La informalidad es una de las grandes trabas para el progreso de nuestro país. Informalidad de aquellos que están al margen de la ley porque no pagan impuestos, no pagan derechos laborales e incumplen las normas. Informalidad que se traduce en ilegalidad de vendedores ambulantes, mineros ilegales, profesionales independientes, transportistas, entre otros. Informales porque su bajo nivel de productividad les impide afrontar los costos de la formalidad o porque, en su mayoría, simplemente eligen no hacerlo y saben que aquí no pasa nada.

Esto es un verdadero problema en el Perú, un ancla cada vez más pesada que nos impide avanzar, crecer, generar mayor bienestar e imposibilita que el Estado pueda proveer mejores servicios públicos. ¿Por qué?

En el Perú, el sector informal está conformado por 7.1 millones de unidades productivas, que producen un 18.6% del PBI. Casi 3 de cada 4 trabajadores de la PEA ocupada se desempeña en el sector informal. Es decir, el 72.5% del total de trabajadores es informal, según el INEI. El 56.1% de los trabajadores tiene un empleo informal dentro del sector informal y un 16.5%, un empleo informal en el sector formal. Trabajadores sin derechos laborales, sin seguro ni pensión.

Este grupo de informales se benefician de los servicios públicos, aquellos que provee el Estado a partir de la recaudación tributaria, pero no pagan por ellos. Por ejemplo, muchos de estos trabajadores informales se benefician del SIS cuando deberían estar aportando a EsSalud. En la práctica, se está cargando a una parte de la población, a aquella minoría de trabajadores y empresas que sí tributan, los costos de los servicios públicos. El resultado: servicios de mala calidad, porque el dinero no alcanza, ya que la mayoría se la lleva gratis.

Los departamentos con mayor incidencia de empleo informal son Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho y Puno, con niveles del 91.3%, 90.1%, 88.9% y 88.1%, respectivamente. Departamentos con altos niveles de pobreza, con pésimos servicios públicos y que, aun así, en algunos casos, le dieron la espalda a la inversión privada, generadora de empleo formal y de recursos para atender las necesidades de la población.

Así, la recaudación en el Perú como porcentaje del PBI ha venido cayendo, al pasar del 14.1% en 2014 al 12.5% (estimado) en 2018. Es claro que la pérdida del dinamismo económico ha generado una caída de la recaudación y estamos en una espiral de trabas a proyectos de inversión, tramitología, mayor informalidad, menores ingresos tributarios y rigidez laboral.

Lo más fácil para el Estado es seguir exprimiendo a los formales, en lugar de ampliar la base tributaria, lo cual es insostenible y rentable solo en el corto plazo, porque se termina ahorcando al formal, restándole productividad y esto genera un círculo vicioso. ¡Basta ya de castigar al formal y tener mano blanda con el que no lo es!

Es insostenible un país donde menos del 30% de los trabajadores pagan impuestos. Es urgente enfrentar la informalidad y la evasión tributaria. Esto pasa, por supuesto, por generar los incentivos para ser formal, reducir la tramitología, lograr la flexibilización laboral, acercar herramientas y capacitación a aquellos con muy baja productividad con un Estado más eficiente y cercano al ciudadano y, sobre todo, castigar la informalidad. No será lo más popular, pero es lo más responsable, y nuestras autoridades han sido elegidas para hacer las reformas pendientes no para ser populares.