La crisis actual en Machu Picchu no es un problema local, sino un riesgo sistémico con costos económicos y reputacionales inmediatos, que podrían extenderse en el largo plazo. Los bloqueos, problemas en la operación de los buses y trenes, y la inseguridad e incertidumbre alrededor del acceso a la llaqta ponen en riesgo el empleo, el ingreso de divisas y la dinamización de la cadena turística en Cusco y el resto del país. 

En los últimos días, los bloqueos y la disputa por la operación de la ruta Hiram Bingham han dejado a turistas varados y han obligado a empresas ferroviarias a suspender rutas como la de Ollantaytambo–Machu Picchu por falta de garantías, lo que afecta la oferta y genera pérdidas diarias significativas para el sector. La interrupción del transporte en la ruta terrestre y ferroviaria ha sido el detonante visible, pero el trasfondo es una gestión fragmentada y con déficits operativos. 

La fragmentación institucional no es reciente. Las competencias dispersas en torno a la gestión del patrimonio, entre la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco (adscrita al Mincul), el Sernanp (adscrito al Minam), Mincetur, el Gobierno regional y las municipalidades —sin una coordinación técnica permanente que regule accesos, rutas y protocolos de contingencia— demuestra, una vez más, que el impacto de una inadecuada gestión trasciende al efecto inmediato: el daño reputacional y la mala experiencia ofrecida al visitante tienen un impacto no solo para los próximos días, sino que pueden afectar los siguientes meses o temporadas. 

Este riesgo, alertado en diversas ocasiones por los gremios vinculados con el turismo y la prensa nacional e internacional no es solo una advertencia sin consecuencias. Recientemente, la fundación New7Wonders emitió una advertencia pública sobre la situación de Machu Picchu y señaló que, de no corregirse la gestión en plazos cortos, la distinción como una de las “7 maravillas del mundo moderno” podría revisarse. Esa alerta no es solo por los recientes problemas, sino un síntoma de que la percepción internacional sobre la calidad de la experiencia y la sostenibilidad de la gestión ya está deteriorada. 

¿Cómo va el desempeño en Machu Picchu y qué acciones se deberían tomar?

La afluencia de visitantes a la ciudad perdida de los incas ya empieza a mostrar señales de una inadecuada e ineficaz gestión. Según datos oficiales de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (adscrita al Mincul), reportados por el Mincetur, en junio ingresaron 130,796 visitantes al Santuario Histórico de Machu Picchu, un 2.1% menos que en junio de 2024. Además, la caída mensual continuó en julio: 158,522 visitantes (entre nacionales y extranjeros) arribaron a Machu Picchu, un 1.9% menos que en el mismo mes del año anterior. 

El resultado de los últimos dos meses no solo demuestra una desaceleración en el crecimiento, también es la primera caída porcentual mensual de los últimos 21 meses (desde noviembre de 2023). Además, si lo comparamos con el desempeño de 2019 (sin pandemia ni conflictos sociales), el resultado de junio estuvo un 1.3% por debajo, y el de julio fue un 5.7% menos que en julio de 2019. 

Incluso, si consideramos el aforo dinámico aprobado por el Ministerio de Cultura mediante la Resolución Ministerial N.º 000404-2024-MC, el cual establece que la capacidad máxima de carga durante temporada alta en 2025 es de 5,600 visitantes por día, y que una de las fechas consideradas como temporada alta va del 19 de junio al 2 de noviembre de 2025, esto implicaría una capacidad total mensual para junio de 148,200 visitantes y 173,600 para julio. Lo anterior implicaría que solo en julio último, 15,078 plazas para visitar Machu Picchu quedaron sin utilizar o, lo que es lo mismo, que 486 entradas diarias no se utilizaron, en promedio. Esto ocurre aun cuando cada día decenas de turistas no tienen la posibilidad de visitar la llaqta debido al manejo de la venta presencial de entradas. 

Los problemas de gestión en Machu Picchu requieren que el Gobierno, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, asuma un rol de liderazgo directo en la implementación de acciones concretas. Entre las más urgentes, es necesario tomar acción frente a quienes promueven el desorden y la violencia para lograr objetivos particulares. Así mismo, se debe asegurar que el proceso de licitación y transición de la operación de la ruta Hiram Bingham se desarrolle bajo los principios de transparencia, predictibilidad y legalidad, para garantizar la formalidad, seguridad y sostenibilidad en la prestación del servicio. De igual forma, se debería crear una Autoridad Autónoma Nacional de carácter técnico para concentrar y articular la gestión integral del Santuario Histórico de Machu Picchu. Dicha entidad debería integrar la protección y conservación del patrimonio cultural y natural con la gestión sostenible de la actividad turística, como ejes complementarios para una gestión a largo plazo. 

El turismo no puede depender de conflictos sociales que tienen intereses particulares. Perder la condición de “maravilla mundial” sería el síntoma de un daño mayor: la afectación de la cadena turística, que abarca desde guías de turismo, agencias de viaje, hoteles, restaurantes, artesanos, entre otros. Si el Gobierno no actúa con celeridad y criterio técnico, el costo será la pérdida de una ventaja competitiva y un impacto económico no solo local o regional, sino nacional.