Recientemente, el Ministerio de la Producción (Produce) promulgó la Resolución Ministerial 055-2019-PRODUCE, mediante la cual se dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo 012-2001-PE, a fin de establecer un nuevo mecanismo para el cálculo de los derechos de pesca por la explotación de recursos con destino al consumo humano indirecto.

Así, mediante dicha propuesta se estaría incrementando considerablemente el derecho de pesca del recurso anchoveta, lo que genera una profunda preocupación por cuanto afectaría significativamente, y sin sustento técnico, una actividad económica de gran importancia para el país: la pesca.

Para ponernos en contexto, es importante mencionar que, en el periodo 2014-2017, la situación financiera de la industria pesquera peruana se vio duramente golpeada por diversos motivos. Uno de ellos fue la fuerte caída de los desembarques de anchoveta, lo cual implicó una importante disminución de retornos, y un mayor apalancamiento. Así, a pesar de la estabilidad de la biomasa del recurso, que en el período 2005-2018 se mantuvo en un promedio de 8.6 millones de toneladas métricas (TM), el promedio anual de desembarques pasó de 7.2 millones de TM en el periodo 2000-2008 a 4.1 millones de TM en el periodo 2009-2017, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Pesquería. Esta caída del 40% de los desembarques se atribuye a factores climatológicos y limitaciones de la política regulatoria.

Según un informe de Apoyo Consultoría[1], en el periodo 2008-2017, las empresas pesqueras habrían sufrido una clara reducción de sus márgenes operativos en quince puntos porcentuales, en línea con la mencionada caída de los desembarques. Asimismo, los indicadores de rentabilidad, como el margen neto, la rentabilidad sobre activos (ROA) y la rentabilidad sobre patrimonio (ROE) se deterioraron significativamente.

Ahora bien, frente a esta disminución de retornos, las cargas que debe pagar la industria pesquera no han disminuido, sino que, por el contrario, han aumentado de manera significativa. En este contexto, cabe mencionar que los derechos de pesca representan un 27% de todos los pagos similares que la industria debe realizar, en tanto que el otro 73% corresponde a aportes extraordinarios que en otros países forman parte del derecho de pesca (ver Semanario 941).

Considerando los distintos aportes, la industria paga actualmente US$ 15 por TM, mientras que en 2008 pagaba US$ 4 por TM. Es decir, en el período 2008-2018, los pagos y aportes se incrementaron en más del 300%. Este pago no solo es mayor al pagado en Chile, sino también al que se paga en la mayoría de los países del mundo. Por ejemplo, en referencia al precio de pescado desembarcado, en el Perú se paga cerca del 7%, mientras que en los países de la OCDE se paga la tercera parte (2% al 3%).

Adicionalmente, según un informe de EY[2], la industria de harina y aceite de pescado destina el 50% de su utilidad operativa a estos aportes y al pago de tributos, lo que resulta superior a lo pagado por otras industrias extractivas.

Finalmente, si comparamos el derecho de pesca por anchoveta contra otras pesquerías, se puede visualizar claramente que estas últimas pagan menos del 1% del precio de desembarque, frente al 7% de la anchoveta.

A pesar del escenario descrito y sin tomar en consideración la evidencia presentada en los informes citados a pie de página (de Apoyo Consultoría e EY), lo que debería haberse hecho siguiendo un riguroso análisis de impacto regulatorio, el proyecto de Produce propone incrementar el derecho de pesca de la anchoveta en un 300%. Ello llevaría el pago del derecho de pesca y otros aportes de US$ 15 a US$ 26 por TM, lo cual resulta a todas luces injustificado y potencialmente confiscatorio.

No se entiende, por tanto, que en un contexto en el que el Gobierno aprueba una Política Nacional de Competitividad y Productividad, dando inicio al procedimiento de construcción del correspondiente Plan, conjuntamente con el sector privado, la academia y la sociedad civil en general, se publique una propuesta que va abiertamente en contra de la competitividad de una actividad económica tan importante para el país, como la pesca.

No hay que olvidar que un derecho de pesca mal fijado afecta a todas las empresas por igual, sin importar su tamaño, así como también a sus trabajadores.

[1]https://www.snp.org.pe/wp-content/uploads/2018/11/An%C3%A1lisis-del-desempe%C3%B1o-financiero-y-de-los-costos-regulatorios-de-la-industria-pesquera-peruana.pdf

[2]https://www.snp.org.pe/wp-content/uploads/2018/02/2017-11-23-Ernst-Young-Cargas-Tributarias-y-Aportes.pdf