Algunos parecen olvidar que el Perú ha sumado 20 años de crecimiento ininterrumpido y se ha consolidado como una de las economías más sólidas de la región; que ha logrado reducir la pobreza del 49.1%, en 2006, al 20.5%, en 2018; que se encuentra integrado plenamente al mundo; y que ha vivido un boom exportador, al posicionar, hoy en día, 20 productos en el ranking mundial de exportaciones. Y esto ha sido posible al tener como política de Estado un modelo de economía de mercado; contar con disciplina fiscal; mantener un rol subsidiario de la actividad económica del Estado; promover la inversión privada, el libre comercio y la integración a la economía global; resguardar la seguridad jurídica, y mantener reglas de juego claras y transparentes.

Así, el Perú es visto como un país serio, con políticas claras y predecibles, donde la inversión privada ha sido motor de crecimiento y generadora de empleo. Porque es claro que el Estado no crea empleos por decreto, sino generando condiciones competitivas para que el sector privado haga empresa, invierta, produzca y genere puestos de trabajo y oportunidades para todos. Por su parte, el Estado es responsable de proveer, con los recursos tributarios que pagamos los ciudadanos y las empresas (porque estos tampoco se generan por decreto), servicios públicos de calidad en materia de salud, educación y seguridad, además de infraestructura y conectividad. Por ello, es fundamental una economía dinámica con la que todos ganamos.

Y sin duda hay cosas qué corregir en este camino, pero es la ruta correcta para generar desarrollo económico y social, y sobre todo para la población que aún se encuentra en condición de pobreza. Las cifras no mienten. Los modelos alternativos e intervencionistas han mostrado ser fallidos aquí y en todo el mundo.

La lucha contra la corrupción es fundamental y debe ser prioritaria y frontal. Pero más allá de ello, en lo económico, debe ser la preocupación del Gobierno que miles aún se sientan excluidos y desatendidos. Un Estado que no ha logrado proveer servicios públicos de calidad, con cobertura amplia e inclusiva, ni ha logrado avanzar en la conectividad con vías de acceso, energía, agua y saneamiento. Un Estado que, por el contrario, solo ha crecido, con más burocracia, mayor regulación y menor eficiencia. Esos son los verdaderos enemigos del desarrollo y la causa del olvido de miles de peruanos.

En los últimos meses, hemos visto un Estado que ha tenido que enfrentar demandas de una población que viene utilizando la violencia y cometiendo delitos penales como el bloqueo de carreteras y la destrucción de infraestructura pública. El manejo del daño al oleoducto Norperuano, el terrible manejo del conflicto de Las Bambas y el reciente paro agrario son algunos ejemplos. Todos con demandas probablemente válidas; sectores o poblaciones que se sienten olvidados, pero que toman acciones totalmente inadmisibles, y un Gobierno atemorizado, que cede en sus principios. Miedos que generan anuncios populistas como la eliminación de los peajes, lo que solo nos llevará a pérdidas millonarias por demandas que pagaremos todos los peruanos.

Basta ya de populismo. Los principios no se negocian. Debemos corregir, pero no podemos patear el tablero. Atendamos las demandas sin retroceder en principios como la seguridad jurídica, el Estado de derecho y la economía de libre mercado.