El Niño costero que, según el COEN, hasta el momento ha ocasionado 97 víctimas mortales, así como 813,239 personas y 182,116 viviendas afectadas, debe también ser visto como una oportunidad para sacar lo mejor de los peruanos, impulsar un programa de reconstrucción que modernice y adecue la infraestructura existente, y evaluar el proceso de descentralización.

Somos testigos de un Gobierno que ha reaccionado con buenos reflejos y ha asignado ministros por regiones o zonas afectadas, quienes así, en la cancha, con las botas llenas de barro, vienen liderando el apoyo a los damnificados, reestableciendo la transitabilidad, brindando mensajes de apoyo y mostrando que el Estado está con los afectados. Sus socios en dichas zonas son las autoridades regionales y locales. Y se han encontrado de todo tipo. Algunas sí habrían realizado la labor de prevención que les compete y vienen impulsando el proceso de rehabilitación y empadronamiento de damnificados, lo que facilita la labor de apoyo a los afectados. Definitivamente, su liderazgo será fundamental para el proceso de reconstrucción. Un claro ejemplo es el gobernador regional de Piura (que bien podría ser reelegido, pero la ley no lo permite). Sin embargo, de estos hay pocos.

Esta tragedia ha evidenciado, además, la incapacidad de ciertas autoridades locales, incluso algunas no habidas cuando llega el Gobierno central, además de otras que claman porque sea este último quien ejecute las obras de reconstrucción, dada sus carencias de capacidades. Muchas de estas autoridades (junto con sus predecesores) son responsables no solo por no haber implementado acciones de prevención en su momento, sino por conceder títulos de propiedad sobre predios en zonas de riesgo, con fines políticos. Esta es la realidad y las consecuencias de un proceso de descentralización que no se hizo bien.

Independientemente de la necesidad de que se realice de la manera más rápida y eficiente posible, la reconstrucción se presenta como una oportunidad para repensar varios temas de interés nacional. Primero, el sector privado puede y debe tener un rol activo en este proceso, a través de instrumentos como Obras por Impuestos; incluso, se debería evaluar un diseño institucional como “Desafío Levantemos Chile”. Segundo, se necesita una normativa especial y extraordinaria que le brinde al Estado flexibilidad y agilidad para llevar adelante los proyectos de inversión destinados a la reconstrucción, sin obstáculos ni burocracia, pero sí con mecanismos de transparencia y control ex post. Tercero, es claro que las autoridades regionales y locales, en su gran mayoría, carecen de capacidades de diseño y ejecución, por lo que se hace necesario evaluar la recentralización de algunas funciones necesarias para la ejecución de obras en situaciones de emergencia. Cuarto, se debe prohibir, bajo responsabilidad penal, la edificación de viviendas en zonas de riesgo. Quinto, urge priorizar la habilitación de terrenos con servicios básicos para la reubicación de las poblaciones afectadas.

Este Gobierno tiene, en medio de la tragedia, una oportunidad para iniciar acciones de gran trascendencia: llevar a cabo un ordenamiento territorial; mejorar las condiciones de vida de los afectados; impulsar un proceso de inversión ágil, ordenado y transparente; y construir infraestructura acorde con nuestra geografía y riesgos de desastres. La población ya ha sufrido la inacción y los estragos de la corrupción de sus autoridades. Recuperar funciones descentralizadas para impulsar la reconstrucción es urgente, para ello, el rol del Congreso es fundamental.