En el mes de octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) experimentó su segunda reducción mensual en lo que va del año (-0.32%), según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Si bien, con ello, la variación anual de la inflación se situó en un 4.34%, su valor más bajo desde agosto de 2021, la “batalla” contra el aumento de precios aún no termina. 

Esto se debe a que el componente de mayor peso en el IPC, alimentos y bebidas, todavía continúa con un valor elevado pese a los resultados de octubre. Aunque es comprensible que este usualmente se mantenga por encima del resto de productos y servicios del IPC, dada su sensibilidad a factores externos, en 2023 se ha visto una ampliación notoria en esta “distancia”. Los conflictos sociales de inicio del año y las consecuencias de los fenómenos climatológicos han sido las principales causales de estos resultados, especialmente en el caso de los productos agrícolas, pues como se observa, los índices solo para productos como frutas y el conjunto de hortalizas, legumbres y tubérculos se han incrementado notoriamente. 

El elevado costo de estos alimentos supone un grave problema, ya que implica un mayor gasto para el consumo de las personas. De acuerdo con el INEI, el gasto en alimentos consumidos en el hogar es el que mayor peso tiene a nivel del gasto per cápita en el Perú (un 29.4%), y los productos agrícolas son, en definitiva, los que más se compran para dicho propósito. Esto es especialmente acertado sobre todo para la población de menores ingresos, ya que esta dedica un mayor porcentaje de sus ingresos solamente a su alimentación. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía, ya se estarían viendo las consecuencias del incremento en los precios, pues el porcentaje de la población que ha reducido su consumo de alimentos ha pasado del 5.2% al 6.3% de 2022 a 2023 (primer semestre); es decir, ya este año 2.1 millones de personas consumen menos alimentos. 

La situación es incluso más grave cuando añadimos a la ecuación al fenómeno de El Niño (FEN) que se avecina, el cual definitivamente detonará una nueva alza de los precios. De acuerdo con el último FEN de 2017, solamente en el mes de marzo de dicho año, el IPC de alimentos y bebidas se incrementó un 2.1%; el índice de frutas, un 5%; y el índice de hortalizas, legumbres y tubérculos, un 7.9%. Si se considera el periodo entre noviembre de 2016 y marzo de 2017, los incrementos acumulados para dichos indicadores fueron del 3.7%, 9.7% y 15.7%, respectivamente. Puesto que el próximo FEN se calcula que será más fuerte y duradero, podríamos considerar dichos números como un estimado mínimo de cuánto aumentarían estos precios en el futuro. 

SE REQUIEREN SOLUCIONES DE LARGO PLAZO

Lastimosamente, ya en este punto no existe mucho margen para acciones preventivas frente al FEN, por lo que, una vez más, es probable que el Gobierno se centre en medidas reactivas para lidiar con los daños. Es una oportunidad perdida, ya que este tipo de desastres naturales son repetitivos en nuestro país y ningún Gobierno debería optar por simplemente “aguantar” las consecuencias, como si estuviésemos condenados a ello. Lo que más se necesita son medidas de largo plazo que apunten a reducir la magnitud de los problemas que estos eventos traen consigo antes de que se produzcan. 

En el caso expuesto de los alimentos agrícolas, las soluciones frente a futuros aumentos de precios deben centrarse en generar condiciones que reduzcan los riesgos de escasez, pues ahí radica el origen de este tipo de inflación. Para ello, existen varias alternativas, empezando por incrementar la producción agrícola. La ejecución de proyectos de riego, en especial los megaproyectos que involucran miles de hectáreas nuevas de cultivo y el fomento de riego tecnificado, es esencial no solo para aumentar la frontera agrícola, sino también la productividad del sector. Del mismo modo, se necesita trabajar el limitado acceso a los recursos hídricos en varios departamentos, lo que llama a enfocarse en una hoja de ruta para el capital hidráulico, quizá uno de los tipos de infraestructura que menos pasa por el radar de las políticas públicas.

Por otra parte, es incomprensible el poco interés en fomentar la adopción de nuevas tecnologías e innovaciones para que nuestros productos agrícolas sean más resistentes a los efectos del clima y otros factores. En el Semanario 1179, mostramos diversos ejemplos de este tipo de innovaciones que no se han masificado, lo que nos deja como uno de los países con peor rendimiento agrícola de la región. Finalmente, es clave mejorar la conectividad entre los puntos de producción y venta final, pero no solo a través de las grandes carreteras del país, sino a nivel de todo el aparato logístico de transporte, desde los caminos rurales hasta los puertos y aeropuertos.  

El año 2024 debe ser la última ocasión en la que pasamos un FEN sin hacer nada para mejorar estos puntos. El logro de un desarrollo sostenible del agro requiere soluciones grandes, que seguramente serán complejas de implementar, pero son mucho más efectivas a futuro que pequeños parches que se aplican “porque no queda otra”.