En mayo, el Programa del Vaso de Leche (PVL) cumplió 40 años desde su creación. La iniciativa se creó para distribuir alimentos a la población más vulnerable del país, pero casi la mitad de sus beneficiarios no cumplen con el requerimiento de encontrarse en situación de pobreza. Con problemas de identificación severos, la población infiltrada aumentó en el último año y superó los 1.3 millones, según estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). 

Los mayores niveles de infiltración interrumpieron el progreso en mejorar la identificación de beneficiarios que se reportaba desde 2021. Esta situación ocurrió en simultáneo con el incremento presupuestal que recibió el programa a partir del año pasado. A los problemas de gestión que enfrenta, sin criterios adecuados de identificación, se suman las limitaciones para expandir la cobertura pues, pese al mayor presupuesto, la cantidad de beneficiarios continúa por detrás de años previos.  

En parte, el reciente incremento en infiltración se explicaría por la debilitación del sistema producto de la Ley N.° 31782, publicada a mediados de 2023, que modificó las normas complementarias para la ejecución del programa. Esta eliminó el requerimiento de la validación de la población atendida a través del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), de manera que ahora la identificación de la población en situación de pobreza recae en los alcaldes y funcionarios responsables. 

La excesiva discrecionalidad de los municipios genera problemas adicionales, como la discontinuidad en la entrega de raciones alimentarias. De acuerdo con el último informe de la Contraloría General de la República, con base en los resultados de gestión de 2023, apenas el 26.2% de las municipalidades otorgan el PVL entre 331 a 365 días del año, pese a que la Ley N.º 27470, Ley que establece normas complementarias para la ejecución del PVL, exige una atención diaria. Además, durante el primer trimestre del año, menos del 50% de los municipios entregan el servicio. 

También hay problemas en la administración del presupuesto, que depende de cada municipalidad. En 2023, casi todo el presupuesto asignado al PVL fue ejecutado, pero apenas el 47% se utilizó en la adquisición de alimentos, mientras que el resto se destinó a gastos administrativos, según la Contraloría. Sin embargo, pese a la prioridad en la logística del programa, entre enero de 2021 y junio de 2024, la Defensoría del Pueblo recibió 790 quejas en temas recurrentes como la demora en entregas del servicio, compras de los productos alimentarios, entregas incompletas, reducción en las raciones, entre otros motivos. 

Resultados de gestión departamental

Los problemas de gestión se agudizan al interior del país, donde 21 de 24 departamentos reportan niveles de infiltración cercanos o superiores al 50% de los beneficiarios. Los más afectados fueron Ica (82.6% de los beneficiarios no eran pobres), Madre de Dios (76%) y Lambayeque (73.1%). Estos mismos, destacaron con los menores niveles de pobreza monetaria el año pasado, de manera que debe considerarse redistribuir el presupuesto que reciben hacia otras regiones. 

Por el contrario, Cajamarca (31.7%) y Loreto (37.6%) reportaron los niveles más bajos de infiltración. Sin embargo, esto se explicaría por la generalización de la pobreza, porque ambos registraron los niveles más elevados el año pasado. Así, la mejor selección de beneficiarios no se puede atribuir únicamente a una exitosa gestión del PVL, sino a una menor proporción de población no pobre en dichas regiones.  

Por la naturaleza de las intervenciones asistenciales, es común registrar niveles de infiltración, pero cuando casi la mitad o más de los beneficiarios no están en condición de pobreza, la efectividad del PVL disminuye considerablemente. Resultados de años anteriores evidencian que, inclusive con la validación a través del SISFOH, la infiltración se mantuvo elevada. Por ello, homogeneizar los criterios del SISFOH y del Instituto Nacional de Estadística e Informática, para identificar a la población vulnerable, continúa pendiente.

El desempeño del PVL evidencia las deficiencias estructurales en las intervenciones asistenciales que operan en el país. Problemas de gestión similares pueden esperarse en los demás, como los programas Juntos, Qali Warma, Cuna Más y Pensión 65, entre otros. Descontinuarlos no es una opción, porque la población vulnerable requiere apoyo, pero los resultados sugieren que, sin una revisión interna en la administración y los criterios de selección, la mitad o más del presupuesto puede acabar destinado a población que no requiere asistencia social.