El auge del nearshoring en la región está reconfigurando las cadenas de valor globales. Sin embargo, las limitaciones estructurales del Perú en materia de infraestructura, logística y entorno regulatorio lo mantienen al margen de esta tendencia, y les restan competitividad frente a economías vecinas.

El nearshoring ha ganado impulso como estrategia para acercar las cadenas de suministro a EE. UU., impulsado por disrupciones pos-COVID, tensiones geopolíticas y políticas industriales como el CHIPS Act [1]o la IRA[2]. En 2023, México captó un récord de US$ 36,872 millones en inversión extranjera directa (IED), con un notable crecimiento en sectores vinculados al nearshoring, como la manufactura automotriz y electrónica. La República Dominicana también experimentó un aumento del 7% en la IED, tras alcanzar los US$ 4,300 millones, mientras que Costa Rica registró US$ 3,900 millones, un incremento del 23.9% con respecto al año anterior. Estas cifras reflejan cómo ciertos países han logrado posicionarse estratégicamente para atraer inversiones en el contexto de la reconfiguración de las cadenas globales de valor.

Mientras países, como México y Costa Rica, capitalizan el nearshoring, mientras que el Perú permanece rezagado. En 2024, la IED en el país estuvo concentrada principalmente en sectores tradicionales como minería, finanzas y comunicaciones. La manufactura exportadora, en cambio, muestra un estancamiento preocupante. Las deficiencias estructurales son evidentes. El Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística al 2032 identifica una brecha logística de S/ 92,000 millones, la cual abarca infraestructura, servicios y procesos. Además, los costos logísticos representan el 16% del valor de los productos, con el transporte y distribución que constituyen el 26.4% de este costo.

Si bien el Callao concentra gran parte del comercio exterior del país, esto responde más a la falta de alternativas logísticas eficientes en otras regiones que a una sobredimensionada centralización. Muchos exportadores del sur, por ejemplo, deben enviar su carga a este puerto ante la ausencia de infraestructura y servicios logísticos adecuados en terminales como Matarani. Asimismo, la red vial subnacional deficiente y la escasez de centros de acopio con cadena de frío afectan especialmente a las cadenas agroexportadoras. Estas limitaciones estructurales —asociadas a conectividad, planificación logística e inversión pública— impiden que nuestro país se posicione como un destino atractivo para la relocalización de inversiones en el contexto actual.

El Perú cuenta con una red de 22 acuerdos comerciales vigentes que le brindan acceso preferencial a mercados clave como EE. UU., la Unión Europea, China y Japón. Además, posee una ubicación estratégica en el Pacífico sur, con una costa extensa y potencial portuario. No obstante, gran parte del comercio exterior continúa concentrado en el nodo Lima-Callao, lo que genera cuellos de botella y limita el desarrollo logístico en otras regiones. En los últimos años, se han anunciado inversiones importantes en infraestructura portuaria, como el proyecto del Parque Logístico Callao (más de US$ 49 millones) y el puerto de Chancay (US$ 1,300 millones), que se perfila como un nodo clave para la conectividad con Asia. Sin embargo, la ejecución y culminación de estos proyectos aún enfrentan desafíos que podrían retrasar su impacto en la competitividad logística del país.

En cuanto a sectores con potencial, el agroexportador destaca por su crecimiento en productos como espárragos, uvas y arándanos. Sin embargo, la falta de infraestructura adecuada —por ejemplo, cadenas de frío y centros de acopio cercanos a las zonas de producción— limita su capacidad para integrarse plenamente en las cadenas de valor regionales. La ausencia de plataformas logísticas descentralizadas y rutas de conexión eficientes incrementa innecesariamente los costos para productores que operan lejos del centro del país. En resumen, aunque el Perú posee ventajas geográficas y acuerdos comerciales que podrían facilitar su inserción en la dinámica del nearshoring, su capacidad de aprovecharla está condicionada por las brechas en infraestructura, servicios logísticos y planeamiento, así como la falta de una estrategia clara para potenciar sectores con ventajas comparativas sostenibles.

A fin de insertarnos en la dinámica del nearshoring, es fundamental abordar nuestras limitaciones estructurales de manera decidida y estratégica. En primer lugar, es imperativo impulsar la inversión en infraestructura logística prioritaria, alineada al Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística de Transporte al 2032. Este busca reducir la brecha de infraestructura de transportes y servicios logísticos, así como disminuir el costo logístico de los productos del 16% al 13.8%, lo que se traduciría en un ahorro significativo para los productores y en precios más competitivos para los consumidores.

Asimismo, es necesario revisar los incentivos al empleo formal, incluyendo los costos de entrada y salida al mercado laboral. La rigidez del mercado laboral peruano, con altos costos de contratación y despido, desincentiva la formalización y limita la competitividad. Experiencias en otros países de la región han demostrado que la reducción de los costos no salariales y de los impuestos sobre los sueldos puede estimular la creación de empleo formal. Identificar sectores con potencial real de integración productiva regional es otro paso clave. El agroexportador, por ejemplo, ha mostrado avances significativos, pero aún enfrenta desafíos en infraestructura y logística que limitan su capacidad de crecimiento y diversificación.

Es esencial evitar las promesas vacías: sin resolver las trabas estructurales, el Perú no será parte activa del nearshoring. El país necesita una estrategia público-privada coherente, centrada en sectores industriales específicos, que atienda con realismo los cuellos de botella que hoy nos mantienen al margen de esta oportunidad.

[1] CHIPS Act: Ley estadounidense promulgada en 2022 que promueve la producción local de semiconductores mediante subsidios e incentivos fiscales, con el fin de reducir la dependencia de Asia en esta industria estratégica.

[2] Inflation Reduction Act (IRA): Ley aprobada en EE. UU. en 2022 que, entre otros objetivos, impulsa la inversión en energías limpias y manufactura avanzada a través de incentivos fiscales, con foco en la relocalización productiva y la transición energética.