La educación es un derecho fundamental de todo ser humano, ya que es uno de los instrumentos más poderosos e importantes para que las personas que se encuentran en la pobreza tengan la oportunidad de salir de ella y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, a pesar de que es un derecho, en la actualidad, no todos los niños acceden a ella, debido a la incapacidad del propio Estado en la administración y ejecución de los recursos públicos. Esta situación se ha agravado aún más tras el contexto de pandemia. 

Según el informe del Banco Mundial, la pobreza de aprendizaje, indicador que mide el porcentaje de niños que no pueden leer y comprender un texto simple a los 10 años, no registró una reducción entre 2015 y 2019 a nivel mundial. En este sentido, la organización prevé que es altamente probable que esta haya aumentado tras la pandemia, pues recordemos que, para evitar los contagios, se cerraron las instituciones educativas por un largo tiempo. Y a pesar de que se implementó la educación virtual, esta no fue accesible para todos. 

Asimismo, en el informe se menciona que, en el caso de América Latina y el Caribe, la pobreza de aprendizaje fue del 52% en 2019; y se prevé que, en el mejor escenario, esta sea del 75% en 2022 o, en el peor, del 81%. Esta situación no es ajena al Perú pues, según cifras del Ministerio de Educación, la tasa de deserción permanente [1] en educación primaria y secundaria de 2019 a 2021 fue del 61.8% y el 73.4%, respectivamente. Además, cabe mencionar que en la prueba PISA 2018 —en la cual se evaluaron las áreas de comprensión lectora, matemáticas y ciencias— el Perú ocupó el puesto 64 de un total de 77 países. Estas cifras son realmente alarmantes y reflejan el poco esfuerzo del Estado para hacer frente a esta realidad y mejorar la situación. 

Para el año fiscal 2023, se ha dispuesto que el presupuesto del sector se incremente un 16.9% respecto de 2022, con el objetivo de financiar la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura educativa, así como para paliar del rezago en el aprendizaje de los estudiantes originado por la COVID-19. Si bien con esto se busca mejorar la calidad del servicio educativo, se debe analizar la capacidad que ha tenido el Estado hasta el momento para el uso de estos recursos. 

En 2022, el presupuesto total de inversión pública asignada fue de S/ 64,818 millones. A nivel de función, del total, un 31% se destinó a transporte; mientras que solo un 15% fue para educación. Es decir, S/ 9,912 millones serían invertidos en el sector educativo; sin embargo, en dicho año solo se ejecutó el 73%, lo que quiere decir que no se gastaron alrededor de S/ 3,250 millones. 

Por otro lado, a nivel de gobierno, del total asignado para el sector educación, un 35.7% se derivó al Gobierno nacional; mientras que un 39.2% y un 25.1% fueron para los Gobiernos locales y regionales, respectivamente. De ese total, el Gobierno nacional solo gastó el 86%, y los gobiernos locales y regionales invirtieron, cada uno, el 65%. Estos resultados son preocupantes pues, aun cuando el presupuesto del sector ha ido aumentando en el tiempo, el porcentaje de ejecución es bajo, especialmente el de los Gobiernos subnacionales. En este contexto, resulta interesante poner bajo la lupa la situación educativa de algunos departamentos. 

Según el índice de Competitividad Regional (Incore), elaborado por el Instituto Peruano de Economía, en las ediciones de 2019 a 2022, el departamento que ocupa el último lugar en el ranking es Loreto. Si analizamos el pilar de educación, en la última edición, se ubicó en el penúltimo lugar, ya que retrocedió en el indicador de porcentaje de personas con secundaria completa. Además, no se registraron avances en el rendimiento escolar de primaria y secundaria, ni en el porcentaje de colegios con acceso a internet. Cabe mencionar que el acceso a servicios básicos de las instituciones educativas es precario en el departamento. Según el Censo Educativo 2022, realizado por el Ministerio de Educación (Minedu), en Loreto existe un total de 5,011 locales educativos, de los cuales solo el 9% tiene acceso a agua; el 19%, a desagüe; el 17%, a electricidad, y el 14%, a internet. Además, 1,232 instituciones están en riesgo de colapsar, lo que dejaría a varios niños sin educación por un buen tiempo. 

Así como Loreto, existen otros departamentos donde los servicios educativos son precarios, no solo en lo que respecta a infraestructura, sino también en cuanto a la calidad de enseñanza. Por tanto, la educación de varios niños se encuentra en riesgo para este próximo año escolar, lo cual, a la larga, también afecta el desarrollo y la competitividad del país.

[1] Este es el número de desertores de determinado nivel educativo (inicial, primaria o secundaria) de determinado año que no volvieron a ser matriculados, expresado como el porcentaje del número total de desertores matriculados en ese año.