El Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para 2026 asciende a S/ 257,562 millones, lo que representa un incremento del 2.3% con respecto a 2025. Este crecimiento es menor que el de años previos. Los sectores más beneficiados serían educación, sobre todo en remuneraciones a docentes, salud y transporte. 

El sector orden público y seguridad es otro de los más beneficiados, con S/ 15,821 millones. Esto se sustentaría principalmente en operativos y patrullaje (S/ 5,140 millones), mejoras de los servicios del Sistema de Justicia Penal y Unidades de Flagrancia (S/ 2,652 millones) e investigación policial y equipamiento (S/1,009 millones). 

Entre 2023 y 2026 se registró un enorme aumento de S/ 36,735 millones en remuneraciones para el sector público, dinero que se pudo haber destinado a inversiones en seguridad, en un contexto de repunte de la inseguridad de los últimos años. De hecho, aunque el sector recibirá un aumento en su presupuesto, se prevé que el 85% del mismo se destine a salarios y pensiones, dejando muy escaso margen para equipamiento o inversión. Esto, a pesar de la escasez crónica de recursos materiales en comisarías, reportada por Contraloría. 

También preocupa que el Gobierno apueste por una aún mayor descentralización en el presupuesto, con lo cual los Gobiernos subnacionales pasarían a administrar el 37% del total (+S/ 4,705 millones, S/ 95,546 millones en total). La intención apunta a acercar más recursos a las localidades, pero carece de eficiencia y pertinencia. Esto porque los Gobiernos regionales y locales ejecutan menos. En 2024, por ejemplo, los municipios apenas usaron dos tercios de su presupuesto asignado, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Esta baja ejecución implica un enorme costo de oportunidad. Por ejemplo, los recursos programados para la inversión pública que no se ejecutaron entre 2021 y 2024 ascendieron a S/ 65,272 millones. Estos hubieran sido suficientes para construir 326 hospitales de alta complejidad, de los 1,976 que necesitan ser renovados o construidos para atender debidamente a la ciudadanía a nivel nacional, según diagnósticos del Ministerio de Salud a agosto de 2024. También hubiera permitido cubrir el 81% del costo de llevar agua potable y saneamiento universal en 2026, según datos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

El Gobierno también pudo haber destinado el excedente hacía la población más vulnerable, a través de programas sociales. Por ejemplo, a julio de 2025 existen 171,733 adultos mayores en situación de pobreza extrema que se encuentran en lista de espera del programa Pensión 65, a fin de acceder a una pensión mensual de S/ 250, según datos oficiales recogidos por Salud Con Lupa. El programa no ha asignado nuevos fondos a su presupuesto desde hace un año, pero tan solo con el dinero no ejecutado en 2024 (S/ 12,904 millones) se podría atender a la lista de espera hasta por 25 años. También se pudo haber financiado Qali Warma por aproximadamente 5 años, lo que beneficiaría a más de 4 millones de estudiantes anualmente. 

Las causas de la subejecución son múltiples. Uno de los problemas más citados es la falta de capacidad técnica en los municipios para formular expedientes técnicos de calidad y llevar a cabo licitaciones oportunas. Otro factor es que, con frecuencia, las transferencias de fondos desde el Gobierno nacional llegan tarde, lo cual imposibilita su ejecución antes del fin del ejercicio fiscal. Por ejemplo, en 2024, los municipios recibieron un presupuesto inicial de apertura de S/ 14,434 millones, pero este se modificó a S/ 28,977 millones en el transcurso del año, un incremento del 101% que limitó la planificación y ejecución. 

¿Cómo tener un gasto con impacto?

No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor. Se necesitan incentivos y sanciones claras ligadas a la ejecución: premiar a las autoridades que inviertan bien sus recursos y castigar a quienes reiteradamente no lo hacen. Asimismo, se requiere otorgar mayor acompañamiento técnico a los Gobiernos subnacionales. Esto va en la misma línea de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que también agregó la necesidad de redefinir la descentralización fiscal. 

En paralelo, existe la necesidad de una reforma integral del servicio civil que profesionalice la burocracia regional y municipal, para asegurar que haya personal competente que gestione proyectos con continuidad más allá de los cambios políticos. El Banco Mundial subraya que el Perú requiere un servicio civil meritocrático que atraiga talento y una reforma del sistema de inversión pública para que las obras se concluyan y brinden servicios a los ciudadanos.