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EL COSTO DE LA INFORMALIDAD

Por ComexPerú / Publicado en Junio 05, 2020 / Semanario 1028 - Actualidad

Las expectativas de crecimiento para este año a nivel global resultan poco auspiciosas y se esperan contracciones a nivel global, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, llama la atención que, en el primer trimestre del año, pese a sufrir las consecuencias de la COVID-19, la economía colombiana haya registrado un dinamismo del 1.1%; mientras que la peruana, así como otras más de la región, haya caído un 3.4%. Dicha diferencia de resultados se explicaría por distintos factores estructurales, así como de capacidad de respuesta a la pandemia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el primer trimestre de 2020, el consumo privado en nuestro país, componente mayoritario de nuestro PBI, retrocedió un 1.7%, con respecto al primer trimestre de 2020. Por su parte, según cifras de la Dirección Nacional de Estadística (Dane), el consumo privado colombiano se incrementó un 3.7%. Dicho resultado sería explicado por los ahorros e ingresos acumulados durante la primera etapa del año.

Un detalle no menor, que distingue largamente nuestras economías y que habría tenido un peso significativo frente a la actual crisis sanitaria, es el nivel de informalidad, ya que este se asocia con trabajadores que tienen menor productividad y, consecuentemente, menores ingresos. Así, mientras que en el Perú la informalidad es del 72% del empleo total, en Colombia es del 47.9%, según la Dane. Cabe mencionar que, de acuerdo con el Banco Mundial, el hecho de que la economía informal peruana genere tan solo un 40% del PBI representa un problema severo de cara a una crisis como la presente.

TRABA PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Desafortunadamente, la informalidad implica esfuerzos adicionales para dinamizar el desempeño de una economía. Por un lado, debido a que el impacto de la presente crisis será mayor en aquellos países con más problemas internos, las intervenciones mediante transferencias y subvenciones deberán ser de mayor tamaño para proteger el consumo de la población mencionada. Así, en un país donde el desempeño del mercado laboral se ha caracterizado por cierto estancamiento y un bajo nivel de respuesta al crecimiento del PBI (ver Semanario 1026), las personas interiorizan que tardarán en recuperarse y decidirán ahorrar parte de lo que reciban o reducir su consumo.

Evidentemente, esta situación, junto con la menor productividad de nuestra población y las expectativas menos optimistas sobre el desempeño de nuestra economía, serían factores que explicarían las diferencias en los montos considerados para las políticas de apoyo. Por ejemplo, en Colombia se implementó el programa Ingreso Solidario, que consiste en una transferencia de 480,000 pesos (equivalente a S/ 450) para todos aquellos no contemplados en alguna otra intervención asistencial ya existente. Mientras que, en nuestro país, luego de efectuarse intervenciones más focalizadas como el Bono Yo me quedo en casa, diseñado para hogares vulnerables ubicados en ámbitos geográficos con mayor riesgo sanitario; el Bono Independiente, para los trabajadores independientes, y el Bono Rural, para los hogares de estas zonas, se implementó el Bono Familiar Universal que otorga S/ 760 a todos quienes no fueron contemplados en los subsidios previos.

Por otro lado, la poca inclusión financiera de los empleados informales implica dificultades que deberá enfrentar el Gobierno para verdaderamente atender a toda la población vulnerable a través de estas transferencias. Esta situación se encontraría explicada, en parte, por la poca productividad asociada al sector, pues en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera se evidencia que un 33% de la población que tiene acceso a los servicios financieros no los utiliza por considerar que su nivel de ahorros resulta muy bajo para colocarlos en el sistema, mientras que un 22% no lo hizo por considerar muy altos los costos de este. Consecuentemente, inclusive si se considera apresurar los objetivos de la Política Nacional de Inclusión Financiera para superar el 38.1% de 2018 (ver Semanario 1025), se requerirán medidas de apoyo adicionales que incentiven a los ciudadanos a mantener y utilizar servicios financieros, lo cual resulta importante porque algunos de sus beneficios consisten en mayor estabilidad económica y en acumular ahorros para inversiones futuras como la educación, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

En efecto, el desempeño de nuestra economía se encuentra explicado por las virtudes y falencias acumuladas. Así, mientras que el respaldo en la emisión de bonos a tasas históricas responde a la estabilidad que mantenemos frente a otros países de la región, la informalidad ha revelado altísimos costos en nuestra economía, no solo en términos de productividad y crecimiento, sino para la efectividad de las políticas públicas. Por ello, resulta apremiante el diseño de políticas enfocadas en la corrección de los factores estructurales que la originan, en vez de únicamente aspirar a sobrellevar la crisis.

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