A pesar del crecimiento económico sostenido en las últimas décadas, el Perú aún no ha logrado consolidar un Estado con la capacidad y legitimidad necesarias para transformar ese progreso en desarrollo humano a lo largo del territorio nacional.

Durante las últimas décadas, el Perú ha logrado avances significativos en materia económica. El crecimiento sostenido, la reducción de la pobreza y la expansión de la infraestructura han sido indicadores frecuentes de progreso. Sin embargo, estos logros no se han traducido plenamente en mejoras estructurales del bienestar. Las brechas en salud, educación, servicios básicos y seguridad siguen siendo profundas, especialmente en los territorios más vulnerables. El Informe sobre Desarrollo Humano 2025, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), plantea una hipótesis central: el principal obstáculo del país no es la falta de recursos, sino la ausencia de un Estado con suficiente capacidad para actuar y legitimidad para representar.

Entre 1990 y 2023, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Perú creció un 27%, impulsado por mejoras en ingresos, esperanza de vida y escolaridad. No obstante, el ritmo de avance se ha desacelerado desde 2018 y las desigualdades estructurales persisten. El Índice de Densidad del Estado (IDE), que mide la presencia efectiva del Estado en el territorio, revela grandes brechas entre distritos: mientras algunos cuentan con acceso pleno a servicios básicos, otros aún carecen de infraestructura sanitaria mínima o servicios administrativos elementales. Un ejemplo revelador es el estado de los hospitales: según el diagnóstico del Ministerio de Salud, al cierre de 2023, más del 93% de estos establecimientos presentaban una capacidad instalada inadecuada, es decir, no contaban con la infraestructura, el equipamiento o el personal necesarios para una atención adecuada.

Esta desigualdad territorial es solo una dimensión del problema. La confianza ciudadana en el Congreso, los partidos políticos y otras instituciones representativas se mantiene entre las más bajas de América Latina, lo que refleja un profundo desencanto con estas instituciones. Según el informe del PNUD, los ciudadanos califican la presencia del Estado con apenas 3.44 sobre 10, su utilidad con 2.58 y su capacidad de escucha con 1.98. A ello se suma la dificultad del Estado para ejecutar su presupuesto: aunque la inversión pública creció un 9.4% en el primer semestre de 2025, la ejecución sigue siendo baja en sectores sociales clave.

Por ejemplo, en 2024 sectores como vivienda y desarrollo urbano, y saneamiento solo tuvieron un 67.4% y un 73.1% de ejecución, respectivamente. Muchos proyectos se frenan por cuellos de botella institucionales o falta de planificación. Sin una presencia efectiva ni legitimidad percibida, el Estado pierde su capacidad para incidir en la vida de las personas y construir un verdadero desarrollo.

Una de las paradojas más marcadas del Perú es que, aunque la mayoría de los ciudadanos valora el régimen democrático, la insatisfacción con su funcionamiento no deja de crecer. Según la Encuesta Nacional de Hogares 2024, más del 80% de peruanos considera que la democracia es importante, pero solo alrededor del 20% cree que funciona bien. Esta desafección ha abierto espacio al apoyo creciente a salidas no democráticas como vía para enfrentar los problemas más serios del país, tal como advierte el propio informe.

A ello se suma una fragmentación política cada vez más pronunciada, reflejada en la proliferación de organizaciones con escasa legitimidad y en una oferta electoral percibida como poco representativa. Mientras tanto, las expresiones de malestar se canalizan principalmente a través de protestas que, al no encontrar respuesta institucional, terminan intensificando el desencanto con el sistema democrático. Incluso la confianza interpersonal —base mínima para la cooperación social— alcanza apenas 2.33 sobre 10. En este contexto, la falta de cohesión debilita el tejido social y bloquea los cambios estructurales que el país necesita.

Este enfoque no es únicamente normativo; tiene implicancias directas en las políticas públicas. Mejorar la cobertura de salud, garantizar el acceso universal a agua potable, reducir la inseguridad o impulsar la formalización de la economía requieren no solo de presupuesto, sino de instituciones que funcionen y generen confianza. La gobernabilidad, entendida como esa articulación entre capacidad y legitimidad, es la base de cualquier progreso duradero.

El Perú enfrenta un desafío institucional profundo: crecer es una condición necesaria, pero no es suficiente para cerrar brechas sociales ni garantizar derechos. Sin un Estado que actúe con eficacia y represente con legitimidad, el desarrollo humano seguirá limitado por una gobernabilidad frágil y desigual. La desconexión entre las expectativas ciudadanas y la capacidad de respuesta del sistema político no solo genera frustración, sino que erosiona las bases de la convivencia democrática. Revertir esta situación requiere algo más que reformas técnicas o inyecciones de presupuesto: exige reconstruir el vínculo entre Estado y sociedad.