Aunque el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta un crecimiento por encima del 3% para 2025, el paro minero informal revela tensiones territoriales que podrían afectar exportaciones, logística y expectativas empresariales si no se gestiona con rapidez.

El BCRP ha mantenido su proyección de crecimiento económico en un 3.1% para este año, sustentada en la recuperación de sectores no primarios y la mejora del entorno internacional. Sin embargo, el contexto local revela tensiones que podrían comprometer dicha estimación. Desde fines de junio, el paro nacional de mineros informales ha generado bloqueos en corredores logísticos clave y ha afectado territorios de fuerte actividad minera. Esta protesta social, aún sin solución, podría traducirse en disrupciones relevantes para el desempeño exportador. Así, se abre una brecha entre las proyecciones macroeconómicas y una realidad que sigue marcada por riesgos sociales y falta de control efectivo del Estado.

Miles de mineros informales mantienen bloqueos activos en departamentos como La Libertad, Ayacucho, Arequipa, Ica, Puno, Cusco y Apurímac. La principal exigencia del movimiento es la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia culmina este año. Hasta el momento, no existe una respuesta por parte del Ejecutivo que permita canalizar el conflicto ni reducir la tensión territorial.

El impacto del paro no es menor: muchos de los corredores bloqueados forman parte de las rutas por donde se transporta gran parte de la producción minera formal, especialmente de cobre, oro y zinc. Esto se traduciría en retrasos en la cadena logística, mayor costo operativo para las empresas formales y pérdida de competitividad frente a otros países productores. Si el conflicto se prolonga, el efecto sobre las exportaciones podría sentirse en los próximos meses. El riesgo es mayor si se considera el peso de la minería en la economía nacional. De hecho, según el BCRP, el PBI de julio habría recibido un impacto de aproximadamente un -0.2 %, como resultado directo de las protestas de mineros informales que bloquearon un corredor clave del cobre.

Minería informal: el problema de fondo

Detrás del actual conflicto subyace un problema estructural no resuelto: más de 80,000 mineros figuran en proceso de formalización a través del Reinfo, pero tras años de vigencia del programa, los avances son mínimos y los resultados tangibles escasos. Esta informalidad sostenida no solo evade responsabilidades tributarias y laborales, sino que también genera serios riesgos ambientales, sociales y de seguridad, particularmente en zonas con débil presencia del Estado.

La convivencia prolongada entre minería formal e informal ha generado tensiones operativas para empresas que sí cumplen con los estándares exigidos. Esta situación incrementa los riesgos operativos y añade incertidumbre en zonas estratégicas para el desarrollo del sector. Sin una estrategia integral que combine control estatal efectivo, incentivos para la formalización y alternativas productivas sostenibles, el conflicto seguirá reapareciendo, con costos crecientes para la economía nacional.

Más de dos décadas de informalidad tolerada

Como se expuso en el Semanario 1230, el problema de fondo no es reciente. Han pasado más de 22 años desde los primeros esfuerzos por formalizar a la minería artesanal y de pequeña escala, pero los resultados han sido pobres. Se estima que actualmente hay entre 300,000 y 500,000 mineros informales operando en el país, mientras que apenas 18,561 lograron culminar exitosamente el proceso de formalización. Esto representa un fracaso estructural.

Durante este tiempo, el esquema de formalización se ha ampliado reiteradas veces (2019, 2021, 2024), sin una estrategia articulada entre ministerios ni presencia estatal sostenida en los territorios. En consecuencia, la minería ilegal no solo persiste, sino que se ha vinculado a actividades delictivas como el contrabando de oro, la deforestación y el crimen organizado, lo que se ha evidenciado en casos recientes en Pataz y Madre de Dios.

Expectativas empresariales y señales de cautela

Pese a la conflictividad territorial, las expectativas empresariales se mantienen en términos generales dentro del tramo optimista. Sin embargo, como se detalló en el Semanario 1260, sectores como minería, comercio y manufactura han comenzado a mostrar retrocesos. Estos ajustes reflejan, en parte, una mayor cautela frente a la evolución del entorno local, la incertidumbre regulatoria y la persistente fragilidad institucional.

Aunque todavía no se ha producido una corrección drástica, el deterioro parcial de las expectativas en sectores clave sugiere que el contexto actual está afectando la percepción empresarial. La falta de control territorial, las protestas sociales no resueltas y la ausencia de reformas estructurales siguen restando predictibilidad al panorama económico. Si no se corrigen a tiempo, estos factores podrían traducirse en menor inversión privada y desaceleración de la actividad productiva en el mediano plazo.

Aunque el impacto del paro minero podría ser transitorio mientras duren las protestas, cualquier interrupción compromete el desempeño exportador y la recaudación fiscal. Sostener la senda de crecimiento proyectada requiere una estrategia integral que combine control territorial efectivo y mecanismos reales de formalización. De lo contrario, la economía seguirá creciendo en cifras, pero con pies de barro: apoyada en una base inestable, con conflictos latentes y márgenes cada vez más estrechos para sostener la competitividad.