El crecimiento es la base sobre la cual se construye el desarrollo de los países. En los últimos doce años, gracias a una política de apertura y de integración al mundo, el Perú mantuvo una senda de crecimiento que le permitió reducir la incidencia de la pobreza del 58.7% en 2004 al 20.7% en 2016, una disminución de 38 puntos porcentuales. Sin embargo, aún enfrenta grandes retos para asegurar un crecimiento sostenido y con mayor alcance entre la población.

En este aspecto, resulta imprescindible hablar del rol que juega la inversión, la que en 2016 representó un 22.6% del PBI, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La inversión —pública y privada— no solo es responsable de la generación de empleo formal en el país, sino que, además, a través de ella se llevan a cabo importantes reformas en sectores clave como los de salud, educación, saneamiento, entre otros. La brecha de inversión que existe en infraestructura, cobertura y calidad de servicios pone en evidencia falencias que deben ser priorizadas por el Gobierno en sus tres niveles para apuntalar el crecimiento.

Por ello, resulta preocupante el retroceso de la inversión privada (17.8% del PBI en 2016). En 2016, cayó por tercer año consecutivo (-5.7%) y, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), si esta se hubiera mantenido (ni caído ni aumentado), habríamos crecido un 5.2%, en lugar de un 3.9%. Los ajustes del BCRP, realizados en junio, prevén que la inversión privada caerá un 1.8% hacia 2017, por lo que urgen acciones para revertir esta tendencia, como un shock de confianza en el sector privado, la cual viene bastante deprimida en los últimos meses por la tensión política entre el Ejecutivo y el Legislativo. A continuación, veamos dos sectores que tienen un fuerte impacto en el desarrollo y bienestar de la población: infraestructura y salud.

Infraestructura

Según el Banco Mundial, una mejor infraestructura física ayuda a aprovechar el crecimiento económico y transformarlo en desarrollo futuro, así como a reducir la desigualdad del ingreso. Entonces, ¿por qué no vemos mayores avances en los grandes proyectos? La brecha en infraestructura es enorme (US$ 159,549 millones para 2016-2025) y se requeriría una inversión anual de US$ 15,955 millones (8% del PBI) para cubrirla, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). Si bien el plan de gobierno de la actual administración incluye los proyectos a destrabar hacia 2021, a la fecha solo hemos visto salir adelante el proyecto de la Hidrovía Amazónica, fundamental para interconectar la selva y generar desarrollo, pero ¿y la doble vía Panamericana Tumbes-Tacna, la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 o la Línea 3 del Metro de Lima?

Sabemos que son proyectos de gran envergadura que no pueden ejecutarse de la noche a la mañana, pero la tarea debe empezar ya, y el sector privado es un potencial socio. El Ejecutivo viene tomando medidas adecuadas, como la reestructuración del marco de las asociaciones público privadas (APP) y de ProInversión. Además, ha expedido decretos legislativos en favor de la inversión pública y privada, como el D. L. 1341, que modifica la ley de contrataciones del Estado para impedir la participación de empresas vinculadas con actos de corrupción, así como el D. L. 1330, destinado a facilitar el procedimiento de expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura (fundamental, pero curiosamente objetado por el Legislativo), entre otros. No obstante, aún falta avanzar más, y para ello es esencial la colaboración entre los poderes del Estado y los tres niveles de gobierno.

Salud

De acuerdo con AFIN, la brecha en infraestructura del sector salud para 2016-2025 es de US$ 18,944 millones, mientras que en la cartera de proyectos hay solo tres identificados[1] hacia 2018. Por otro lado, el presupuesto asignado al sector para 2017 fue un 7.5% del presupuesto público, 70.1% a cargo del Ministerio de Salud. Hasta junio, este ejecutó solo un 32% del presupuesto asignado, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, orientado principalmente a la recuperación de la salud de las personas (54.5% del total) y muy poco a la promoción de la salud y la prevención de riesgos y daños (6.1% del total). Un cambio progresivo hacia esto último resultaría de mayor beneficio. Asimismo, se necesita una reforma integral y agresiva para mejorar la calidad en la prestación del servicio (ver Semanario N.° 833) y de instituciones clave como Digemid, muy cuestionada por su desempeño.

El fenómeno El Niño costero y el caso Odebrecht no fueron los únicos episodios que afectaron la inversión en nuestro país. Se necesitan señales positivas del Ejecutivo y el Legislativo para reactivarla y seguir creciendo. Esperamos que los nuevos aires que se vienen respirando entre ambos poderes del Estado ayuden a acelerar la reactivación de nuestra economía, en un ambiente de seguridad para los negocios y las inversiones, y de mayor bienestar para todos los peruanos.