El sistema eléctrico peruano enfrenta proyecciones de reducción en su margen de reserva eléctrica en los próximos años, lo que exige fortalecer la planificación y ejecución de nuevas inversiones. Los avances recientes en materia de adjudicación de proyectos reflejan un progreso, aunque persisten desafíos en la gestión y la modernización del marco regulatorio. 

Entre enero y julio de 2025, la producción nacional[1] de energía eléctrica alcanzó los 5,404 GWh, un 2.6% más que en el mismo periodo de 2024, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Del total generado, el 97% se destinó al mercado eléctrico y el 3%, al uso propio de empresas de otros sectores como industriales y mineras. Por tipo de fuente, las centrales hidroeléctricas, registradas en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), aportaron 2,331 GWh (+14% interanual; un 43% de participación respecto del total); las térmicas, 2,638 GWh (-5%; 49%); mientras que las renovables no convencionales, como la solar y la eólica, alcanzaron 161 GWh (+73%; 3%) y 274 GWh (-22%; 5%), respectivamente. 

En su Reporte de Inflación de septiembre, el Banco Central de Reserva del Perú estimó que el margen de reserva eléctrica —diferencia entre la oferta disponible y la demanda máxima— se ubicó en un 47.8% en 2024, pero podría reducirse a cerca del 25% hacia 2028 si no se ejecutan nuevos proyectos de inversión. En este contexto, fortalecer la planificación y el desarrollo de proyectos, como los de transmisión[2], es importante para ampliar la cobertura y mejorar la confiabilidad del suministro. 

El Plan de Transmisión es el principal instrumento de planificación del sistema eléctrico peruano. Elaborado por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) y aprobado por el Minem, identifica los proyectos de infraestructura necesarios para mantener la seguridad del suministro eléctrico a un horizonte de diez años. Este plan define las obras de transmisión prioritarias, su cronograma de ejecución y las acciones necesarias para una expansión ordenada del sistema. 

La edición 2023-2032 prioriza más de 20 proyectos vinculantes en distintas regiones, entre ellos los enlaces Chilca-Carabayllo (500 kV), Aguaytía-Pucallpa (220 kV) y la Subestación Bicentenario, enfocados en reforzar la red troncal del centro y sur del país. Por su parte, la edición 2025-2034 amplía el alcance con 19 proyectos adicionales, que incluyen nuevas líneas y subestaciones de 220 kV y 500 kV para fortalecer la interconexión norte-sur. 

En ese marco, ProInversión se encarga de promocionar y adjudicar las obras definidas en el plan. Según su informe de septiembre, la agencia adjudicó 25 proyectos eléctricos por una inversión conjunta de US$ 2,589 millones, lo que busca impactar a 18 millones de habitantes en 17 regiones del país. En octubre, la entidad adjudicó cuatro proyectos eléctricos del Grupo 3 del Plan de Transmisión 2023-2032 a la empresa Alupar Perú S. A. C., con una inversión total de US$ 214 millones. Estas obras están ubicadas en Arequipa, Lima, Apurímac y Puno. 

A la par, ProInversión prepara la convocatoria de 18 nuevos proyectos correspondientes al Plan de Transmisión 2025-2034, con una inversión estimada de US$ 930 millones y alcance en 13 regiones. Estas iniciativas forman parte de una cartera de más de US$ 20,000 millones en proyectos APP y activos. 

Otro reto son las limitaciones estructurales que enfrentan las empresas distribuidoras estatales, las cuales presentan restricciones de financiamiento y procesos de contratación públicos complejos que reducen su capacidad de ejecución. Ante ello, César Butrón, presidente del Directorio del COES, plantea la necesidad de evaluar mecanismos regulatorios que permitan una mayor participación del sector privado en las obras de transmisión estatal.

El proceso de elaboración del Libro Blanco del Subsector Eléctrico, a cargo de la Comisión Multisectorial de Reforma del Subsector Electricidad, constituye hoy un reto de gestión pública debido a su avance postergado y limitado. Este instrumento busca modernizar el marco regulatorio del sistema. Se espera que su publicación establezca una hoja de ruta integral que complemente los esfuerzos liderados por el Minem. Dados los desafíos del sector, su culminación debe asumirse con carácter de urgencia. 

La evolución del sistema eléctrico requiere avanzar simultáneamente en infraestructura, institucionalidad y regulación, de modo que ello asegure la ejecución de los proyectos de transmisión y modernice la gestión del sector, para permitir que la energía acompañe el desarrollo productivo y regional del país.

[1] Considera también a los sistemas aislados.

[2] Proyectos de ingeniería que se enfocan en construir y mejorar la infraestructura necesaria para transportar grandes cantidades de energía eléctrica desde las centrales de generación hasta las subestaciones y los centros de consumo.