Cuando hablamos sobre el desarrollo sostenible del país, nos vienen a la mente medidas como cerrar la brecha de infraestructura, que bordea los US$ 160,000 millones; invertir más en educación, ya que un 3.9% del PBI es aún insuficiente, entre otras. Sin embargo, muchas veces olvidamos que la gestión en nuestro país está descentralizada y que las municipalidades tanto provinciales como distritales, además de los Gobiernos regionales, juegan un rol fundamental en este proceso. Por ello, para que el próximo Gobierno cumpla su objetivo de reducir la pobreza monetaria al 10%, por ejemplo, es imprescindible identificar y comprender cuáles son las principales necesidades de las municipalidades en cuanto a capacitación y asistencia técnica, claramente un tema pendiente para el siguiente Gobierno en la tarea de encaminar la descentralización.

Tan solo basta mirar algunas cifras de ejecución y periodicidad del gasto público para evidenciar la actual “brecha de gestión” que aqueja a nuestro país. Por ejemplo, los Gobiernos locales tan solo ejecutaron un 39.3% del presupuesto institucional modificado (PIM) hacia junio de 2016, y en ningún departamento los municipios, en promedio, han llegado al 50%. Por otra parte, entre las carteras en las que menos se ha gastado se encuentran comunicaciones (30.2%), saneamiento (31.8%), salud (32.2%) y educación (32.5%), sectores fundamentales para fortalecer la competitividad del país y erradicar la pobreza multidimensional.

Asistencia técnica y capacitación

Nuestra realidad dista de un escenario óptimo, puesto que, de acuerdo con el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu), todas las municipalidades del país afirman que requieren algún tipo de asistencia técnica. La más urgente corresponde a población y desarrollo[1], dado que un 69.7% de estas la solicitan y es la pieza angular para asegurar la integración coherente de políticas orientadas a lograr el tan anhelado desarrollo y bienestar. Además, algunos de los departamentos en rojo en este aspecto son Madre de Dios (90.9%), Moquegua (80%), Puno (74.3%), Loreto (68.6%) y Cajamarca (66.9%), estos tres últimos ubicados dentro de los más pobres del país.

Asimismo, otra de las prioridades debería ser la asistencia técnica en la formulación y evaluación de proyectos públicos[2], dado que un 57.9% de las municipalidades a nivel nacional refieren no saber ejecutar esta etapa adecuadamente. Entonces, ¿cómo esperamos que se avance en saneamiento, infraestructura o educación si no existe un sector público a nivel local técnico y fortalecido? Durante años se ha evidenciado que la evaluación ex post de los proyectos ejecutados es deficiente, y esto resulta clave si se desea avanzar en eficiencia del gasto y priorización de necesidades para elaborar políticas públicas. Adicionalmente, se debería acompañarlos con asesoramiento en cuanto al plan de incentivos a la mejora de la gestión y la modernización municipal o el presupuesto por resultados, ya que un 59.3% de las municipalidades lo demandan y es un factor clave para generar condiciones de inversión óptimas y que las economías locales crezcan mediante un aumento de su competitividad. Ambos tipos de asistencia son primordiales en Cajamarca, Tumbes y Madre de Dios, donde más del 69% las necesitan.

La principal preocupación de las municipalidades en este rubro es la capacitación en administración tributaria, cuyo requerimiento asciende al 81.4%. Si bien los tributos que recaudan son reducidos, como el impuesto predial o patrimonio automotriz, la gestión de estos no es eficiente. Por ejemplo, del PIM de los Gobiernos locales financiado con recursos directamente recaudados (S/ 3,246 millones) se han dedicado tan solo S/ 16.9 millones al sector agropecuario a nivel nacional, de los cuales se ha empleado un 31.3% hacia junio, lo que no es muy auspicioso si se aúna al ya relegado sector que cuenta con un 3% del PIM nacional. También se destinaron tan solo S/ 2.3 millones y S/ 1.6 millones a comunicaciones y trabajo, respectivamente.

Otro de los temas más apremiantes es el gobierno electrónico y municipal[3], fundamental para medir el impacto de una política en la comunidad y, de ser el caso, reorientar la estrategia. Un 72.9% de municipalidades señala que la requiere mayoritariamente en ¡todos los departamentos del país! ¿Cómo esperamos entonces que se detecten los “elefantes blancos” o programas que no están funcionando?

Vivimos en una país donde hay 6.8 millones de peruanos sumidos en la pobreza tan solo en el ámbito monetario, y esto se incrementa si consideramos que un 14.2% de peruanos no posee agua potable, un 31.5% no cuenta con servicios higiénicos o tan solo un 43.1% ha concluido la educación secundaria. No basta con implementar medidas que alivien la pobreza, como los programas sociales. El próximo Gobierno debe crear un programa de fortalecimiento técnico de alcance nacional. Es cierto que la ley Servir significa un avance en este sentido; sin embargo, no resulta suficiente porque en la transición estamos perdiendo años de avance por la “brecha de gestión” existente. Las municipalidades ya se han pronunciado y se requieren acciones concretas en cuanto a asistencia técnica y capacitación. ¡Pero ya!