iniciativa privada. Los niveles de informalidad siguen altos, porque es muy costoso hacer empresa en el país. Autoridades gubernamentales de todo nivel están poniendo trabas constantemente al desarrollo empresarial. Y el Estado arrastra una deuda pendiente para garantizar condiciones mínimas de salud, educación, seguridad y conectividad.

El modelo está, lo que falta es tener un servicio civil con vocación de servicio público y altamente profesional y técnico que haga gestión pública. A todo nivel de gobierno. Y que cuente con un liderazgo que lo permita y aliente. 

Existe un problema adicional. No solo es un tema de gestión pública, sino de cada vez mayor presencia de las economías ilegales en ella. La minería ilegal se ha convertido hoy en la primera actividad ilícita en el Perú, superando al narcotráfico. Es fuente principal de lavado de activos y trabaja con redes de crimen organizado que financian actos de corrupción y otros delitos como sicariato, trata de personas, trabajo infantil, extorsión, usurpación de terrenos y atentados violentos. Está ya metida en la política.

Para muchos, la minería ilegal se asocia con actividades aisladas en lugares como Madre de Dios o Puno, y cuyos daños se restringen al ambiente. Sin embargo, es mucho más que eso: no solo se está expandiendo y hoy está presente en casi todos los departamentos del país, sino que su manera de operar se ha tornado cada vez más violenta y delincuencial. 

Se calcula que el 44% de toda la producción de oro nacional es ilegal. En comparación con otros países, el total de oro ilegal que se exporta del Perú supera el oro formal de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil. Si se consideran todos los costos directos e indirectos, la minería ilegal llega a tener un valor anual de US$ 6,000 millones, lo que genera una pérdida anual del 2.5 % del PBI del Perú. 

Las próximas elecciones son clave para el país y de ahí la importancia de abrir el financiamiento privado de los partidos políticos. No solo necesitamos elegir a un equipo de profesionales que nos asegure regresar a la senda del modelo económico que nuestra Constitución prevé, sino que enfrente con firmeza y decisión a las economías ilegales. Está en juego la viabilidad del país.