De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en el tercer trimestre de 2022, la informalidad laboral afectó a 12,886,629 trabajadores a nivel nacional (73.1% del total). Sin embargo, la población joven en edad de trabajar, aquella entre 14 y 29 años, es la más afectada con una incidencia del 79.3%, en contraste con el resto de los grupos etarios que acumulan una tasa de informalidad del 70.9%. Esto es preocupante, sobre todo si consideramos que la informalidad en los primeros años de vida laboral también implica un menor desarrollo de competencias para el futuro. 

Debido a que la informalidad laboral continúa superando los niveles prepandemia, con excepción en el caso de los jóvenes, que alcanzaron los mismos niveles de 2019, el Gobierno ha establecido como objetivo reducir la tasa de informalidad laboral al 70% para 2030. Para lograrlo, se propone potenciar el alcance de programas ya existentes orientados a capacitar y orientar a las micro y pequeñas empresas, donde se concentra la mayoría del empleo informal. Sin embargo, la reducción propuesta de 3.1 puntos porcentuales (pp.) durante los próximos siete años sería bastante modesta, por decir lo menos. 

Entre 2010 y 2019, la tasa de informalidad laboral disminuyó del 77.1% al 72.7% (-4.4 pp.), de manera que la meta propuesta para el 2030 implica replicar el progreso alcanzado durante la década pasada, en la cual nos situamos como uno de los países con mayor informalidad laboral en la región (ver Semanario 1139). La década pasada también permitió que la informalidad laboral se agudice en departamentos como Huancavelica (94.8% de informalidad en 2021), Apurímac (90.6%), Puno (90.4%), Huánuco (89.9%) y Cajamarca (89.4%), según cifras de la Enaho. 

Lamentablemente, estos resultados trajeron consigo algunos de los más bajos niveles salariales. A nivel departamental, varios de ellos se situaron por debajo del mínimo legal, como Huánuco (S/ 967 en 2021), Huancavelica (S/ 788) y Puno (S/ 806). Inclusive, estos descendieron drásticamente en el sector agricultura y pesca de Puno (S/ 434), y la manufactura en Huancavelica (S/ 285), lo cual explica parcialmente el descontento social que ahora se refleja en las protestas. 

Para reducir la informalidad laboral, es indispensable potenciar las estrategias de capacitación y orientación de los trabajadores, lo cual ha sido reconocido por el Plan de Acción Sectorial por Más Trabajo 2022-2023 (PASMTF) aprobado en noviembre de 2022. Esta iniciativa propone incrementar los niveles de empleabilidad y productividad, dinamizar el ciclo laboral formal, fortalecer el cumplimiento de la regulación, difundir los beneficios de la formalización y más información del mercado de trabajo. Es importante resaltar que el primer objetivo genera un efecto directo en la fuerza laboral a través de capacitaciones y asistencia técnica para la inserción formal. 

Generalmente, la mejora de empleabilidad y productividad laboral es abordada mediante objetivos relacionados al incremento del porcentaje de la población que culmina la educación secundaria y la tasa de transición hacia la educación superior y técnico-productiva, para lo cual sí se tienen metas específicas hacia el 2030 en la Política Nacional de Empleo Decente. Sin embargo, estas iniciativas suelen dejar de lado a la población que ya desertó en el objetivo de realizar estudios en la educación básica y superior o continúan enfrentando bajos niveles de productividad pese a haber culminado estos niveles educativos, por lo que son quienes requieren capacitaciones para mejorar sus condiciones laborales. En el PASMTF, estas intervenciones dependen exclusivamente del Programa Nacional para la Empleabilidad (PNPE). 

¿CÓMO VAMOS EN LA CAPACITACIÓN LABORAL?

El PNPE está diseñado para capacitar, promover el autoempleo y certificar competencias laborales de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad sociolaboral. Desde finales de 2020, este programa engloba las iniciativas de mejorar las competencias laborales tras absorber el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” y el programa Jóvenes Productivos. Sin embargo, aun concentrando esfuerzos, la cantidad de capacitaciones anuales todavía está lejos de atender a los 8,203,048 empleos vulnerables (46.5% del total de empleos) registrados en el tercer trimestre de 2022, según cifras de la Enaho. 

De acuerdo con cifras del PNPE, los jóvenes constituyen la mayoría de la población capacitada. Sin embargo, previo a la pandemia solo se capacitaban anualmente 6,815 jóvenes a nivel nacional, cifra que descendió a 1,655 en 2021. Es importante resaltar que más de la mitad de las capacitaciones se concentraron en los departamentos de Lima (532), Arequipa (213) y Lambayeque (198) en 2021. 

Sin embargo, a pesar de los mayores esfuerzos del MTPE, la cantidad de capacitaciones anuales se situaría en 1,690 para 2022 y 2023, según estimaciones de la misma institución. Esta cantidad es insuficiente y representa menos de la mitad de lo que se alcanzaba durante el periodo prepandemia. 

Entre los principales motivos que limitan la expansión del servicio de capacitaciones resalta la adaptación a la virtualidad en el marco de la pandemia y la reformulación de estrategias. Sin embargo, aún más preocupante es el estado de avance del proyecto de inversión pública Mejoramiento y ampliación de los Servicios del Centro de Empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en las regiones de Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Piura y Lima Metropolitana. Este es desarrollado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y estaba programado para culminar en junio de 2021, pero al 17 de enero de 2023 acumula un avance en inversión física de solo el 75.3%, según el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Dicho proyecto comenzó a ejecutarse en 2018 y suma una inversión de S/ 149.3 millones. Se espera que atienda a un total de 58,707 beneficiarios a nivel nacional. No obstante, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica ya adelantó que se espera ayudar a más de 10,000 jóvenes a conseguir empleos formales y capacitarlos tan solo en Ica una vez culminado el proyecto. 

Es indudable que el escenario político de los últimos años ha limitado el desarrollo de estrategias importantes para la formalización laboral en el Perú. Para corregir esta situación y alcanzar mejoras significativas en las condiciones laborales, es indispensable priorizar y reforzar los proyectos y programas ya encaminados desde gestiones anteriores.