La minería es una de las actividades más importantes en nuestro país. En 2021, las exportaciones de este sector representaron el 61.9% del valor total de envíos al exterior. Asimismo, en el primer semestre de este año, estos representan el 57.3% del valor total exportado. Además, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el empleo directo en el sector minero alcanzó un resultado histórico en 2021, con un promedio de 227,407 trabajadores. Cabe destacar que esta actividad es un motor para impulsar la economía regional, debido a la cantidad de empleo formal generado, el efecto multiplicador que cada empleo directo genera sobre el empleo indirecto, los recursos transferidos al Gobierno central, y las transferencias por concepto de canon, sobrecanon y las regalías mineras que son dirigidas a los diferentes departamentos.

Según el último reporte de conflictos sociales, elaborado por la Defensoría del Pueblo, a junio de 2022, se registraron 207 conflictos sociales en el país. De estos, el 63.3% correspondieron a conflictos de tipo socioambiental (131 casos), de los cuales el 67.2% corresponde a conflictos relacionados con la actividad minera (88 casos).

Según anteriores reportes de la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales relacionados con la minería prevalecen como el principal tipo de conflicto que se registra en nuestro país. Además, en junio de este año, de los 6 nuevos conflictos registrados, 4 son de tipo socioambiental, y la totalidad están relacionados con la actividad minera. Así, esta problemática es persistente en el Perú.

Al analizar los beneficios que genera la actividad minera en el país, especialmente en los departamentos en los que opera, observamos que la actividad extractiva genera recursos que son transferidos a los Gobiernos subnacionales. Así, entre enero y julio de este año, las transferencias por canon y regalías mineras a Gobiernos locales y regionales registraron un récord histórico, al sumar S/ 9,849 millones, lo cual representa un 65% más que lo registrado, inclusive, en todo el año anterior.

Además, a nivel desagregado, las transferencias por concepto de canon minero sumaron un valor de S/ 7,844 millones entre enero y julio de este año, 2.7 millones más que lo transferido el año anterior. Por su parte, las transferencias de regalías mineras a julio de 2022 alcanzaron los S/ 2,005 millones.

Según cifras del Minem, los departamentos que recibieron mayores montos por concepto de canon minero fueron Áncash (S/ 2,086 millones), Arequipa (S/ 1,119 millones), Tacna (S/ 841 millones), Ica (S/ 828 millones) y Moquegua (S/ 574 millones). Además, destaca el departamento de Apurímac, que recibió más de S/ 316 millones por concepto de canon minero en 2022. Este resultado revela la importancia de la actividad minera, que representa aproximadamente el 78% del PBI del departamento.

En contraste con el buen resultado de las transferencias de recursos hacia los Gobiernos subnacionales, observamos que Apurímac es el tercer departamento que más conflictos sociales registró a junio de 2022, con un 7.7% del total de conflictos activos y latentes a nivel nacional (16 casos). Como hemos mencionado en el reporte de análisis del canon, sobrecanon y regalías, los Gobiernos subnacionales registraron un nivel de ejecución promedio de los recursos del 65% en los últimos cinco años.

La persistencia de los conflictos sociales genera grandes perjuicios a la economía peruana. Debido a los conflictos mineros, el BCRP redujo la proyección de crecimiento para la economía del 3.4% al 3.1% para el presente año. Así se esperaba que el desempeño del sector primario creciera un 5.3%; sin embargo, se corrigió esta proyección al 3.4% por los conflictos relacionados a la minería, en casos importantes como Las Bambas, Cuajone, entre otros. Solo en Las Bambas, cuyas operaciones estuvieron paralizadas entre el 20 de abril y el 15 de junio, se perdió un valor total de exportaciones por US$ 511 millones. Algo similar ocurrió en la mina de Cuajone, cuya paralización significó una pérdida de US$ 253 millones en valor exportado.

¿QUÉ MEDIDAS SE DEBEN TOMAR?

En setiembre de 2019, en el Perú se creó el comité consultivo denominado Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esta delegación tiene como objetivo proponer medidas normativas y de gestión, así como de política pública, para el desarrollo de actividades mineras sostenibles. En el informe final de la Comisión, se destaca que los recursos mineros están ubicados en territorios complejos desde el punto de vista social, cultural, ambiental y político. Estas áreas, menciona el documento, poseen gran diversidad cultural, a lo que se suma una débil presencia estatal y la poca incorporación de la población a la ciudadanía plena.

Entre algunas de las causas de los conflictos sociales vinculados con la actividad minera, destacan la incapacidad estatal y social para mejorar la calidad de vida de las personas mediante un uso eficaz, equitativo y sostenible de los recursos públicos, en particular de las transferencias que realiza la actividad minera. Así, el persistente problema de ejecución de los recursos, que viene ocurriendo desde hace años atrás, debe resolverse, ya que al usar de manera eficiente las transferencias provenientes de la actividad extractiva, estas se traduzcan en mejores servicios públicos, una óptima infraestructura y una atención oportuna de las demandas de los ciudadanos. La minería formal es un importante motor para la economía, por lo que el Estado debe cumplir su rol ejecutando de manera eficiente los recursos.