El acceso a la justicia, con reglas claras, transparentes y predecibles, es un derecho que tenemos todos los peruanos. Sin embargo, esta ha sido una de las grandes fallas del Estado. Su incapacidad de proveer un sistema judicial eficiente se ha convertido en un freno para el desarrollo económico y social del país. No avanzaremos hacia una sociedad con mayor equidad, donde todos los peruanos contemos con los mismos derechos y oportunidades, sin una reforma integral del sistema de justicia.

Día a día, los ciudadanos somos testigos de situaciones en las que se hace evidente esta problemática: policías que ven cómo se liberan a los delincuentes que han apresado porque no se les abre proceso, mujeres desamparadas a pesar de tener una orden judicial que debe protegerlas de sus agresores, madres y niños que esperan se hagan efectivas las sentencias por alimentos, presos sin sentencias, violadores y asesinos que vuelven a las calles porque se vence la prisión preventiva y no tienen un proceso, corruptos que están libres y que siguen violentando instituciones, miles de peruanos maltratados que pierden meses o años en procesos judiciales sin conseguir una sentencia. Así, tenemos un ciudadano desprotegido con un Estado que vulnera su derecho de acceso a la justicia.

Una arista clave de esta problemática es la falta de un sistema de derechos de propiedad que genera no solo que las inversiones se paralicen, ya que aparecen posesionarios o presuntos propietarios de terrenos que reclaman derechos y compensaciones ante un sistema judicial ineficiente y muchas veces cómplice, o poblaciones de escasos recursos engañadas por traficantes de tierras, las cuales terminan siendo severamente afectadas por la debilidad del sistema.

Basta ver cómo estamos en los rankings internacionales. En el pilar institucional del último Reporte de Competitividad Global, del Foro Económico Mundial, el Perú se encuentra en el puesto 94 de 141 países. Sin embargo, en el indicador de Derechos de Propiedad nos encontramos en el puesto 121, mientras que en la Independencia del Poder Judicial estamos en el 122. Por su parte, en el informe Rule of Law 2019, del World Justice Project, el Perú se sitúa en el pilar de Justicia Civil en el puesto 89 de 126 países, mientras que en Justicia Penal nos encontramos en el 105. Según el Latinobarómetro 2018, la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial en el Perú era de solo el 16%, cuando el promedio de América Latina era del 24%.

El Estado no puede estar de espaldas al ciudadano, sino que debe garantizar que las instituciones sean sólidas y protejan sus derechos. La economía social de mercado ha permitido generar crecimiento económico, reducción de la pobreza y mejora de oportunidades, pero un acceso efectivo a un sistema de justicia transparente y eficiente es fundamental para el desarrollo social y para saldar la deuda que se tiene, sobre todo, con la población más vulnerable. Está en manos del Gobierno liderar una reforma integral del sistema de justicia. Solo así tendremos una economía social de mercado en beneficio de todos.