El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Particularmente, creo que no hay nada que celebrar. En 2019, se registraron 165 feminicidios en el Perú y en los dos primeros meses del año ya se registran 30 casos.   

Este es un grave problema en América Latina, donde México y Brasil tienen el mayor número de feminicidios, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, esta es la segunda región con mayor tasa de feminicidios, 1.6 por cada 100,000 habitantes, superada solo por África. Cada 2 horas y media se registra un feminicidio y el 80% de la violencia física se comete en contra de mujeres.

En el Perú, este es un problema que va en aumento. Según el INEI, en 2015, las víctimas de feminicidio sumaron 84, mientras que en 2019 se reportaron 165. Lima, La Libertad, Cusco y Huánuco reportaron los mayores números de feminicidios. En 2018, del total de la población penitenciaria que ingresó por este delito (484), más del 55% se encuentran en situación de procesados, aún sin sentencia. Además, un 44% de las víctimas son mujeres de entre 18 y 29 años de edad, un 46% de los victimarios son parejas de las víctimas y un 23%, sus exparejas.

Por la parte legal, desde 1997, contamos con la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Luego, en 2015, se aprobó la Ley 30364, y en 2017, el Decreto Legislativo 1323, que introdujeron reformas a la ley penal en materia de violencia de género. En materia de atención, los Centros Emergencia Mujer (CEM) brindan servicios legales, de defensa judicial, consejería psicológica y asistencia social para víctimas de la violencia contra la mujer e integrantes de la familia, y en su mayoría son atendidos por mujeres. Definitivamente, son un mecanismo que debe ser fortalecido.

Si bien las medidas mencionadas constituyen avances, no son suficientes y se requieren acciones urgentes para atender este problema social y de inseguridad que afecta uno de los derechos fundamentales de la persona, el derecho a la vida. La reforma del sistema judicial es crucial. Se requiere fortalecer el acceso igualitario a la justicia, proteger a las víctimas de violencia, mejorar las políticas educativas en contra de la violencia y fomentar valores, además de impulsar sistemas seguros de protección al menor y casas de acogida para el cuidado de mujeres y niños.

Afrontar la problemática de la violencia contra la mujer es impostergable. Nos afecta como sociedad y es un obstáculo para convertirnos en un país con igualdad de oportunidades. El sector privado no puede ser ajeno, sino que debe formar parte de la solución y, de la mano con el sector público, difundir y fortalecer los CEM, así como potenciar programas educativos de fomento de valores, respeto y trato igualitario entre sus trabajadores, entre otras iniciativas.

Todos los ciudadanos, hombres y mujeres, debemos ser libres y vivir sin miedo.