Las exportaciones no tradicionales han tenido un gran dinamismo en los últimos años, al pasar de US$ 5,285 millones a US$ 18,240 millones, entre los años 2006 y 2022. Estas son un motor de generación de empleo formal de manera descentralizada y de emprendimiento. Según Adex, generan 2.3 millones de empleos directos e indirectos. 

Entre los departamentos con mayores envíos de exportaciones no tradicionales en 2022 destacan Lima, Piura, Ica y La Libertad. Además, departamentos como Moquegua, Amazonas, Ucayali y San Martin tuvieron altas tasas de crecimiento, todas mayores al 30%. Dichas regiones se han beneficiado del círculo virtuoso de la exportación no tradicional, de alto valor agregado, lo que ha generado oportunidades para su población y mejorado así sus ingresos. 

A pesar de ello, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que deroga el régimen laboral de los trabajadores de la exportación no tradicional, el cual ha sido fundamental para el éxito del sector. Esto constituye un atentado contra las exportaciones que perjudicaría gravemente el empleo y dinamismo del sector. Las más afectadas serían las pymes, que tendrían que enfrentar mayores costos laborales, mientras que, a nivel de sectores, los más golpeados serían el agroindustrial, el pesquero y el manufacturero, sobre todo el textil y confecciones de los departamentos destacados líneas arriba. 

Este régimen permite contratar trabajadores de manera temporal para las actividades de exportación no tradicional, que están sujetas a una estacionalidad de pedidos por la demanda internacional o la cosecha. Con su derogatoria, los contratos laborales serían indeterminados, con el consiguiente aumento en los costos laborales para las empresas, sobre todo pymes, que estarían en riesgo de no seguir operando y, con ello, miles de empleos se perderían. 

Lo peor de todo es que nuestros legisladores no aprenden de sus errores. En diciembre de 2020, se derogó el Régimen de Promoción Agraria (Ley N.o 27360), lo que significó la salida de la mayoría de los trabajadores del Régimen Laboral Agrario y redujo el número de contratos en el sector en un 77.3%. Así, estos trabajadores debían haber pasado al régimen general, lo que implica costos laborales adicionales del 45.97%. 

Para las empresas, este cambio de reglas ha sido un claro desincentivo a la contratación de más trabajadores y a nuevas inversiones en el sector. Las pymes no tienen la capacidad de enfrentar estos sobrecostos y se pierde empleo formal. Las empresas más grandes migran hacia la mecanización de las actividades para reducir la mano obra, que ahora es más costosa. Así, el sector agroexportador pierde dinamismo, ciertos cultivos están siendo abandonados por su alto componente laboral y se han paralizado nuevas inversiones. Todos pierden, el país pierde. Una vez más, las leyes populistas sin sustento terminan por afectar al ciudadano. 

No se puede cometer dos veces el mismo error. Si se sigue por ese camino, la Comisión debería renombrarse Comisión de la Informalidad y el Desempleo. Esperemos que los congresistas recapaciten por el bien del país y no se atente contra el empleo formal del sector exportador no tradicional.