En los últimos días, ha vuelto al escenario político la discusión sobre la aplicación del control de precios de los bienes y productos de empresas públicas y privadas. Ahora, cuando el debate debería girar en torno a la reactivación económica, el retorno seguro a clases, en cómo mejorar la eficiencia del Estado, entre otros temas, hemos retrocedido cuatro décadas para discutir una medida de intervencionismo estatal que ha demostrado ser un fracaso absoluto. Por ello, revisemos las implicancias que tiene establecer un control de precios y cuáles son las enseñanzas que debemos llevarnos de la experiencia nacional e internacional.

Primero, es preciso mencionar que durante los últimos meses se ha evidenciado un incremento general en los precios en la región y el mundo. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú, esta tendencia se explica por los factores de oferta y la recuperación de la economía global.

Por un lado, existe un aumento significativo del precio de los commodities que, a su vez, encarece los costos de producción de los alimentos básicos de la canasta familiar. Por el otro, la escasez de contenedores que enfrentamos a nivel global ha incrementado los costos de importación. No obstante, la inflación en nuestro país, que en julio último ascendió a una tasa interanual del 3.81%, se ha mantenido como una de las más bajas de la región y se espera que se estabilice en los siguientes 12 meses.

Ante este escenario coyuntural, no podemos arriesgarnos a aplicar políticas que han sido probadamente fallidas. Tal como lo explicamos en el Semanario 1026, el control de precios es una medida ineficiente que, además de su inconstitucionalidad, genera distorsiones en los mercados intervenidos. La idea de que un producto se ofrezca a un menor precio y sea asequible para todos suena popular, pero fijar un precio menor al del mercado reduce la rentabilidad del comerciante, lo que genera mayor escasez de productos, pérdida de empleos, disminución de la calidad y aparición de mercados negros con precios aún mayores a los originales. 

Basta recordar lo que vivió nuestro país en la segunda mitad de los ochenta. En 1985, con el objetivo de hacer frente a la alta inflación y el deterioro del bienestar, se establecieron controles al tipo de cambio, las tasas de interés y los precios de bienes de primera necesidad. Esto provocó un grave desabastecimiento de bienes básicos en las tiendas, sumado al racionamiento y la generación de largas colas para conseguirlos.

Como resultado, entre 1987 y 1990, el PBI real registró una caída acumulada del 25%, la tasa de desempleo pasó del 4.8% al 8.3%, y fuimos el país con la mayor hiperinflación de la historia en la región, que alcanzó un 7,649% en 1990. Además, el bienestar social también se vio afectado, según cálculos del Instituto Peruano de Economía, pues la tasa de pobreza pasó del 41.6%, en 1985, al 55.1% en 1991.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

La alta inflación que registra actualmente Argentina se remonta a un escenario prepandémico, donde el Gobierno aplicó políticas no convencionales como el control de precios y la restricción a las importaciones. Así, en enero de este año, para hacerle frente a la creciente inflación, se amplió la lista de productos sujetos a precios máximos. Tras una semana de aplicada la medida, estos empezaron a escasear en los supermercados. Además, debido al encarecimiento del maíz y la mayor demanda internacional de carne, se limitó el precio de los cortes de carne. El resultado fue la comercialización de productos de menor calidad en el mercado nacional.

Por otro lado, Venezuela es un claro ejemplo de la ineficiencia del estatismo intervencionista. La historia de la imposición de precios máximos en este país se remonta a febrero de 2003. En principio, estos iban a ser temporales, pero, hasta la fecha, la libertad económica y el derecho a la propiedad privada se encuentran gravemente restringidos. A inicios de 2014, tras una década de intentos de controlar la inflación por medio de intervencionismo, el índice de escasez, que refleja la falta de disponibilidad de productos en los mercados, alcanzó un 28%. Además, en 2016, el precio de los insumos básicos en el mercado negro era hasta 20 veces mayor que el fijado por el Gobierno. Actualmente, el país enfrenta su sexto año de recesión económica y una de las hiperinflaciones más altas del mundo.

Los ejemplos evidenciados comparten un efecto del control de precios: los daños son mayores que los beneficios. Según un informe del Banco Mundial, a pesar de ser una herramienta ampliamente utilizada en las economías emergentes, puede obstaculizar la inversión y el crecimiento, empeorar los resultados de reducción de la pobreza y complicar la aplicación eficaz de la política monetaria. Frente a ello, en lugar de aplicarlos, la entidad recomienda aplicar reformas que alienten la competencia, generar un entorno regulatorio sólido y fortalecer la fiscalización contra las prácticas anticompetitivas.

En un escenario como el que atravesamos, necesitamos dejar de lado las ideologías y entender que la intervención en los precios del mercado es una medida contraproducente que terminará alimentando una mayor inflación y, por consiguiente, afectará a quienes se pretende ayudar. Esta herramienta no ha funcionado a lo largo de la historia económica mundial ni existe razón alguna para pensar que lo hará. Si queremos salvaguardar el bienestar común de todos los peruanos, empecemos a evaluar la política económica por sus resultados más allá de sus intenciones.