En los últimos días hemos visto con horror cómo ha escalado la violencia en las protestas sociales, que lamentablemente traen a nuestras mentes terribles episodios de décadas pasadas. Esto es consecuencia de un Estado que ha cedido espacios, que no defiende el principio de autoridad, que muestra debilidad y que permite que la impunidad gane terreno.

Las imágenes de la toma del Ministerio de Trabajo por parte de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderometalúrgicos, que entraron a la fuerza y rompieron puertas y ventanas, con lo que pusieron en riesgo a funcionarios públicos, o las imágenes de los actos de violencia y ataque a la Policía Nacional que se registraron en el intento de desalojo en terrenos del Proyecto Chavimochic, en el centro poblado de Nuevo Chao (Virú, La Libertad), requieren acciones inmediatas y contundentes por parte del Poder Ejecutivo. No se puede seguir renunciando a defender el principio de autoridad, que solo debilita más a un Gobierno que viene cediendo espacios a las mafias delictivas, al ataque a las fuerzas del orden y al terrible atentado contra el principio de legalidad en el país.

Los ciudadanos tienen el derecho a protestar, pero de ninguna manera se pueden permitir que esto se traduzca en actos delictivos o que, a nombre de la protesta social, se bloqueen las carreteras o se atente contra la propiedad pública y privada. Estos delitos están contemplados en el Artículo 315 del Código Penal. ¿Dónde están las autoridades para hacer cumplir la ley?

Desde hace algunos meses, ComexPerú viene alertando sobre hechos que reflejan cómo se ha retrocedido en la defensa del principio de autoridad en el país, y el grave riesgo que implica que esto siga escalando, se genere caos y, con la justificación de “conflictos o protestas sociales”, se use la violencia.

Hechos como el lamentable manejo del conflicto de Las Bambas, la huelga de transportistas, el daño ocasionado al Oleoducto Norperuano, la clausura del aeropuerto internacional Jorge Chávez y el Terminal Norte del Puerto del Callao, que vulneraron la legalidad, sumado al aumento de la delincuencia e inseguridad, muestran debilidad, empoderan a los grupos violentos y otorgan inmunidad a aquellos que buscan el caos y petardear el Estado de derecho.

El Gobierno no puede renunciar al mandato constitucional que le confiere la obligación de preservar la seguridad. La promoción de la iniciativa privada, el emprendimiento y el fomento de la inversión requieren condiciones de paz, seguridad y estabilidad. Al permitir la escalada de violencia se sigue afectando la recuperación del dinamismo del crecimiento económico, fundamental para la reducción de pobreza y la generación de oportunidades.

Urge recuperar el principio de autoridad. No más impunidad para los actos violentos en el país. El costo de seguir cediendo espacios es demasiado alto.