La organización Transparency International elabora y publica anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés), el cual es reconocido como el principal indicador de corrupción en el sector público a nivel mundial. En el CPI 2021, publicado en enero último, se clasificó a 180 países y territorios, con una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (libre de corrupción), y se destaca que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, con escaso o ningún progreso en el 86 % de los países evaluados en los últimos diez años. 

En cuanto a la región de América[1], se mantiene un puntaje promedio de 43 sobre 100 por tercer año consecutivo en el CPI 2021, donde se evaluó a 22 países que no muestran cambios significativos en sus niveles de corrupción. Los países de la región que destacan por su alta puntuación son Canadá (74), Uruguay (73), Chile (67) y EE. UU. (67), mientras que aquellos con menor puntuación son Venezuela (14), Haití (20) y Nicaragua (22).

A lo largo de 2021, la región fue testigo de graves ataques contra las libertades de expresión, prensa y asociación, que son derechos civiles y políticos fundamentales para construir democracias sanas y libres de corrupción. A esto se suma la nula capacidad de respuesta de los Gobiernos frente a la crisis de salud generada por la COVID-19, que demostró una vez más la débil institucionalidad y las más profundas desigualdades sociales y económicas, lo que contribuyó a una crisis continua de la democracia.

En países como Brasil (38), Venezuela (14), El Salvador (34) y Guatemala (25), los Gobiernos utilizaron la intimidación, la difamación, las noticias falsas y los ataques directos contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas, incluidos los que luchan contra la corrupción, como una forma de desacreditar y silenciar a los críticos. En Colombia (39), graves excesos en el uso de la fuerza policial se registraron durante las manifestaciones multitudinarias contra la reforma tributaria que paralizaron el país, así como violaciones a los derechos de movilización, participación y protesta.

Sin embargo, según el CPI 2021, es importante reconocer a dos líderes de Latinoamérica, Uruguay y Chile, que ocuparon los puestos 18 y 27 en el ranking general, respectivamente. Por su parte, el Perú se ubicó en el puesto 105, con lo que retrocedió 11 posiciones respecto de 2020, y se le otorgó un puntaje de 36, una caída de dos puntos con respecto al año anterior.

Cabe resaltar que nuestro país, en comparación con otros de Latinoamérica, se encuentra clasificado como uno con niveles altos de corrupción. Asimismo, es importante mencionar que este índice solo cubre los primeros nueve meses del año pasado y deja de lado los recientes escándalos del Gobierno actual, vinculados con la falta de transparencia. Todo esto es resultado de que en nuestro país se padece de impunidad e inestabilidad política por corrupción estructural, según el informe.

Al respecto, de acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República (CGR), el cálculo del tamaño de la corrupción e inconducta funcional del Gobierno para los años 2019 y 2020 fue de S/ 23,397 millones y S/ 22,059 millones, respectivamente, lo que equivale al 3% del PBI. Se destacan los esfuerzos de la CGR para saber dónde están los más altos niveles de corrupción e inconducta funcional, a fin de priorizar esfuerzos en la creación de políticas, programas y otras medidas para luchar contra la corrupción.

Es necesario reflexionar sobre los efectos de la corrupción y lo que significa para la democracia y la legitimidad de nuestras instituciones en este último año. Por ello, es importante seguir generando evidencia sobre los efectos de la corrupción, así como su relación con la gobernabilidad; seguir fortaleciendo las capacidades de los funcionarios y la sensibilización frente a los programas anticorrupción, de forma que se pueda tener mejores resultados en la lucha contra este mal.

[1] Incluye a América del Norte, América del Centro y América del Sur.