Hace unos días se llevaron a cabo las elecciones municipales y regionales, y la elección de Jorge Muñoz como nuevo alcalde de Lima Metropolitana constituye una buena noticia, habida cuenta de su vasta experiencia en gestión municipal. Uno de los principales objetivos de su plan de gobierno es eliminar las barreras burocráticas, así como buscar la optimización de los procesos de la municipalidad, lo que reduciría los costos de los usuarios y los tiempos de espera. En tal sentido, la meta que se ha fijado el alcalde Muñoz para 2022 es que Lima lidere la reducción de barreras burocráticas en sus procedimientos administrativos, con indicadores claros de ahorro de tiempo y dinero al año.

Es esa visión pragmática y orientada al ciudadano la que debería primar en todas las autoridades locales y regionales elegidas para este nuevo periodo. A diferencia de los temas recurrentes en campaña, como la inseguridad ciudadana, los Gobiernos locales y regionales sí tienen competencia directa en sus procedimientos administrativos, por lo que su revisión y consecuente depuración debería ser un eje central de sus gestiones, no solo en favor de los ciudadanos-administrados-usuarios, sino teniendo en mente el mejor clima de negocios que tal simplificación generaría, y así atraer mayores inversiones a sus circunscripciones, con el desarrollo económico, recaudación tributaria y generación de empleo que esto conllevaría.

No debemos olvidar que simplificar trámites, con la generación de condiciones favorables para el clima de negocios y el impulso a la competitividad local, es ya un indicador del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, creado mediante Ley 29332, e implica la transferencia de recursos a las municipalidades por el cumplimiento de metas en un periodo determinado.

Por lo tanto, celebramos que el nivel local de gobierno se sume a las acciones que viene desplegando el Ejecutivo en este sentido, sobre todo a raíz de la incansable labor desarrollada por el Indecopi, no solo en materia de eliminación de barreras de oficio o a solicitud de parte, sino al lograr que las entidades voluntariamente eliminen las barreras existentes en forma preventiva.

Pero esto es solo una cara de la moneda. El trámite de eliminación de barreras burocráticas ocurre ex post, cuando las barreras ya fueron creadas, por lo que tanto o más importante que concentrarse en su eliminación es garantizar que estas nunca existan.

Un primer paso importante en este sentido fue el Decreto Legislativo 1310, que creó el análisis de calidad regulatoria para garantizar que el Ejecutivo no pueda establecer procedimientos administrativos que resulten innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, redundantes o no se ajusten a la ley. Pero es con el reciente Decreto Legislativo 1448 que se establece un marco de mejora de la calidad regulatoria, que no solo incluye el referido análisis, sino también la simplificación administrativa, el análisis de impacto regulatorio ex ante y ex post, la consulta a través de sus diversas modalidades, el costeo de la regulación y los trámites, las revisiones y derogaciones del ordenamiento jurídico, así como otros instrumentos que se puedan establecer posteriormente.

Los dientes están ahí. El éxito, como siempre, radica en la capacidad para implementar lo ya dado. ¡Cuánta falta hace que el Congreso también asuma estos estándares!