El sistema penitenciario peruano enfrenta un hacinamiento extremo en las cárceles. Según el último Informe Estadístico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el país cuenta con 69 establecimientos penitenciarios que albergan a 99,697 internos, lo que supera ampliamente su capacidad diseñada para 41,764 personas. Esto representa una sobrepoblación del 139%. 

Esta situación no es reciente. En mayo de 2020, el Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia y otorgó un plazo de cinco años para que el Estado peruano solucione el problema del hacinamiento carcelario. Dicho plazo vence en mayo de este año y, de no cumplirse, se procedería al cierre temporal de los establecimientos penitenciarios más afectados y al traslado de los internos a otros centros con menor tasa de sobrepoblación. 

Entre las cárceles con mayor porcentaje de hacinamiento se encuentran los establecimientos penitenciarios (E.P.) de Quillabamba, con una sobrepoblación del 505%; Camaná (486%), Huancavelica (470%), Callao (467%) y Abancay (462%). Estos serían los primeros en ser clausurados si no se toman medidas inmediatas. 

El hacinamiento no solo vulnera los derechos humanos de los internos, también agrava la inseguridad ciudadana. En un contexto donde el crimen organizado y la extorsión están en aumento, el cierre de cárceles debilitaría la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley y mantener el orden. 

En el segundo semestre de 2024, el 26.5% de la población de 15 años a más fue víctima de algún hecho delictivo, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este resultado fue 1.2 puntos porcentuales (pp.) menos que en similar periodo de 2023. Sin embargo, solo el 15.7% de las víctimas realizaron la denuncia correspondiente, resultado que fue 0.1 pp. menos que en similar periodo del año anterior. Incluso, la percepción de inseguridad por parte de la población se encuentra en aumento: el 85.5% de las personas de 15 a más años declaró sentir inseguridad para los siguientes doce meses, según información de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres). 

El Gobierno ha intentado mitigar esta situación con la ampliación de la infraestructura penitenciaria existente. Entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, se entregaron 640 nuevas unidades de albergue en los penales de Puno, Lampa e Iquitos, y se están ejecutando obras de ampliación en Iquitos y Abancay que sumarán más de 993 unidades de albergue adicionales. Sin embargo, estas medidas son insuficientes frente a la magnitud del problema. Se requeriría ampliar en más de 57,000 las unidades de albergue existentes únicamente para que la población penitenciaria actual esté ubicada adecuadamente. 

El Perú ocupa el puesto 19 en el ranking mundial de países con mayor sobrepoblación penitenciaria, según un análisis elaborado por World Prison Brief, en colaboración con el Institute for Crime & Justice Policy Research y la Universidad de Birkbeck. Si consideramos solo a los países sudamericanos, el Perú se encuentra en la segunda peor posición, solo después de Bolivia, y junto a países como Paraguay, Guyana Francesa y Venezuela. 

La situación es crítica y requiere una respuesta urgente y coordinada de todas las instituciones involucradas. El incumplimiento de la sentencia del TC no solo implicaría responsabilidades legales para las autoridades competentes, sino que pondría en riesgo la seguridad y el bienestar de la población en su conjunto. 

La mejora y construcción de nuevas cárceles para albergar a la creciente población penitenciaria puede ser una medida necesaria, aunque insuficiente. La solución de largo plazo para reducir el hacinamiento carcelario debe enfocarse en la rehabilitación y adecuada reinserción social de los reos actuales, para evitar que reincidan en la comisión de delitos. Asimismo, la solución debe ver más allá del sistema penitenciario y enfocarse en la prevención del delito, mediante políticas enfocadas en mejorar la calidad educativa, la inserción laboral (con énfasis en población juvenil) y la prevención del delito a temprana edad. 

Es imperativo que se adopten medidas estructurales y sostenibles para abordar el hacinamiento en las cárceles peruanas. Además, es necesario invertir en mejorar la readaptación y reinserción social de la población penitenciaria. Solo así se reducirá el riesgo de incrementar la inseguridad ciudadana.