El crecimiento de la economía peruana en 2019 fue del 2.16%, el nivel más bajo de la última década. Esta desaceleración se explica por la contracción del 0.05% y el 25.87% de la minería y la pesca, respectivamente; la contracción de la inversión pública; el débil crecimiento del sector construcción en apenas 1.51%, y la inestabilidad política e institucional que generó alta rotación en las autoridades, lo que ralentizó aún más la inversión privada y el gasto público. Además, la economía estuvo afectada por la guerra comercial entre EE.UU. y China, así como por el debilitamiento de la expansión de la economía global, lo que generó la caída de la exportaciones en un 4.2%, según lo anunciado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Sin embargo, nuestro desempeño destacó en la región de América Latina, que según el Fondo Monetario Internacional creció apenas un 0.1%, y nos situamos por encima de Chile y Brasil, que crecieron a tasas del 1.2% y el 0.89%, respectivamente, y México, que cayó un 0.1%.

Con este resultado, el Perú acumula 21 años de crecimiento ininterrumpido, lo que ha sido fundamental para avanzar en la senda del desarrollo y, sobre todo, para lograr una importante reducción de la pobreza. Dicho resultado se basa en la estabilidad macroeconómica, la integración a la economía global y la promoción de la inversión privada. Sin embargo, a pesar del resultado económico de los últimos años, tenemos por delante un gran reto, el de mejorar la calidad de vida de la población, y para ello es fundamental la provisión de servicios públicos de calidad como salud, educación, acceso a la justicia y seguridad ciudadana.

Es totalmente inaceptable avanzar hacia un país más desarrollado si no nos centramos en el 28.9% de niños que no acuden a la escuela o tienen atraso escolar, el 42.9% de los jefes de familia que tienen como máximo educación secundaria, el 24.5% de la población que no tiene acceso a ningún seguro de salud (y que así se les extienda el SIS, sin una mejora en la calidad del servicio, todo seguirá igual), el 31.9% de la población que no tiene acceso a agua potable, el 25.3% sin acceso a conexión a desagüe o el 4.3% que no tiene conexión eléctrica. Y todas estas son responsabilidades del Estado por mandato constitucional, garantizar el acceso a servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos.

Es claro que un nivel de crecimiento económico como el de 2019 no alcanza, y explica además por qué no hemos avanzado en los temas realmente importantes para mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. La falta de gestión a todo nivel, político y técnico, ha generado que la economía pierda dinamismo, se afecte el ambiente de negocios, se trabe la inversión privada y la generación de empleo, así como de recursos (impuestos, canon, regalías), y que perdamos el foco de los temas que deben ser prioridad en la agenda nacional.