A pesar del crecimiento económico sostenido en las últimas décadas -interrumpido temporalmente por la pandemia- el Perú enfrenta un estancamiento en su progreso social. ¿Qué revela el más reciente ranking global sobre el bienestar de nuestra población y qué podemos aprender de otros países de la región?

El Perú retrocedió al puesto 84 de 170 países en el Índice de Progreso Social Mundial 2025 (IPSM), elaborado por la organización internacional Social Progress Imperative, en colaboración con Centrum PUCP. Este resultado representa su peor posición desde que se publica el ranking, tras haber alcanzado su mejor ubicación en 2018, cuando se situó en el puesto 66 de los mismos 170 países. El resultado evidencia la necesidad de fortalecer los esfuerzos del Estado en áreas como salud, educación, seguridad ciudadana y acceso a derechos, que requieren atención prioritaria para consolidar un progreso verdadero.

El IPSM es una herramienta que evalúa el bienestar de las sociedades sin considerar variables económicas como el PBI. Se construye a partir de 57 indicadores que reflejan resultados concretos en dimensiones clave de la vida cotidiana, agrupados en tres grandes ejes: necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidad.

En la última edición, el retroceso del Perú se explicó principalmente por su desempeño en la dimensión de necesidades básicas, en la que se ubicó en el puesto 101. Sobre todo, destacan las debilidades en indicadores como seguridad personal, acceso a servicios de salud y calidad del agua, que reflejan limitaciones persistentes en la provisión de servicios esenciales. Estos resultados evidencian que, si bien la estabilidad macroeconómica ha sido clave en las últimas décadas, es necesario complementar ese crecimiento con políticas públicas eficaces que garanticen mejoras sostenibles en la calidad de vida de la población.

La experiencia internacional muestra que convertir el crecimiento económico en bienestar requiere más recursos: exige instituciones sólidas, planificación estratégica y políticas sociales eficaces. Países como Chile, que lidera la región y ocupa el puesto 36 a nivel global, apostó por invertir de manera sostenida en educación, salud e inclusión, articulando esfuerzos del Gobierno central con capacidades locales. Otro ejemplo destacado es Uruguay (puesto 38), que logró avances importantes en seguridad social y derechos civiles gracias a una institucionalidad robusta y una política pública orientada al cierre de brechas. También destaca el caso de Costa Rica (puesto 39), que mantiene niveles altos de progreso social al priorizar el acceso universal a servicios de salud, educación y protección ambiental, incluso con recursos fiscales más limitados.

¿Por qué el país retrocede tanto?

El progreso social también se construye —o se frena— desde las acciones locales en las municipalidades, porque son estas instancias las responsables de ejecutar una parte importante de la inversión pública y de acercar los servicios básicos a la ciudadanía. Al respecto, los datos del Registro Nacional de Municipalidades 2024 (RENAMU), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INEI), evidencian serias deficiencias en la planificación estratégica, que es fundamental para orientar el gasto público de manera eficiente. Por ejemplo, en Amazonas, el 92% de municipalidades no cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado (PDC), seguido por Áncash (83%) y Apurímac (80%).

Además, herramientas como el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) —que permite gestionar logística y adquisiciones— aún está ausente en la mayoría de los municipios: el 91.6% de municipalidades en Áncash y el 93.6% en Arequipa no lo utilizan.

A esto se suma un bajo cumplimiento en transparencia activa: solo el 23.5% de municipalidades en Áncash y el 24.7% en Arequipa reportan tener un portal de transparencia implementado. Sin una base institucional mínima, resulta difícil formular proyectos adecuados y garantizar que las inversiones respondan realmente a las necesidades de la población. Esta desigualdad institucional contribuye a que muchas regiones queden rezagadas en términos de acceso a servicios básicos, y así perpetúa las brechas sociales que el progreso económico nacional no logra cerrar.

Para que el Perú retome la senda del progreso social, es clave fortalecer las competencias técnicas de los Gobiernos subnacionales, promover el uso de herramientas de gestión pública y garantizar la elaboración de planes de desarrollo basados en evidencia. Además, se deben incorporar indicadores sociales en la evaluación del desempeño de la inversión pública, orientando los proyectos hacia resultados concretos en calidad de vida. Un verdadero desarrollo no se mide solo en cifras macroeconómicas, sino en derechos garantizados y oportunidades efectivas para todas las personas.