La lucha contra la corrupción y el manejo de conflictos sociales son, sin duda, dos de los más importantes temas que preocupan a la ciudadanía, y que se arrastran sin solución desde años atrás. Se requieren acciones claras y firmes, por parte del Gobierno, para enfrentarlos frontalmente, como condición necesaria para la reactivación de la economía peruana y del respeto al Estado de Derecho. Es el momento de marcar la cancha con mensajes y acciones claros y firmes sobre cómo el Gobierno peruano les hará frente. Un error o una muestra de debilidad solo harán que perdamos cinco años más y que prevalezcan el caos, la ilegalidad y el desorden.

En cuanto a la corrupción, confiamos y saludamos las acciones del Ejecutivo, y en particular del primer ministro y del presidente de la República, quienes han salido de manera firme a condenar cualquier acto de corrupción en este Gobierno. Se han anunciado medidas concretas para la lucha contra este flagelo que afecta el bienestar de todos los peruanos, como son: i) la reorganización del Despacho Presidencial; ii) la evaluación de los entornos ministeriales; iii) la muerte civil para los corruptos (enfatizando que los sentenciados por corrupción no podrán volver a trabajar en el Estado, sea en el Gobierno central, las municipalidades o las regiones); iv) la convocatoria al Consejo de Estado (conformado por los tres poderes del Estado); y v) la creación de la Comisión Presidencial de Integridad —liderada por el anterior Defensor del Pueblo, Eduardo Vega—, que propondrá medidas legislativas y de gestión para enfrentar la corrupción.

Según un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional y la Contraloría General de la República, en 2015, la corrupción le costó al Estado peruano alrededor de S/ 12,600 millones, nada menos que un 2.1% del PBI. Además, es una traba al crecimiento y a la mejora del bienestar de la población.

Respecto de los conflictos sociales, el manejo del Gobierno frente al proyecto Las Bambas es fundamental para dar señales claras sobre cómo se manejarán en este quinquenio los eventos de este tipo. Bloqueo de carreteras, violencia contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como la paralización de la actividad económica como consecuencia de estos deplorables actos, requieren firmeza por parte de nuestros gobernantes en la defensa del cumplimiento de la ley. Así mismo, se requieren buenas estrategias de comunicación e integración para garantizar que sean los mismos pobladores quienes apoyen estos proyectos, que definitivamente repercutirán positivamente en sus entornos.

Confiamos y respaldamos la posición firme del Gobierno peruano ante estos flagelos que menoscaban el crecimiento y la lucha contra la pobreza.