Una vez más, vemos reavivado el debate en torno a la inversión en prevención y respuesta ante eventos naturales que afectan de manera periódica al país. Hoy por hoy, la discusión se ha orientado al cuestionamiento de ciertos proyectos de infraestructura deportiva y extractiva, en alusión a que desvían los recursos públicos, lo que impide asignarlos a reconstrucción, ayuda humanitaria y prevención de desastres naturales.

Últimamente, la situación de emergencia se ha propagado en intensidad y magnitud; sin embargo, la opinión pública se ha desviado de los temas centrales que la generan. Estos son la asignación eficiente de recursos y la calidad en la ejecución del gasto público. Así, si bien existen recursos monetarios que son ejecutados, estos no atienden de manera eficiente la problemática nacional y su puesta en marcha genera resultados poco significativos en materia de prevención de desastres naturales.

Desborde de ineficiencia

El término clave aquí es la escasez, que es el punto de partida para toda política pública y asignación presupuestaria, pues guía la asignación eficiente de los recursos limitados hacia rubros prioritarios y de interés nacional. Así, tal parece que, desde Gobiernos pasados, aún se mantienen inversiones que distan mucho de satisfacer estos objetivos. Claramente, la inversión de PetroPerú en la refinería de Talara es una de ellas y ha sido el detonador de la discusión previamente descrita.

La “modernización” de Talara es un proyecto sin retorno social de US$ 5,400 millones desembolsados en parte por el Estado, que solo traerá un flujo de US$ 3,180 millones, a valor presente. Además, en el Perú solo se refinaron, en 2016, cerca de 142,000 barriles de petróleo por día y se tiene un déficit de balanza comercial de 28.4 millones de barriles y en aumento, según cifras del Ministerio de Energía y Minas; claramente un desembolso innecesario (ver Semanario N.° 755).

Sin embargo, la solución no pasa por transferir el gasto público de un rubro a otro, sino de la eficiencia y la efectividad del mismo mediante proyectos de infraestructura y programas de prevención. El presupuesto que se manejó a inicios del año para este rubro sumó S/ 500 millones, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); no obstante, según últimos anuncios, se sumarían S/ 2,500 millones adicionales.

Los desastres naturales ocurridos en 1983 y 1998 generaron mayores destrozos en zonas costeras, predominantemente en la costa norte del país, situación que se replica actualmente. Estos, según cifras oficiales, le costaron al país hasta 12 puntos y 6 puntos del PBI, respectivamente.

Ahora bien, el hincapié en el tema del presupuesto público recae principalmente en su ejecución, tanto en porcentaje logrado como en su calidad. De acuerdo con cifras del portal de transparencia del MEF, en 2016, la ejecución presupuestal a nivel de gobierno regional fue, en promedio, del 88.9%; y al 15 de marzo de 2017, alcanzó un 15.3%. Departamentos como Piura, Lambayeque, La Libertad y Tumbes (los más afectados) ejecutaron un 89%, 92%, 92% y 90% de su presupuesto institucional modificado (PIM) en 2016. De la misma manera, la tan mencionada partida presupuestal N.° 0068, “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, no sufre de subejecución. Los Gobiernos regionales de Tumbes y Piura, por ejemplo, han alcanzado niveles de ejecución del 96.6% y el 94.7%, destinados en su mayoría a proyectos de construcción de defensas ribereñas y desarrollo de medidas de intervención.

Inversión privada a la orden

Las cifras presentadas desmienten la subejecución, pero dejan en duda problemas aún mayores: la escasez permanente de recursos, la ineficiencia constante en el gasto, los proyectos mal ejecutados y la posibilidad de corrupción en los mismos. Así, se demuestra una vez más la incapacidad de los gobiernos regionales para gestionar una gran cartera de obras en infraestructura de todo tipo. Ante ello, la opción más viable recae, sin dudas, en el apoyo de la inversión privada.

El modelo económico actual (las relaciones público-privadas) cuenta con mecanismos efectivos para atraer a la inversión privada en materia de inversión en bienes y servicios públicos, tales como reconstrucción frente a desastres e infraestructura de prevención. Así, resalta el de obras por impuestos, mecanismo que ha generado S/ 2,738 millones en inversiones desde 2009 y concentra más de un 11% de este monto en seguridad y saneamiento. Si bien un 13% y un 7% de esta inversión se localizó en Piura y La Libertad, respectivamente, aún queda un muy amplio margen para que las empresas en la zona norte del país inviertan vía este mecanismo.

Esta historia de nunca acabar revela que no se cuenta con un programa claro de prevención y reconstrucción, y mucho menos con capacidades para gestionarlo. Si hoy le preguntáramos a cada peruano dónde quisiera que se destine el 51% de sus impuestos, sería evidente la falta de asignación eficiente y priorización de los recursos fiscales. ¿Cuánto más tendrá que pasar para darnos cuenta de esto?