Ante las protestas sociales en Chile, y en otros países de la región, muchos han acusado a la izquierda radical como la principal instigadora. Hacerlo, atribuyéndole única autoría, es demostrar miopía o, peor aún, ceguera ante la realidad. Sin duda, existen movimientos que buscan generar violencia, imponer una ideología probadamente fallida e impulsar cambios constitucionales que fortalezcan el rol del Estado, y que solo generarán violencia, atraso y pobreza. En nuestro país, ya hemos sufrido las terribles consecuencias de esas políticas. Basta regresar a 1989, diez años después de la Constitución de 1979. Con una política de industrialización basada en la sustitución de importaciones, el comercio administrado y un rol empresarial del Estado, el Perú registró una tasa de crecimiento promedio del 0.7%, niveles de pobreza del 70% y una inflación del 33,983%.

Nuestro país viene avanzado mucho en las últimas décadas con un modelo de economía social de mercado basado en la apertura comercial, la libre competencia y el fomento de la inversión privada. Son 20 años de crecimiento ininterrumpido, fundamental para la reducción de la pobreza (del 55.1% al 20.5%) y de la pobreza extrema (del 24.2% al 2.8%), entre 1991 y 2018. Hoy tenemos un país más moderno, con mayor desarrollo descentralizado y un auge exportador que ha generado enormes oportunidades para las Pyme. Basta ver cómo la agroexportación se ha convertido en un catalizador de formalidad, empleo, empoderamiento de la mujer y reducción de pobreza en las zonas rurales del Perú.

Urge, sin embargo, que reconozcamos que existe un enorme desafío por delante: generar igualdad de oportunidades para nuestra población. Atender, por ejemplo, al 28.9% de niños que no acuden a la escuela o tienen atraso escolar, al 42.9% de los jefes de familia que tienen como máximo educación secundaria incompleta, al 24.5% de la población que no tiene acceso a ningún seguro de salud, al 32.9% de las viviendas que no cuentan con conexión directa de agua, al 41.4% sin acceso a conexión a desagüe, o al 12.3% que no tiene conexión eléctrica. Todos ellos deben ser una prioridad.

¿Cómo? Brindando mayor bienestar y oportunidades para la población, lo que no se logrará cambiando la Constitución, sino mediante el impulso de su cumplimiento. Hemos logrado una estabilidad macroeconómica que es la base del crecimiento económico; sin embargo, el Estado no ha cumplido su mandato constitucional de orientar el desarrollo del país y actuar principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Su incapacidad de gestión, burocracia e ineficiencia han sido el mayor impedimento para garantizar el acceso de todos los peruanos a servicios públicos de calidad. Exijámosle que cumpla su rol.

El sector empresarial, por su parte, debe tomar conciencia del reto que tenemos como país y ser parte de la solución, apostando por la inversión privada, generando empleo de calidad, defendiendo principios, dejando de lado intereses particulares, promoviendo valores y, sobre todo, empatía. ¡Actuemos ante este llamado de atención, tenemos una tarea pendiente!