El Ranking de Competitividad Mundial, elaborado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD, por sus siglas en inglés), evalúa las condiciones que determinan la capacidad de los países para sostener un desarrollo económico sólido y sostenible en materia política, económica y social. En su edición 2025, el Perú se posicionó en el puesto 60 de 69 economías evaluadas. Si bien subió tres posiciones respecto del año anterior, continúa ubicado en las últimas posiciones. ¿Qué está frenando nuestra competitividad? 

El índice del IMD se estructura en torno a cuatro pilares: desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia empresarial e infraestructura. El Perú mostró resultados variados. Solo mejoró en el de desempeño económico, principalmente por el empleo y la estabilidad de precios. No obstante, dentro de ese mismo pilar, resalta la caída de diez puestos en inversión internacional. En 2024, la inversión extranjera directa sumó US$ 6,886 millones, lo que representó una recuperación del 2.5% con respecto a 2023. Sin embargo, este flujo se concentró en la reinversión de utilidades por parte de empresas ya establecidas, mientras que los aportes y otras operaciones de capital, que incluyen nuevas transferencias, disminuyeron su participación, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú. 

En el ámbito de la eficiencia gubernamental, el retroceso fue generalizado en todos sus componentes, lo que refleja una débil contribución de la política pública a la mejora de la competitividad en nuestro país. La legislación empresarial fue el factor más afectado, con una caída de cuatro puestos. Aún más preocupante es la ubicación del componente de marco social referido a problemas de crecimiento sostenible y seguridad, en el puesto 62, la posición más baja dentro de este pilar. Ante este deterioro, el IMD enfatiza la importancia de que los sectores público y privado trabajen de manera conjunta para sostener la competitividad, especialmente en un entorno internacional cada vez más fragmentado.  

En cuanto a eficiencia empresarial, los indicadores muestran señales de deterioro. Lo más alarmante es la ubicación del Perú en el componente de productividad y eficiencia: puesto 67 de 69, solo por encima de Venezuela y Mongolia. En materia de infraestructura, se observan avances puntuales y contrastes. La mejora en infraestructura básica fue leve, donde el Perú subió dos posiciones hasta el puesto 54. Sin embargo, hay un rezago en infraestructura científica y tecnológica, donde el país continúa ubicándose en el puesto 65, lo que refleja una limitada capacidad de desarrollo tecnológico en un contexto global competitivo. 

Estos resultados no solo colocan al Perú en una situación crítica frente al resto de países evaluados, sino que también reflejan una tendencia preocupante en el contexto regional. El bajo desempeño de América Latina en el ranking es evidente: todos los países de la región se ubican en la mitad inferior de la tabla global, lo que refleja un rezago estructural generalizado. Dentro de ese escenario poco alentador, el Perú se encuentra entre los últimos de la lista, solo superando a Argentina y Venezuela.  

Frente a este panorama, el Banco Mundial ha advertido que América Latina enfrenta un “siglo perdido” en términos de crecimiento. Con sus proyecciones, que ubican el crecimiento regional en torno al 2.3% en 2025 y apenas un 2.4% en 2026, se mantiene un ritmo de expansión similar al registrado entre 2000 y 2010, lo que la posiciona como la región de menor crecimiento a nivel mundial. Ante ello, el organismo plantea repensar el modelo de crecimiento y apostar por sectores del futuro, como las energías renovables. 

Si bien estas recomendaciones son pertinentes para algunos países de la región, en el caso peruano resultan insuficientes si no se abordan antes las causas estructurales del estancamiento. Más que un cambio de modelo, lo que se necesitaría ahora es una transformación profunda de las estructuras institucionales, ideológicas y de diseño del Estado, que actualmente limitan la capacidad para generar bienestar en la población. 

Una mayor asignación presupuestal no se traduce necesariamente en mejores resultados cuando gran parte del gasto público es gestionado por Gobiernos locales con limitada capacidad operativa. En el Perú, el desafío trasciende las metas de crecimiento: se requiere un Gobierno con capacidades institucionales sólidas, capaz de transformar ese crecimiento en el cierre de brechas sociales.