En un contexto de precios altos de minerales, tenemos servida la oportunidad de convertirnos en un destino atractivo para impulsar la inversión privada minera y, con ello, la generación de empleo. Además, podríamos aumentar la recaudación del canon para que Gobiernos locales y regionales accedan a más recursos para hacer obras y cerrar las brechas sociales, así como recaudar más impuestos para que el Estado pueda diseñar soluciones para la crisis alimentaria y potenciar programas sociales, así como dinamizar la economía regional que tanta falta hace. 

Sin embargo, como lo ha señalado el presidente del BCRP, Julio Velarde, los golpes a la minería —las paralizaciones de producción y las huelgas— impiden un mayor crecimiento del país. Y es precisamente el Gobierno el que petardea el sector minero al no atender los conflictos sociales, sino, por el contrario, incentivarlos. El resultado es que la producción minera cayó en los meses de febrero y marzo un 2.08% y un 3.21%, respectivamente. Una oportunidad perdida. 

Ya El Comercio había advertido a través de ECData que las paralizaciones mineras nos cuestan US$ 1,160 millones, que se han dejado de pagar US$ 348 millones en impuestos y regalías, y que se dejaron de exportar US$ 470 millones. 

Y como si eso no fuese suficiente, el partido de Gobierno nos quiere meter un balazo en el pie y ha presentado un proyecto de Ley para la Nacionalización del Cobre y la creación de la Empresa Nacional Las Bambas. 

Las empresas estatales han mostrado históricamente ser un fracaso en el Perú. Generaron enormes pérdidas monetarias, ineficiencia, corrupción y copamiento de cargos. ¿Para eso el Gobierno quiere participar en la exploración y explotación del cobre? Basta ver lo que han hecho con la empresa estatal más grande del país, Petroperú, ejemplo de absoluta ineficiencia. Recientemente, el Gobierno ha tenido que otorgarle un préstamo de US$ 750 millones para salvarlo. Con ese dinero se pudo haber casi triplicado el presupuesto del programa Juntos o multiplicado por 1.4 el de Qali Warma, que hoy es mucho más urgente. 

La aventura empresarial estatal de la explotación del cobre la pagaríamos todos los peruanos. Ahuyentaría inversiones (no solo mineras) ante los riesgos de expropiación, lo cual afectaría aún más el empleo en el país, habría menos exportaciones, ingresos y se reducirían los recursos para invertir en obras públicas. 

La minería sí genera recursos y muchos, pero el problema es el Estado, que no los invierte en favor de la población. Urge que se haga responsable y que todos los peruanos exijamos un uso eficiente y transparente de este dinero para cerrar las brechas sociales.