La Constitución Política del Perú establece, en sus artículos 58, 59 y 60, los principios generales del régimen económico de nuestra nación. Indica que la “iniciativa privada es libre”, que el Estado “garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria”, y que “solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial (…).”

Así, los principios de libre mercado, libertad empresarial y rol subsidiario del Estado son el eje de nuestra economía y lo que hace que sea el sector privado el generador de empleo. Además, se indica que “bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”. Cada uno, sector privado y Estado, tienen roles y responsabilidades claramente definidos.

Sin embargo, estamos siendo testigos de cómo los diferentes poderes del Estado vienen generando regulaciones que vulneran gravemente estos principios, lo que traba la labor del sector privado y pone en riesgo nuestro sistema económico, haciéndole el juego a aquellos que buscan desestabilizar el país y patear el tablero. Estos últimos buscan, justamente, un rol empresarial activo del Estado, intervencionismo, así como otras políticas probadamente fallidas. Y, así como vamos, van ganando terreno.

Regulaciones como “la de la canchita” o la reciente ley de plataformas digitales de servicios de intermediación de transporte, como si estas fuesen empresas de transporte, o el control previo de fusiones y adquisiciones, o la regulación sobre cobros de estacionamiento, son todas normas que atentan contra la libertad de las empresas, con un Estado que decide sobre qué se puede o no vender, cobrar o permitir en negocios netamente privados. Regulaciones que carecen de un análisis de impacto regulatorio, además. ¿Por qué el Estado debe regular cómo debo cobrar el servicio de playas de estacionamiento? Con ese precedente, podemos llegar hasta cuestiones absurdas como que los hoteles solo deban cobrar las horas efectivamente utilizadas de hospedaje. ¿Si hago check out a las 6 a.m. en lugar de las 12 p.m., deberían cobrarme por hora y no por día? ¿O si en un restaurante solo consumo la mitad del plato servido, debería de cobrarse solamente la mitad de su precio? Claramente, todo esto carece de sentido; pero hacia eso estamos yendo con regulaciones que vulneran las decisiones de las empresas sobre cómo fijar precios o la forma de prestación de servicios en un ambiente de libre mercado y libre competencia.

El país necesita un Estado que se enfoque en la provisión de servicios públicos de calidad. Pero, además, de proveer seguridad jurídica, previsibilidad, y generar confianza empresarial, que permita seguir impulsando la inversión y la generación de empleo por parte de la empresa privada. No podemos seguir ahorcando al empresario formal con normas tributarias como las recientemente aprobadas, que solo desincentivan la inversión, como la aplicación de la norma antielusiva carente de transparencia, o atentando contra el patrimonio personal de gerentes o directores de las empresas con normas absolutamente discrecionales.

El sector privado es y debe ser visto como un socio del Estado. Un socio que genera inversión, formalidad, empleo, oportunidades, crecimiento descentralizado y bienestar. No podemos seguir atacando a la empresa formal, cuando el foco debe ser incorporar a ese más del 70% de la economía en la informalidad. ¡Basta ya de populismo y demagogia! ¡Abramos los ojos y trabajemos juntos por el Perú!