El 3 de noviembre último, la Defensoría del Pueblo publicó el informe “Pobreza multidimensional en el Perú”. El documento busca poner en agenda el debate sobre cómo complementar el enfoque monetario que utiliza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para medir la pobreza en nuestro país. La actual medición se realiza con base en el gasto de los hogares para adquirir ciertos bienes. Así, una persona será considerada “pobre” si su capacidad mensual para adquirir una “canasta de bienes y servicios” es inferior a S/ 378 y “pobre extremo” si gasta menos de S/ 201. Según estimaciones del INEI, en 2021, el 25.9% de la población peruana se encontraba en situación de pobreza monetaria (8.5 millones de personas) y el 4.1%, en pobreza extrema (1.3 millones). 

Sin embargo, el enfoque de pobreza monetaria no es la única aproximación para medir la pobreza, pues las personas enfrentan distintas privaciones que impiden desarrollar sus capacidades y que van más allá de lo monetario. Por ello, resulta necesario contar con una medición que capture esta falta de acceso a servicios básicos que garanticen la dignidad de las personas. Este problema se busca resolver a través del enfoque multidimensional. En nuestro país, a la fecha, no tenemos una medida oficial bajo este enfoque. Sin embargo, desde ComexPerú, se ha realizado un ejercicio para estimar la pobreza multidimensional, que comprende tres pilares: educación, salud y condiciones de vivienda. De los resultados, estimados a partir de la información de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en 2021, el 38.9% de la población peruana resultó pobre multidimensionalmente, lo que significa una reducción de 2.7 puntos porcentuales respecto de 2020.

A nivel departamental, la incidencia de la pobreza multidimensional es mayor a la monetaria en todos los departamentos, con excepción del Callao. Por un lado, Moquegua se consolida como el departamento con menos personas consideradas pobres multidimensionales y también resalta bajo el enfoque monetario (solo por encima de Ica). Por otro lado, según el enfoque monetario, los departamentos considerados como más pobres ya no serían Puno (42.6%), Pasco (42.1%) y Huancavelica (41.2%), sino Loreto (60.8%), Huánuco (54.1%) y San Martín (53.6%). 

Asimismo, Madre de Dios destaca como el departamento con mayor diferencia (36 puntos porcentuales) entre ambos enfoques, con una pobreza multidimensional del 43.7% de la población y un 7.7% de pobreza monetaria. Este es un claro ejemplo de que, aunque la pobreza monetaria se haya reducido, esto no se ha reflejado en el cierre de brechas para sus habitantes.

En los últimos años, la respuesta de los distintos niveles de Gobierno no ha ido acorde con las principales necesidades de la población. Para tener una idea, los Gobiernos locales, durante los últimos cinco años, ejecutaron el 56.9% del presupuesto destinado para la inversión pública, en promedio; mientras que los Gobiernos regionales avanzaron un 59.1%. Y si analizamos cómo va la ejecución en los departamentos que en la actualidad han sido calificados como los más pobres dimensionalmente, vemos que Loreto, Huánuco y San Martín ejecutaron el 72.2%, 62.4% y 75.3%, respectivamente, en promedio durante el último quinquenio. De cierta manera, esto evidenciaría que la prioridad de la ejecución de la inversión pública no habría girado en torno al cierre de brechas.

Frente a este escenario, no cabe duda de que la reducción de la pobreza en el Perú debe ser el principal foco de atención de las políticas públicas. En su informe, la Defensoría del Pueblo propone abordar la problemática desde un enfoque integral que considere las múltiples carencias que impiden a una persona la satisfacción de sus necesidades básicas. No obstante, para lograrlo, se requiere de la voluntad política desde las máximas esferas del Ejecutivo y el Legislativo, así como el apoyo de la academia y el sector privado, entre otros stakeholders.

Desde el 2010, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) viene implementando un índice global de pobreza multidimensional para complementar al índice de pobreza monetario. Este enfoque ya ha sido adoptado por varios países de la región como México, Colombia, Chile, Ecuador, entre otros. Sin embargo, para el caso peruano, en 2020, el INEI mencionó que estaban avanzando en el diseño del índice de pobreza multidimensional nacional, pese a este anuncio han transcurrido dos años y aún no contamos con dicho índice.

Es importante entender que la pobreza no es una simple estadística, sino una situación que obstaculiza que una persona tenga un adecuado desarrollo, ya que se le dificultará conseguir alimentos, acceder a un empleo, tener una vivienda digna, mantener un estado de salud adecuado, etc. Se avecinan tiempos aún más difíciles y por ello se necesita contar con un cálculo de la pobreza multidimensional oficial que permita crear políticas con un enfoque efectivamente centrado en el ciudadano.