Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

Augusto Monterroso

En el último reporte Doing Business del Banco Mundial, el Perú ocupó el puesto 58 de 190 países, con lo que retrocedió 4 posiciones respecto del reporte del año pasado, y no destacó, a diferencia de años anteriores, por ningún tipo de reforma orientada a mejorar en los indicadores evaluados, lo que explica su estancamiento en el ranking. Asimismo, según el Foro Económico Mundial, ocupamos el puesto 123 de 137 países con respecto a la calidad de instituciones públicas, y el 131 en lo referido a carga regulatoria.

¿Por qué nuestro país se encuentra en una posición tan relegada en estas mediciones? Pues por la falta de una estrategia clara que enfrente la maraña burocrática que impide el desarrollo fluido de las actividades económicas y trae como consecuencia dificultades para la creación de puestos de trabajo y la generación de bienestar para la población. Como bien lo ha establecido el Banco Mundial, el lema del último Doing Business es “Reformar para crear empleo”, y es que las políticas públicas resultan esenciales para que el sector empresarial prospere y genere oportunidades de trabajo.

Sin embargo, las soluciones están ahí, al alcance de la mano. Creemos que solo falta una entidad que aglutine todas las herramientas que están desperdigadas en la administración pública y que tenga la suficiente fuerza política y regulatoria para definir un norte y ejecutar las acciones para llegar a él en un determinado horizonte de tiempo.

Para comenzar, habría que empoderar a una instancia que se encargue de definir la estrategia a seguir, elabore indicadores y ejecute y evalúe su grado de cumplimiento. Podría ser la Secretaría de Gestión Pública de la PCM o el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, o ambas como parte de una instancia bicéfala, en función de los indicadores ya definidos en el Doing Business, pero con metas claras a corto, mediano y largo plazo.

Para enfrentar la sobrerregulación, ya contamos con dos herramientas muy potentes: por un lado, el marco legal de las barreras burocráticas, a cargo del Indecopi; y por el otro, el análisis de calidad regulatoria (ACR). Independientemente de darle a los agentes económicos la potestad de cuestionar las barreras burocráticas que consideren ilegales o carentes de razonabilidad, vemos una oportunidad del Indecopi para que, de oficio, limpie el stock de regulaciones ya declaradas ilegales con anterioridad, pero ahora con efectos generales, o use como insumo lo recogido de la población a través de la iniciativa Dime Tu Traba, del Ministerio de la Producción. Asimismo, creemos que el ACR debe ser implementado de forma correcta, para asegurar la calidad normativa, y que no sea de aplicación solo para el Ejecutivo, sino a nivel general, para el Congreso y las autoridades locales y regionales.

Y en cuanto a la parte sectorial, las instancias público-privadas, como las Mesas Productivas (la mayoría de ellas ahora en manos del MEF), así como los trabajos de armonización de determinados sectores económicos, como el de suplementos alimenticios, en el marco de la Alianza del Pacífico, han demostrado ser exitosas, por lo que deben ser mantenidas y fortalecidas.

Parafraseando el cuento de Monterroso, esperamos que cuando el aparato gubernamental despierte y enfrente el problema de forma integral, las barreras burocráticas ya no estén allí.