La seguridad ciudadana es una condición necesaria para el desarrollo económico sostenible. En el Perú, el crimen representa costos directos e indirectos que afectan tanto el bienestar de las familias como la confianza del sector productivo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el delito impacta negativamente sobre el capital humano, debilita la inversión y erosiona la confianza institucional. 

De acuerdo con el Banco Mundial, uno de cada tres homicidios que suceden en el mundo ocurren en América Latina, a pesar de que solo tiene una décima parte de la población, y un 23% de las empresas han declarado pérdidas por robo y vandalismo, cifra por encima del promedio mundial, que es del 14%. Esto genera una reducción del crecimiento potencial, en especial para las micro y pequeñas empresas (mypes), que representan el 99.7% del tejido empresarial peruano. 

Diversos indicadores demuestran el deterioro de la seguridad en el Perú. Como mencionamos en el Semanario 1250, la tasa de homicidios en el país se incrementó un 74% en los últimos cinco años, mientras que las denuncias por extorsión crecieron un 438% en el mismo periodo de análisis, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) y el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), respectivamente. 

Las mypes están en la primera línea del impacto de la creciente inseguridad. Por un lado, las extorsiones impulsan el cierre de negocios. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, solo en Lima, más de 2,000 establecimientos optaron por cerrar debido a la extorsión que obliga al pago de “cupos”, con pérdidas que superarían los S/ 500,000 (ver Semanario 1266). 

Si bien la lucha contra la inseguridad ciudadana es una de las funciones a cargo del Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial; entre otros organismos, los Gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) juegan un rol importante: cuentan con partidas presupuestales para atender la problemática y, además, son el nivel de Gobierno más cercano a los negocios de menor tamaño. 

En 2024, el 65.8% de municipalidades a nivel nacional contó con servicio de serenazgo, según cifras del Registro Nacional de Municipalidades (Renamu). Sin embargo, las diferencias a nivel departamental son visibles. En la provincia constitucional del Callao y en Ucayali, el 100% de municipios cuentan con el servicio. Puno, Huánuco e Ica complementan el top 5 de departamentos en los que un mayor porcentaje de sus municipios cuentan con servicio de serenazgo, con el 94.5%, 94% y 93%, respectivamente. En el extremo opuesto, en Moquegua (42.9%), San Martín (32.1%), Apurímac (31.8%), Cajamarca (28.3%) y Amazonas (13.1%) se registran las tasas más bajas. 

Otro indicador sobre el nivel de atención que las municipalidades dan a la seguridad ciudadana está relacionado con el uso de la tecnología para prevenir y reaccionar ante el crimen. De acuerdo con cifras del Renamu, en 2024, solo el 31.1% de municipalidades a nivel nacional contó con equipos de comunicación y videovigilancia, como cámaras para las actividades de serenazgo. En la provincia constitucional del Callao, el 100% de sus municipios contaron con este recurso. Tumbes (76.9%), Ica (60.5%), Lima (54.4%) y Cusco (50%) complementan el top 5. En el extremo opuesto, en Huancavelica (16.7%), San Martín (10.3%), Loreto (9.4%) y Amazonas (8.3%), un porcentaje reducido de sus municipios cuentan con cámaras de videovigilancia. Resalta Madre de Dios, donde ninguno de sus municipios contó con este recurso en 2024, a pesar de que es la región con la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes más alta del país (21.4).  

La inseguridad ciudadana no es solo una amenaza para la seguridad pública, sino un obstáculo central para el desarrollo económico. Los recursos destinados a combatirla deben utilizarse de forma estratégica, eficiente y descentralizada. Fortalecer la capacidad operativa de los Gobiernos subnacionales —municipalidades provinciales y distritales— es fundamental para articular respuestas efectivas en territorios con condiciones heterogéneas. Garantizar que el presupuesto llegue y se ejecute bien, acompañado por sistemas de evaluación y monitoreo, es clave para proteger la vida, el capital humano y el entorno de negocios, en un contexto en el que los municipios administran S/ 2,658 millones para la función de orden público y seguridad este año, el 15.9% del presupuesto nacional para esta función, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).